Informe revela graves deficiencias en la expedición de certificados, controles digitales y cumplimiento reglamentario
SAN JUAN, Puerto Rico – La Oficina del Inspector General (OIG) reveló que el Registro Demográfico del Departamento de Salud cobró más de $2.9 millones en exceso a ciudadanos que solicitaron certificados de eventos vitales, como nacimientos, matrimonios y defunciones. Así lo detalla un informe publicado este 6 de octubre, resultado de un examen que también identificó múltiples fallas operacionales y tecnológicas dentro de la agencia.
Según el documento, el cobro irregular comenzó en noviembre de 2015, cuando se preparó una enmienda de emergencia al Reglamento 5961 que nunca fue formalmente presentada ante el Departamento de Estado, como exige la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). A pesar de esto, los nuevos cargos se aplicaron durante casi una década sin contar con la debida autorización legal.
“El Registro Demográfico cobró más de $2,904,445 en exceso, en 487,559 certificaciones emitidas entre julio de 2022 y febrero de 2025”, indica el informe. Estas tarifas no fueron aprobadas conforme a los mecanismos reglamentarios, lo que representa una violación directa a leyes administrativas y de control fiscal.
Procesos ineficientes y riesgos de seguridad
El examen abarcó el periodo del 1 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2025 y analizó tanto el sistema digital que maneja las solicitudes como los controles internos relacionados. Entre los hallazgos más preocupantes figura la existencia de 4,589 solicitudes con estatus «en proceso» desde 2022, sin que se hubiese completado su tramitación ni cancelación. La OIG concluyó que el RD carece de procedimientos claros para manejar este tipo de solicitudes y los tiempos de respuesta.
Asimismo, se identificaron deficiencias críticas en los controles de acceso al sistema informático, con fallas en la administración de usuarios que comprometen la confidencialidad de la información. El informe menciona también la falta de análisis de riesgos tecnológicos, inventarios de sistemas desactualizados y la ausencia de adiestramientos en ciberseguridad para el personal.
Atrasos, errores y normas obsoletas
La falta de planificación tecnológica también fue objeto de señalamientos. La OIG advirtió que el RD no cuenta con un plan estratégico de tecnología ni un protocolo efectivo de continuidad de operaciones, elementos claves para la gestión pública digital.
Además, el informe menciona que varios contratos y enmiendas del RD no fueron radicados a tiempo ante la Oficina del Contralor, como exige la ley. Igualmente, se resaltó que los Reglamentos 318 (vigente desde 1957) y 5961 (de 1999) no han sido revisados en décadas, incumpliendo el requisito de revisión quinquenal para evaluar su alineación con la política pública actual.
Recomendaciones urgentes
La OIG recomendó al Registro Demográfico presentar una versión actualizada y legalmente válida del Reglamento 5961, establecer métricas claras de tiempo y calidad en la expedición de certificados, y adoptar controles tecnológicos robustos, incluyendo autenticación multifactor y auditorías periódicas de accesos.
El informe también exhorta al Departamento de Salud a implantar medidas correctivas con carácter inmediato para garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia de los procesos en el Registro Demográfico.
La ciudadanía puede reportar irregularidades relacionadas con el uso de fondos públicos mediante la línea confidencial 787-679-7997, el correo electrónico informa@oig.pr.gov o a través del portal www.oig.pr.gov/informa.
