San Juan, 21 sep (EFE News) – Varios candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) a diferentes puestos en las elecciones presentaron este lunes la propuesta de legislación, Reforma Expedita sobre Corrupción, Administración y Transparencia Estatal (RESCATE), que tiene como objetivo el erradicar la corrupción en el gobierno.
Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación; José Bernardo Márquez, aspirante por acumulación a la Cámara de Representantes, y Eva Prados, candidata a representante por el Distrito 3 de San Juan, fueron los tres miembros del MVC que presentaron la propuesta, según explicaron en un comunicado de prensa.
RESCATE, según se detalló en el comunicado, atiende directamente «la cultura de inversionismo, amiguismo y clientelismo político» a través de medidas para establecer topes salariales en el Gobierno, limitar la cantidad de puestos de confianza y las contrataciones por nepotismo.
Del mismo modo, amplía las medidas de transparencia financiera en el Gobierno y designa oficiales de cumplimiento anticorrupción.
«Es nuestra responsabilidad devolver la confianza en el servicio público. Los ciudadanos y ciudadanas necesitan verse representados por funcionarios comprometidos y a quienes no les tiemble la mano al momento de tomar acciones contundentes que eliminen de raíz la corrupción del gobierno», dijo Lúgaro en el comunicado.
«Ya lo dijimos antes, aquí se acabaron las palas y las puertas giratorias. Puerto Rico tendrá el gobierno que merece, libre de abusos de poder, favores políticos y agendas impuestas por grandes intereses», añadió Lúgaro.
Si son electos en las elecciones generales, Márquez y Prados afirmaron, que al llegar a la Legislatura en enero próximo, presentarán el proyecto de ley, el cual prohibiría, entre sus propuestas, el cabildeo por un periodo de cuatro años a exfuncionarios electos y exjefes de agencias.
Igualmente, prohibiría como ocurre en la esfera federal, los donativos políticos de parte de contratistas gubernamentales, eliminaría la facultad de los presidentes legislativos de conceder dispensas para contrataciones de familiares en la Legislatura y crearía salas judiciales especializadas en corrupción.
«Tras un cuatrienio plagado de conductas anti-éticas, renuncias y arrestos, la ciudadanía ha perdido la confianza en las instituciones gubernamentales. Nuestro movimiento ha sido enfático en la necesidad de rescatar esas instituciones y hoy presentamos medidas legislativas puntuales para lograrlo», sostuvo Márquez.
La reforma propuesta incluye además sustituir la Oficina de la Primera Dama por la División Interagencial Anticorrupción, que contará con una aplicación que integrará las bases de datos de múltiples agencias y le brindará acceso a las mismas a la ciudadanía.
Además, contará con oficiales de cumplimiento anticorrupción para investigar transacciones llevadas a cabo en las agencias.
«La participación ciudadana será crucial en nuestro gobierno. Usaremos la tecnología para proveer transparencia a los procesos y poner la información al alcance de todas y todos», expresó Prados.
