La intervención de unidades marítimas de la Policía culminó con la confiscación de 24 fardos valorados en $11.5 millones y el caso quedó en manos federales
SAN JUAN (EFE) – La Policía de Puerto Rico informó este lunes que detuvo a tres hombres tras intervenirles, en una embarcación en aguas al noreste de la isla, un alijo de 24 fardos de cocaína, con un peso de 823 kilogramos, valorados en $11.5 millones.
Según explicó en un comunicado el jefe de la Policía local, Joseph González, personal de la Unidad Marítima de Piñones (Loíza) y de Ceiba realizaban un patrullaje preventivo a bordo de una embarcación oficial, cuando detectaron una nave sospechosa, donde viajaban los tres contrabandistas.
La embarcación sospechosa navegaba sin luces de navegación encendidas y sin identificación visible, violando las disposiciones de la Ley 430, conocida como la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico.
Ante ello, los agentes procedieron a intervenir. Al activar la luz de búsqueda e identificarse mediante comandos de voz como agentes de la Policía de Puerto Rico, los tres individuos a bordo emprendieron la huida.
Los oficiales iniciaron entonces un seguimiento táctico, impartiendo instrucciones, logrando finalmente interceptar la embarcación a unas dos millas náuticas del Río Grande de Loíza, frustrando así la evasión de los sospechosos.
Los tres individuos fueron arrestados y transportados a bordo una embarcación oficial hasta la Unidad Marítima de Piñones.
Simultáneamente, la embarcación ocupada fue remolcada hasta el mismo lugar.
En las instalaciones de la Unidad habían oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y la Unidad Canina de la Policía.
Durante una inspección exterior, un perro oficial marcó positivo a la presencia de sustancias controladas
Como resultado de la intervención, se ocuparon aproximadamente 24 fardos de cocaína, con un peso total estimado de 823 kilogramos. El valor aproximado del cargamento asciende a $11.5 millones.
El caso y la evidencia fueron asumidos por las autoridades federales, quienes continuarán con el proceso de inventario y la eventual radicación de cargos correspondientes.
