Gobernadora firma legislación que refuerza derechos estudiantiles y establece política pública para promover estas iniciativas en el sistema educativo
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora Jenniffer González Colón firmó hoy varias medidas legislativas y una orden ejecutiva dirigidas a atender asuntos educativos, sociales y de infraestructura.
Entre las leyes firmadas, se destaca la Ley 69-2025, que enmienda la Carta de Derechos del Estudiante y la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. Esta medida reconoce el derecho de los estudiantes a participar en programas cívico-militares —como el JROTC, Civil Air Patrol y ROTC— y prohíbe el discrimen o el hostigamiento contra quienes integren esas iniciativas. La legislación sostiene que existen sectores que buscan desalentar la participación estudiantil en estos programas, y establece como política pública su promoción y expansión en el sistema educativo.
La ley también ordena al Departamento de Educación y a otras agencias pertinentes cumplir con las disposiciones de la “Ley contra el hostigamiento e intimidación o bullying”, conocida como la “Ley Alexander Santiago Martínez”.
Otra medida firmada fue la Ley 70-2025, que modifica la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos. El propósito es establecer la obligación del Departamento de Educación, en coordinación con las agencias pertinentes, de ofrecer campamentos de verano para niños con impedimentos en igualdad de condiciones que la población general. La ley responde a la necesidad de una política pública más inclusiva, en un contexto donde cerca del 25 % de la población puertorriqueña reporta algún tipo de reto funcional, según datos del “American Community Survey” de 2022.
Además, se firmó la Ley 71-2025, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Esta enmienda a la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito amplía el rango de edad permitido para integrar los Comités de la Juventud, ahora entre los 18 y 35 años, y busca aumentar la participación juvenil en la toma de decisiones dentro del movimiento cooperativo.
Por otro lado, la gobernadora emitió la Orden Ejecutiva 2025-042, con el fin de agilizar la ejecución de proyectos de reparación, reconstrucción y rehabilitación de viviendas financiados con fondos federales CDBG-DR y CDBG-MIT. Esta nueva orden modifica el Boletín Administrativo OE-2022-004, al señalar que ciertas restricciones ambientales han provocado demoras en proyectos de bajo impacto ambiental que buscan atender comunidades afectadas por desastres naturales.
La orden establece que los proyectos de vivienda administrados por el Departamento de la Vivienda y sus subrecipientes estarán exentos de dichas restricciones, siempre que cumplan con los requisitos ambientales estatales y federales. También elimina el requisito de permiso de inyección subterránea para proyectos de tratamiento de aguas residuales en viviendas unifamiliares.
La Orden Ejecutiva entra en vigor de manera inmediata.
