San Juan, Puerto Rico – Los resultados de un estudio exhaustivo llevado a cabo por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) han arrojado luz sobre las restricciones que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) enfrenta en el desempeño de sus funciones.
Estas limitaciones han afectado la capacidad de la OPPEA para ejercer plenamente sus facultades legales y resolver disputas administrativas en favor de la población anciana que atiende.
El análisis de la OPPEA revela un alto volumen de reclamaciones presentadas por ciudadanos en busca de intervención para abordar diversas problemáticas que afectan a los ancianos.
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, la OPPEA recibió un total de 26,423 solicitudes y logró resolver 11,261 de ellas. Estas solicitudes abarcaron una variedad de preocupaciones, incluyendo casos de maltrato (58%), explotación financiera (26%), negligencia (8%), delitos (1%), y restricción de derechos (1%).
A pesar de los esfuerzos realizados por la OPPEA, se observa que gran parte de las reclamaciones son derivadas hacia otras entidades gubernamentales, como la Administración de Familias y Niños (ADFAN), el Departamento de Familia y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). La demora en la resolución de casos, que en algunos casos supera los 200 días, a menudo se debe a trámites engorrosos en estas agencias externas.
El análisis de la OIG y la revisión de las reclamaciones arrojan preocupantes hallazgos sobre la vulnerabilidad de los ancianos, el agotamiento de los cuidadores y posibles casos de maltrato institucional en centros de atención.
Aunque la OIG no puede revelar detalles confidenciales de las reclamaciones, sugiere que la OPPEA debe llevar a cabo un estudio actualizado para identificar las necesidades cambiantes de la población anciana y recomienda posibles cambios legislativos o asignaciones de recursos.
Un aspecto crítico subrayado en el estudio es la falta de oficiales examinadores en la OPPEA para llevar a cabo procesos adjudicativos. Esto restringe la capacidad de la OPPEA para imponer multas o sanciones en situaciones que violen las leyes o regulaciones bajo su jurisdicción. A pesar de los esfuerzos de la Procuradora de la OPPEA por solicitar la autorización para llenar estas vacantes, cuestiones presupuestarias han impedido su avance.
La OIG ha instado a la OPPEA a persistir en sus esfuerzos para obtener los recursos necesarios, incluida la designación de oficiales examinadores, con el objetivo de cumplir sus funciones adjudicativas y beneficiar así a la población anciana.
Para reportar actos que puedan comprometer el uso adecuado de fondos públicos o posibles actos de corrupción, la OIG proporciona una línea confidencial y medios de contacto en su sitio web.
Para más información, comuníquese con la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) a través de la línea confidencial 787-679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov o visite www.oig.pr.gov/informa.
