Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (1 de abril de 2021) – La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, emplazó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para que haga cumplir el Plan Fiscal del gobierno y anule el alza de más de 30 % en las tarifas de transportación terrestre que decretó el pasado mes de diciembre el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP), lo que representa una nueva escalada de tensión entre del organismo federal y la administración del gobernador Pedro Pierluisi.
Jaresko instruyó al director ejecutivo de AAFAF, Omar Marrero Díaz, para que detenga la imposición de multas de $10,000 por parte del NTSP a las empresas que no paguen las tarifas y le advierte que la agencia “impuso la multa máxima a varias empresas y probablemente continuará haciéndolo a menos que actúe rápidamente”.
En una carta enviada el pasado viernes 26 de marzo, Jaresko le indicó a Marrero Díaz que él es responsable de que las agencias de gobierno cumplan con el Plan Fiscal y le recordó que el 30 de diciembre de 2020, no logró detener las tarifas, luego de que el funcionario le exigiera al NTSP en una comunicación escrita, que debía derogar el nuevo reglamento de tarifas y la carta circular “35”, que la agencia difundió entre las empresas usuarias de la transportación terrestre.
Incluso, Jareskó mencionó que Marrero Díaz no respondió a las instrucciones que la JSF le comunicó nuevamente el 29 de enero, para que las tarifas fueran anuladas.
Según la funcionaria federal, a pesar de la insistencia de la JSF para dejar sin efecto las tarifas, Marrero Díaz no pudo hacer cumplir el Plan Fiscal del 2020, que favorece eliminar las tarifas de transporte terrestre, y el NTSP continuó adelante con el alza de tarifas hasta anunciar por medio de la carta circular “5” que impondría multas a los violadores.
“El NTSP exacerbó el impacto financiero negativo de la carta circular “35” al promulgar la carta circular “5” que establece, entre otras cosas, que las partes que incumplan por el nuevo aumento de tarifas están sujetos a multas de $ 10,000”, sostuvo Jaresko en referencia a la carta circular que el 9 de marzo emitió el nuevo presidente del NTSP, Jaime de la Fuente González.
“Estas acciones reflejan un continuo desprecio por las exigencias de la ley PROMESA, así como las órdenes impartidas por la AAFAF”, señala la carta.
En la comunicación Jaresko reiteró que la JSF podría acudir al Tribunal Federal para solicitar la anulación del alza en tarifas y le indicó a Marrero Díaz que tenía hasta ayer miércoles 31 de marzo, a las 5:00 de la tarde, para informar el fruto de sus gestiones.
En reacción a la intención de la JSF de solicitar al tribunal federal que anule el reglamento de tarifas emitido por el NTSP, el presidente del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico (FAC), Víctor Rodríguez, anunció que se propone detener los servicios de transporte en toda la isla tan pronto el gobierno local o la JSF tome una acción que resulte en la paralización de las tarifas.
“Estamos en este momento en un estado de emergencia, que significa que nos estamos reuniendo con todos los miembros del sindicato para explicarles la situación y cómo deben actuar en caso de que se decrete una asamblea permanente. En una asamblea permanente se reúnen todos los distintos miembros y se detienen los servicios. La asamblea permanente es constitucional, porque nosotros no tenemos un convenio colectivo porque no somos asalariados. Somos dueños de nuestros camiones. Nuestros camiones es nuestra propiedad y no es propiedad de las empresas, del gobierno local o del gobierno federal”, dijo Rodríguez.
El líder sindical reveló que estará reclutando al licenciado Luis F. Abreu Elías, para que defienda al sindicato en un eventual caso judicial. “Ya nosotros ganamos este caso en el 1978, cuando el fallecido juez federal Torruella impuso un interdicto contra los camioneros, que habíamos paralizado la transportación en la isla durante la administración de Carlos Romero Barceló. Le pedimos al juez Torruella que se inhibiera y no lo hizo. Fuimos al Tribunal de Apelaciones de Boston, y nos dieron la razón”, dijo Rodríguez.
Rodríguez señaló que las tarifas que impone el NTSP es el mecanismo para hacerle justicia a los camioneros, porque garantizan un ingreso justo por el transporte terrestre y que reconocen los gastos por mantenimiento de los vehículos y por consumo de combustible. “El sistema de tarifas representa un balance entre los intereses de los camioneros y de las empresas, y para asegurar el bienestar del pueblo”, sostuvo.
En relación a las expresiones de Jaresko sobre que en 48 estados de Estados Unidos se han eliminado las tarifas y sólo Hawaii y Puerto Rico las mantenían vigentes, Rodríguez explicó que “allá se eliminaron las tarifas y la transportación de carga es controlada por corredores que contratan a los camioneros. Ese sistema no es bueno para el camionero porque el corredor se lleva la ganancia y ahora, los camioneros de Estados Unidos quieren regresar al sistema de tarifas”.
“Aquí en Puerto Rico nosotros logramos que el NTSP le impusiera al corredor de transporte la obligación de distribuir el 60% de su ganancia entre los camioneros, por eso aquí hay pocos corredores de transporte”, dijo Rodríguez.