Solo en mayo se reportó un caso, mientras la violencia con armas de fuego sigue marcando la mayoría de los asesinatos por razón de género
SAN JUAN, Puerto Rico – El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico reportó que al cierre de mayo de 2025 se han registrado 17 feminicidios en el país. De estos, 15 han sido clasificados como feminicidios directos y dos como indirectos, siguiendo el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
Durante el mes de mayo, el informe documenta un solo feminicidio. Se trata del caso de Sophia Lielona Aponte, una joven de 21 años hallada sin vida el 14 de mayo a orillas de un río en Luquillo. Las autoridades no han determinado aún la causa del deceso y el caso permanece bajo investigación.
La mayoría de los feminicidios directos registrados hasta la fecha han sido de carácter íntimo. Ocho de ellos fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, y siete de esos ocho ocurrieron con armas de fuego. En al menos cinco casos, los agresores contaban con licencia para portar armas. Cuatro de los agresores se suicidaron luego de cometer el feminicidio.
El informe también detalla 62 intentos de feminicidio desde enero hasta mayo. El 50% de estos se realizaron con armas de fuego y el 32% mediante estrangulamiento. Estas cifras reflejan la letalidad de los métodos utilizados y el riesgo constante que enfrentan mujeres y niñas en contextos de violencia.
Del total de mujeres asesinadas, 11 eran madres. Entre todas, dejaron 15 menores en situación de orfandad, sin respaldo estatal de reparación o protección. Además, desde que el Observatorio comenzó a documentar estos datos en 2020, 43 mujeres y niñas permanecen desaparecidas, un 26% de ellas menores de edad.
El informe alerta también sobre el impacto que podrían tener los recortes a fondos federales destinados a programas de prevención y atención a víctimas, lo que pondría en riesgo el funcionamiento de albergues, servicios legales y redes de apoyo esenciales para sobrevivientes de violencia de género.
La violencia machista continúa siendo una emergencia nacional, y el Observatorio reitera la necesidad urgente de voluntad política, políticas públicas basadas en datos y una estructura estatal capaz de responder eficazmente a esta crisis.
