Un examen fiscal reveló que la agencia dejó de percibir $258,578 en ingresos por arrendamientos sin contrato y gastó más de $266,000 en electricidad de estructuras cerradas
Un examen fiscal reveló que la agencia dejó de percibir $258,578 en ingresos por arrendamientos sin contrato y gastó más de $266,000 en electricidad de estructuras cerradas.
La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico identificó deficiencias graves en la administración de arrendamientos y el manejo de ingresos en propiedades bajo la custodia de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), según un informe de examen que cubre el período del 1 de julio de 2022 al 22 de enero de 2026.
El informe documentó $258,578.28 en ingresos dejados de percibir por concepto de arrendamientos sin contrato vigente, y clasificó $322,087.12 en costos cuestionados por el pago de servicios de agua y electricidad en estructuras que permanecen cerradas.
Entre los casos identificados, una institución educativa operó desde septiembre de 2023 en un plantel escolar del gobierno sin un contrato formalizado. La AEP dejó de recibir aproximadamente $145,989.48 por el uso de esas instalaciones entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2025.
En otro caso, un operador de estacionamiento ubicado en el Complejo Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, en San Juan, continuó sus operaciones tras el vencimiento de su contrato el 9 de abril de 2017. Aunque realizó pagos mensuales que totalizaron $389,500, el examen determinó que 57 de esos pagos se efectuaron por $3,500, monto inferior a los $5,000 y $3,750 pagados en períodos anteriores bajo contrato.
La reducción fue aplicada unilateralmente por el propio concesionario, lo que resultó en $100,500 dejados de recibir. Un cuarto concesionario operó sin contrato válido por al menos diez meses, generando una pérdida adicional de aproximadamente $12,088.80.
El examen también encontró que, de 19 contratos evaluados, dos permanecían sin registrar ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y al menos 12 fueron registrados entre 75 y 277 días después de su fecha de otorgamiento. Además, se identificó la omisión de cláusulas obligatorias y la ausencia de documentación en varios expedientes.
En materia de propiedades cerradas, la OIG detectó discrepancias entre los registros internos de la agencia: el Área de Bienes Raíces reportó 66 propiedades cerradas, mientras que el Área de Conservación y Mantenimiento reportó 56.
Las visitas de observación revelaron tres propiedades con estatus de cerradas que en realidad estaban ocupadas, correspondientes a escuelas en los municipios de Dorado, Yabucoa y Bayamón. Las inspecciones también documentaron instalaciones en deterioro, vehículos abandonados, acumulación de desperdicios y una fuga de agua activa.
El costo energético de estructuras cerradas ascendió a $266,070 en consumo eléctrico durante los años fiscales 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025. Las facturas de agua en cuatro propiedades cerradas totalizaron $56,017.12 en el mismo período.
El informe señaló además que una reorganización administrativa implementada por la AEP no estuvo acompañada del personal necesario para operar el Área de Bienes Raíces, lo que derivó en que funciones de arrendamiento recayeran en la Oficina de Servicios Legales.
La OIG emitió recomendaciones para regularizar los contratos pendientes, fortalecer los controles internos, mejorar los procesos de cobro, completar la estructura organizacional del área de propiedades y desarrollar un programa formal de mantenimiento preventivo. Conforme a la Ley Núm. 15-2017, el informe fue remitido a la autoridad nominadora para la implantación de medidas correctivas.
