San Juan, 22 de junio (EFE) – La Contraloría de Puerto Rico informó este miércoles que una auditoría suya reflejó incumplimientos en las operaciones fiscales del Senado, que incluyeron fallas en el pago del seguro médico de diez escoltas de los presidentes del cuerpo entre 2013 y 2018.
Según detalló la Contraloría en un comunicado de prensa, la auditoría reveló que el Senado pagó 74,908 dólares de forma indebida por el plan médico a 10 de los 15 oficiales que sirvieron de escolta a los entonces presidentes del Senado del 2013 al 2018.
El pago de 2,265 dólares es nulo y contrario a la reglamentación vigente, indicó la Contraloría.
Estos oficiales, de acuerdo con la auditoría, ya contaban con un plan médico que les pagaba el Negociado de la Policía por 19,000 dólares.
Al respecto, el Senado actuó contrario al Código Político de Puerto Rico al compensar de forma extraordinaria a los oficiales por pagar su plan médico, sin autoridad legal para ello.
La auditoría de seis hallazgos señala además que el 46% de los empleados del Senado con puestos de supervisión, acumularon y utilizaron tiempo compensatorio a lo cual no tenían derecho.
Los auditores identificaron además compras por la Oficina de la Presidencia en el 2016 por 376,921 dólares entre el 2013 al 2020, de los cuales el 20% correspondieron a gastos extravagantes, excesivos e innecesarios.
Además, el Senado compró 225 camisas rojas para un evento deportivo cuya participación de por si incluía una camisa oficial a los inscritos.
La auditoría reveló además que el sistema de registro de asistencia y licencia presentaba múltiples deficiencias.
Algunas de las fallas fueron que la acumulación de licencias tenía que hacerse de forma manual, no descontaba el tiempo compensatorio y la pantalla no daba información básica al empleado, entre otras deficiencias que sólo el proveedor podía asistir.
Del mismo modo, la auditoría halló, que, al 30 de junio de 2020, el Senado carecía de algunas disposiciones para regular el uso y control de la cuenta de la tarjeta de crédito.
Ante todo esto, la Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Senado de Puerto Rico.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
