San Juan, Puerto Rico – Un estudio realizado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) arrojó resultados preocupantes sobre el manejo y control de documentos públicos en el Gobierno. A pesar de la existencia de sólida legislación para establecer procedimientos al respecto, cientos de agencias y corporaciones públicas incumplen con los requisitos establecidos, según se confirmó en el informe.
Según la información evaluada por los auditores de la OIG, numerosos organismos gubernamentales presentan deficiencias significativas en el cumplimiento de las normativas relacionadas con la administración de documentos públicos. Entre los hallazgos más destacados, se encontró que 114 organismos no habían designado un administrador de documentos públicos, 158 no habían preparado ni enviado los inventarios y plan de retención de documentos, y 176 no habían enviado las listas de disposición de documentos al Programa de Administración de Documentos Públicos de la Rama Ejecutiva (PAPD) del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
El estudio, que abarcó el período del 1 de julio de 2021 al 31 de agosto de 2022, también reveló que el administrador del PADP no había realizado las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley y reglamento. La falta de intervención o evaluación por parte del PADP en los organismos gubernamentales bajo su jurisdicción fue otro aspecto preocupante identificado en el informe.
Además, se encontraron discrepancias significativas entre el listado de organismos gubernamentales certificados y el organigrama actual del gobierno de Puerto Rico, aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una actualización urgente de los reglamentos pertinentes para reflejar los cambios administrativos, operacionales y organizacionales ocurridos en las instituciones gubernamentales.
El estudio también abordó la demora en atender una solicitud de dispensa de emergencia para la disposición de documentos contaminados en los residenciales públicos, evidenciando deficiencias en los procesos internos de gestión y aprobación de solicitudes dentro del ICP.
Ante esta situación, la OIG recuerda a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier acto que pueda poner en peligro el buen uso de fondos públicos o constituir corrupción. Para ello, se pone a disposición la línea confidencial de la OIG y otros canales de comunicación para reportar irregularidades.
Para más información sobre cómo reportar actos irregulares, se puede contactar a la OIG a través del número 787-679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov o visitar la página electrónica www.oig.pr.gov/informa.
