Informe revela deficiencias fiscales, falta de controles internos y posible incumplimiento en procesos de competencia
San Juan (EFE) – La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) informó este viernes que un informe suyo reveló que el Departamento de Salud (DS) pagó más de $3 millones «cuestionables» en contratos de publicidad, incluyendo aquellos vinculados a la pandemia de la COVID-19.
De acuerdo con el informe y el periodo investigado, según explicó la OIG en un comunicado de prensa, del 1 de enero de 2021 al 15 de mayo de 2024, el DS formalizó 31 contratos de publicidad por un total de $27.3 millones.
De ese total de contratos, el OIG evaluó 11 de ellos, que representaron el 78% del total contratado.
La evaluación determinó que se identificaron más de $3.052 millones «de costos cuestionados, debido a la ausencia y errores con respecto a los justificantes e informes de labor realizada en los pagos realizados».
Esto, de acuerdo con la OIG, «puede propiciar errores, desviaciones, fraude y otras irregularidades en los desembolsos y que los mismos no puedan detectarse a tiempo para fijar responsabilidades».
El informe, según explicó la OIG, detalla una serie de deficiencias en los controles internos, la fiscalización de pagos y el cumplimiento con las normativas vigentes que rigen la contratación de servicios profesionales por la agencia sanitaria.
Además de la falta de evidencia, la OIG vio incumplimientos en aspectos contractuales y fiscales, como errores en la aplicación de la aportación especial del 1.5% dispuesta por la Ley Núm. 48-2013 y la pérdida de descuentos por pronto pago, al no contar con los controles mínimos en la tramitación de las facturas.
El informe, a su vez, levantó cuestionamientos sobre deficiencias en los procesos de competencia para la adjudicación de contratos.
Se documentó también la ausencia de evidencia del aviso de publicación de subastas, la falta de ponche de registro en las propuestas recibidas y la ausencia del informe dirigido al secretario de Salud, requerido con el resumen de las evaluaciones y la recomendación de adjudicación.
Otro de los hallazgos destacados es la ausencia de procedimientos escritos y aprobados para la pre-intervención e intervención fiscal de las facturas.
Mientras, según una certificación de la directora de Finanzas, los manuales existentes no habían sido revisados desde 2019 y no contaban con aprobación, lo que impidió establecer criterios uniformes en las distintas áreas responsables del proceso fiscal.
Ante todo ello, la OIG recomendó varias tareas al secretario de Salud para que incluya la adopción de procedimientos fiscales formales, la revisión de la política de contratación, la evaluación de posibles recobros y la implantación de medidas correctivas que garanticen el uso adecuado de fondos públicos.
La OIG, a su vez, requirió enmendar la Orden Administrativa Núm. 581 para asegurar que los procesos de competencia se documenten adecuadamente y cumplan con los requisitos mínimos establecidos.
