La investigación encontró accesos no autorizados, falta de supervisión y deficiencias en el manejo y resguardo de documentos
SAN JUAN (EFE)
La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico informó este miércoles que halló irregularidades en el sistema de controles internos del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Caguas, como fallas en el método de multas, lo que pudiera llevar a esquemas fraudulentos en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).
Según dijo la OIG en un comunicado, se encontró, que de una muestra de las transacciones seleccionadas, en ese CESCO se emitieron cerca de un centenar de certificaciones negativas en las que no se localizaron documentos, registros ni evidencia relacionados con las transacciones realizadas.
La investigación descubrió que, funcionarios no autorizados para efectuar modificaciones en el sistema, tales como administradores, oficiales de oficina, oficinistas, educadores a conductores y auxiliares administrativos del CESCO, daban acceso con permisos extensivos en el sistema de información de conductores y vehículos.
Estos permisos les permitían realizar transacciones críticas, incluyendo la modificación o eliminación de multas, la gestión de planes de pago, entre otras acciones, encontró la investigación.
Asimismo, la OIG validó que el sistema DAVID+ -base oficial de datos del DTOP- permite que estos operadores modifiquen el estatus de las multas sin aprobación de sus supervisores o de la dirección del CESCO, lo que provoca mayores errores e irregularidades.
La investigación abarcó del 1 de marzo de 2024 al 31 de diciembre de 2025 en el DTOP y se inició tras recibir información en la OIG sobre posibles irregularidades en la modificación del estatus de multas administrativas por empleados del CESCO de Caguas.
«La falta de normas y controles adecuados en el uso del sistema DAVID+ representa un riesgo para la integridad de la información y dificulta la fiscalización efectiva de los procesos administrativos relacionados con la gestión de multas», lee el informe autorizado por la inspectora general, Ivelisse Torres Rivera.
Adicionalmente, la OIG observó que el diseño de la base de datos carece de reportes o alertas automáticas para detectar irregularidades en tiempo real.
Tampoco incluye una función para almacenar evidencia digital, lo que dificulta la verificación de transacciones y aumenta el riesgo de pérdida o manipulación de documentos al ser conservados físicamente en sobres y cajas sin clasificación uniforme.
En inspección ocular, la OIG también identificó que no existen mecanismos de seguridad para acceder a los archivos y que sobres y cajas con documentos han sido almacenados en áreas no autorizadas en el CESCO, lo que afecta la confidencialidad y el resguardo de la información perteneciente a ciudadanos y entidades.
Además, a través de entrevistas a empleados, la agencia fiscalizadora confirmó que existen prácticas internas no uniformes y diferencias en la documentación requerida para respaldar los estatus de multas pagadas, canceladas, invalidadas, expiradas, no pagada, entre otras, dentro del sistema DAVID+.
Los hallazgos identificados en la investigación revelaron posibles infracciones legales y reglamentarias, incluyendo posibles incumplimientos con la Ley de Contabilidad de Puerto Rico, la Ley de Vehículos y Tránsito, el Reglamento 8490 del DTOP y el Reglamento 4284 de la Administración de Servicio Generales (ASG).
La agencia fiscalizadora también informó que los hallazgos de la intervención en el CESCO de Caguas pudieran constituir infracciones al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, por lo que refirió los asuntos a las entidades con jurisdicción para su correspondiente evaluación y determinación.
