Excomisionado y funcionario asociado recibieron compensaciones indebidas durante más de tres años
San Juan (EFE) – La Oficina del Inspector General (OIG) publicó este martes un informe que detalla el pago irregular de más de $110,000 en horas extras y tiempo compensatorio federal en el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), que afecta al excomisionado Antonio López Figueroa.
Según la investigación, los pagos ascendentes a $54,246 y $60,078 beneficiaron a López Figueroa y a un excomisionado asociado, respectivamente, durante el período entre enero de 2022 y abril de 2025, aunque estos no procedían.
La OIG emitió una orden contra el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el NPPR para requerir el recobro de las cuantías desembolsadas.
El informe estableció que ambos funcionarios ocupaban puestos de confianza clasificados como exentos bajo la Ley Núm. 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal), la Ley Núm. 20-2017 (Ley del Departamento de Seguridad Pública) y la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés).
«Las funciones justificadas para dichos pagos, tales como coordinación, supervisión y representación, son inherentes a sus cargos ejecutivos y no constituyen tareas operacionales», indicó el informe sobre las razones por las cuales el desembolso a los servidores públicos fue contrario a las normativas aplicables.
El pago de horas extras y la acumulación de tiempo compensatorio otorgados constituyen una erogación contraria a derecho, en contravención a las mencionadas leyes ya que ambos funcionarios no cualificaban para recibir dichas compensaciones.
También, como parte de la investigación, la OIG identificó que ambos funcionarios solicitaron el disfrute de sus licencias acumuladas, incluyendo licencias por enfermedad y sus excesos, previo a la efectividad de sus renuncias.
El informe detalló que la División de Licencias del NPPR certificó los períodos para agotar dichas licencias, sin que al momento conste evidencia de condiciones de salud u otras circunstancias que justifiquen su utilización.
La OIG emitió una orden para garantizar que el DSP y el NPPR recupere de forma efectiva las cuantías cuestionadas y además requirió la suspensión inmediata de cualquier pago de licencias por enfermedad concedidas a estos funcionarios como parte de su renuncia programada, sin evidencia de condiciones de salud ni certificación médica.
Asimismo, recomendó la revisión y anulación de cualquier autorización vigente que permita la concesión de horas extras o tiempo compensatorio a funcionarios de confianza en violación de la normativa aplicable.
La agencia fiscalizadora requirió, además, la emisión de una directriz para prohibir el pago de horas extras y tiempo compensatorio a funcionarios exentos, salvo en aquellos casos expresamente autorizados por ley, y que establezca criterios claros para la identificación de personal exento.
