Informe revela falta de autorización y posibles irregularidades en el pago de $174,105 a empleados exentos, incluyendo a la expresidenta de la comisión
SAN JUAN, Puerto Rico – La Oficina del Inspector General (OIG) de Puerto Rico publicó un informe en el que concluye que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incurrió en múltiples irregularidades al desembolsar bonificaciones por $174,105.20 a 65 empleados exentos en abril de 2025, incluyendo a la entonces presidenta de la agencia, quien además autorizó el pago.
Según la investigación llevada a cabo por el Área de Querellas e Investigaciones, los pagos fueron realizados sin la debida autorización de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) ni de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), incumpliendo con lo dispuesto en la Ley Núm. 26-2017, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal.
“Los desembolsos realizados pudieron estar en contravención de lo dispuesto en la Ley Núm. 26-2017, la cual prohíbe la concesión de bonificaciones adicionales a empleados públicos, excepto el bono de Navidad, y establece que cualquier incentivo de esta índole requiere aprobación expresa de la JSAF, la cual no fue obtenida”, establece el informe.
El “pago único no recurrente”, entregado el 15 de abril de 2025, se justificó en alegados estándares de productividad y servicios extraordinarios prestados entre septiembre y diciembre de 2024. No obstante, la OIG indicó que no se encontraron criterios objetivos ni documentación que sustentara la bonificación.
Además, el informe señala una posible alteración de hojas de asistencia para justificar el pago de $9,304.20 a la expresidenta de la CEE. La funcionaria, además de recibir el incentivo, fue quien lo autorizó y distribuyó entre el personal beneficiado.
El análisis también destaca que la CEE no ha adoptado las guías de administración salarial requeridas por el Plan Fiscal Certificado ni por la Reforma del Servicio Público. Estas directrices deben ser revisadas y aprobadas por la JSAF antes de su implementación, y cualquier incentivo debe responder a parámetros definidos y alineados con objetivos institucionales.
Entre las recomendaciones emitidas por la OIG al actual presidente de la CEE, se incluyen la revisión y actualización inmediata del marco normativo interno, la implementación de controles formales para autorizar incentivos y la obligación de adiestrar al personal gerencial sobre el manejo de fondos públicos y las disposiciones éticas vigentes.
Asimismo, el informe fue referido a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia para que evalúen si corresponde iniciar o ampliar investigaciones, conforme a sus respectivas jurisdicciones.
En cumplimiento con el Artículo 8(m) de la Ley Núm. 15-2017, los hallazgos fueron notificados a las entidades fiscalizadoras correspondientes. No obstante, el contenido íntegro del informe se mantiene confidencial, en aras de proteger futuras diligencias investigativas. Por ello, solo se ha hecho público el resumen ejecutivo de la investigación.
La ciudadanía puede informar de manera confidencial actos que representen mal uso de fondos públicos o constituyan corrupción, comunicándose con la OIG al 787-679-7979, al correo informa@oig.pr.gov o a través del portal www.oig.pr.gov/informa.
