Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (5 de mayo de 2021) – La empresa Trinity Services LLC, que mantiene el contrato de las lavanderías, comisarías y para la preparación de alimentos en las cárceles del país, denunció que la designada secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, se propone continuar con la contratación para estos servicios de la empresa Carolina Catering Corporation (CCC), tras una controvertible adjudicación que causó que el Tribunal Apelativo revocara la confirmación de la subasta por la intervención indebida del ex secretario interino, Eduardo Rivera Juanatey.
“Ana I. Escobar Pabón ha manifestado que va a darle continuidad a los procesos establecidos en el Departamento de Corrección lo cual es altamente preocupante ya que dichos procesos han estado permeados de irregularidades, favoritismos, violaciones al debido proceso de ley, conductas impropias y le costaron al pueblo de Puerto Rico más de $83 millones”, señaló Trinity Services por medio de una querella radicada el pasado lunes 3 de mayo en la Oficina del Inspector General.
La querella fue presentada por Dennis López, quien es el vicepresidente regional de la empresa. En la querella López señala que el 19 de enero de 2018, el licenciado Andrés Guillemard Noble, esposo de la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, lo llamó por teléfono para indicarle que formaba parte del grupo con CCC.
También señala que Guillemard Noble le preguntó “mi disponibilidad para correr las operaciones cuando a CCC se le otorgara la buena pro de la subasta. Finalmente, me dijo que le referiría mi nombre al presidente de CCC, José Algarín”.
La mención sobre la llamada de Guillemard Noble aparece en una notal al calce en la querella, pero en el documento de cuatro páginas no existe otro señalamiento adicional que vincule al abogado con la controversia, cuya relación matrimonial con la hermana del gobernador ya fue motivo de cuestionamientos públicos durante la campaña política.
La querella indica que Escobar Pabón, ha expresado abiertamente que contratará a CCC “a pesar de las irregularidades que permearon en los procesos de impugnación (de la subasta) y que el proceso de impugnación aún está pendiente de solución ante el Tribunal de Apelaciones”.
Ayer martes la Comisión de Nombramientos del Senado celebró una vista para considerar el nombramiento de Escobar Pabón. La designada secretaria del DCR recibió el apoyo de la Federación de Oficiales de Custodia y Trabajadores de Corrección.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, indicó que no ha recibido planteamientos en contra de la nominada.
No obstante, Mildred Cabello, directora ejecutiva de la Comisión, recibió el pasado 3 de mayo una carta de la Asociación Basta Ya la Política en las Agencias del Gobierno, en la que denuncian que Escobar Pabón es “una politiquera”, porque ha nombrado a supuestos activistas del Partido Nuevo Progresista en posiciones importantes en el DCR.
Además, se le imputa ser una mala administradora. La carta alega que la Oficina del Contralor señaló numerosas irregularidades en el Programa de Comunidad que ella dirigió en la agencia. Alegadamente, el banco FirstBank le radicó a Escobar Pabón una demanda para ejecutar la hipoteca de su casa.
La querella presentada ante la Oficina del Inspector General también sostiene que DCR adjudicó la subasta utilizando el mecanismo de solicitud de propuesta cuando los reglamentos exigen utilizar el mecanismo formal de subasta. Alega que la propuesta de CCC se debió descalificar porque la empresa carece de experiencia en los servicios subastados, no tiene el personal suficiente y no presentó una fianza al momento de licitar, según lo requiere la reglamentación de subastas.
La querella indica que el DCR filtró el contenido de la propuesta de Trinity Services, lo que le permitió a CCC copiar la oferta presentada por la empresa querellante. “Este hecho incontrovertible levanta serias interrogantes y preocupaciones ya que se supone que quien único tuviera acceso a la licitación presentada por Trinity era el DCR por conducto de su Junta de Subastas”, indica el documento.
Según la querella, luego de que la Junta de Subastas adjudicó la subasta a favor de CCC, Trinity Services presentó una solicitud de reconsideración ante la Junta de Reconsideración de Subastas y éste organismo confirmó la decisión “en un proceso donde se violó el debido proceso de ley y se cometió un abuso de discreción y favoritismo”.
Esta parte de la querella se refiere a que el presidente de la Junta de Reconsideración, Alberto Carranza Amador, estuvo en contacto con el secretario Interino de DCR, Eduardo Rivera Juanatey, por medio de correos electrónicos. El 11 de abril del 2019, Carranza Amador distribuyó un correo electrónico a los miembros de la Junta para informar que Rivera Juanatey tenía interés en que leyeran una información, mientras evaluaban la solicitud de reconsideración presentada por Trinity Services.
El correo dice como sigue: “Remito la Sentencia en asunto. Además, el Lcdo. Rivera Juanatey nos solicita que prestemos especial atención a las páginas 13 y 14 donde se resuelven a favor dos planteamientos que trae Trinity en la solicitud de reconsideración en evaluación”.
Tras una impugnación presentada por Trinity Services, el Tribunal Apelativo censuró esta comunicación porque afectó la pureza del proceso de evaluar la reconsideración y porque se hizo sin que la empresa tuviera conocimiento.
“La política pública que persigue la competencia equitativa de los licitadores, ausente de presiones externas. Cualquier procedimiento que ponga en duda el cumplimiento de esos principios, no puede superar el escrutinio de nuestra revisión judicial, y menoscaba la razonabilidad de la determinación administrativa, cuando la agencia no observa rigurosamente sus propios reglamentos”, sostuvo el Apelativo el 15 de agosto del 2019, cuando revocó la decisión de la Junta de Reconsideración de Subastas.
Como remedios, Trinity Services solicita que se le imponga a la parte querellada el pago de multas administrativas hasta la cantidad de $5,000 por cada violación probada, que se revoque la adjudicación a favor de CCC y que se le conceda a Trinity Services.
El pasado lunes la empresa también radicó otra querella en la Oficina de Ética Gubernamental en contra del ex secretario interino del DRC, Rivera Juanatey, y el ex secretario del DRC, Erick Rolón Suárez.
De acuerdo con la querella, Rolón fue el secretario de la agencia cuando se adjudicó la subasta a favor de CCC. Contra Rivera Juanatey se presenta la intervención indebida por medio del correo electrónico al presidente de la Junta de Reconsideración de Subastas, Alberto Carranza.
La querella en Ética Gubernamental sostiene que los tanto Rolón Suárez como Rivera Juanatey violaron el artículo 4.2 de la Ley 1 del 2012, o Ley de Ética Gubernamental, relativo a las prohibiciones que debe cumplir un funcionario público para no beneficiar empresas privadas y para afectar la imparcialidad de los procesos en el gobierno.
También señala que Rivera Juanatey violó el artículo 24 del reglamento de la Junta de Reconsideración de Subastas del DCR.
