El Tribunal dejó en suspenso un desacato mientras ordena su comparecencia el 16 de abril y exige informar si cumple con el requerimiento legislativo
SAN JUAN, Puerto Rico – El oficial examinador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Luis E. González Ortiz, deberá comparecer el próximo 16 de abril a una vista ejecutiva del Senado en relación con el caso del vertedero de Carolina, luego de que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan dejara en suspenso un desacato en su contra.
La orden fue emitida por el juez Anthony Cuevas durante una vista judicial en la que también instruyó al Senado a informar al tribunal, no más tarde del 17 de abril, si el funcionario compareció. De no hacerlo, podría enfrentar un desacato civil.
El Senado había solicitado la orden de desacato tras alegar que González Ortiz se negó a comparecer previamente y a responder preguntas de la comisión senatorial que investiga el proceso de renovación del permiso del vertedero.
Durante la vista, el abogado del Senado, Héctor E. Medina Pérez, pidió que se apercibiera al oficial examinador no solo a comparecer, sino también a contestar las preguntas. La representación legal de González Ortiz objetó, argumentando que la vista se limitaba a su comparecencia, pero el tribunal rechazó esa objeción.
El juez ordenó además que las partes intercambien documentos del caso en formato físico o digital, con el fin de evitar que el funcionario alegue falta de acceso a la información durante la vista legislativa.
Según lo expuesto en sala, González Ortiz indicó que no llevó documentos en su citación previa porque están bajo custodia del DRNA, aunque señaló que los solicitó para ser entregados al Senado. La representación legislativa sostuvo que se trata de documentos públicos, incluyendo un informe emitido por el propio oficial examinador.
La investigación senatorial se centra en la renovación del permiso del vertedero del Municipio Autónomo de Carolina, proceso que ha sido cuestionado por comunidades cercanas debido a posibles impactos en una zona de amortiguamiento con valor ecológico y arqueológico.
De acuerdo con información discutida en el proceso, el informe favorable a la renovación del permiso fue emitido el 14 de agosto de 2025 por González Ortiz y posteriormente acogido por el DRNA, lo que permitió autorizar la renovación mediante resolución del 21 de agosto de ese año.
El caso se encuentra actualmente ante el Tribunal de Apelaciones tras una impugnación presentada por una de las partes.
La controversia se suma a otros casos en los que el oficial examinador ha participado y que han generado cuestionamientos por parte de comunidades y sectores ambientales.
