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PUERTO RICO

Senado investigará el acoso vecinal

El acoso vecinal en un condominio es la actuación reiterada por parte de un vecino o una junta de directores, que altera la vida cotidiana del titular

Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com

San Juan (27 de septiembre de 2021) – La legislatura se apresta a investigar el llamado acoso vecinal en condominios, que se manifiesta a través de una serie de actos realizados por el administrador, la Junta de Directores, sus miembros o por otros titulares, contra aquellos residentes que cuestionen sus decisiones o reclamen información sobre sus actuaciones oficiales. 

Según la Asociación de Administradores de Condominios (AAC) y la Asociación de Titulares de Condominios (ATC), el acoso vecinal tiene como objetivo penalizar a los dueños de apartamentos por cuestionar o no favorecer las decisiones de la Junta de Directores, y busca también impedir que ejerzan sus derechos como propietarios.

En una vista pública inédita en el Senado, la AAC y la ATC, junto a numerosos titulares que han sido víctimas de acoso en sus comunidades, desglosaron en detalle el insólito drama humano que se oculta tras las recias paredes de los condominios y que está repleto de atropellos, humillaciones, arbitrariedades, y que fundamentalmente afecta a las personas de la tercera edad y a las mujeres.

“Los residentes de condominios no están exentos de atravesar por situaciones y necesidades como las que atraviesan las demás comunidades. Son igual de importante que todas las demás y merecen la atención del gobierno para que se atiendan sus reclamos de atropellos, de discrimen, de intimidación, de abusos de poder, de acoso, en especial contra personas de edad avanzada y hasta de actos de corrupción que han causado que innumerables de estas familias no cuenten con una sana administración ni convivencia en sus comunidades”, sostuvo Sharon Rodríguez, presidenta de la AAC.

La vista pública fue realizada la semana pasada por la senadora Keren Riquelme, quien indicó que los relatos sobre injusticias y arbitrariedades que narraron los residentes de condominios servirán de base para una resolución de investigación que radicará próximamente.

En la vista participaron titulares de condominios de la zona metropolitana, la mayoría mujeres adultas y algunas más jóvenes, quienes narraron los numerosos actos de acoso, intimidación y desprecio del fueron objeto de parte de miembros de sus Junta de Directores, por el mero hecho de cuestionar sus decisiones y de solicitar prueba documental para justificar esas decisiones.

Incluso, del relato de una de las deponentes se desprende que poseer un historial de cuestionar las acciones de la Junta de Directores, un derecho que tienen los titulares de condominios, puede causar que sea tildada de “loca” y ridiculizada entre sus vecinos.

“A mi me llaman “loca”, “la loca esa”. Me dicen que me busque un macho y me acusan de que soy lesbiana”, dijo Clarisa Correa, quien reside en el Condominio San Miguel en Guaynabo.

Correa sostuvo que unos de sus reclamos desatendidos por la administración de su condominio fue la remoción de un automóvil en estado de chatarra, que había permanecido por años detenido en el estacionamiento y que pertenecía a uno de los miembros de la Junta de Directores. La mujer dijo que actualmente tiene una orden de protección concedida por el Tribunal contra el presidente de la Junta de Directores de su condominio.

Acosado por defender sus derechos

“El acoso vecinal en un condominio es la actuación reiterada por parte de un vecino o una junta de Directores, quienes con sus actos reiterados, altera el desarrollo de la vida cotidiana del titular coartando su libertad, sometiéndola a persecuciones o vigilancias constantes, socavando su sentido de seguridad y, en términos colectivos, interponiéndose a la sana convivencia comunitaria”, dijo Marimar Pérez Riera, presidenta de la ATC.

Pérez Riera mencionó que se han ocurrido situaciones en que un miembro de la junta de directores, en medio de una asamblea, se ha levantado de su silla de manera intimidante para manotear a un titular e impedir que hable.

En otros casos, determinados titulares que han afirmado su derecho a cuestionar las decisiones de la Junta de Directores, han enfrentado que sus autos han sido vandalizados, sus cerraduras averiadas y los neumáticos vaciados.

Además, las plantas y adornos de sus apartamentos han sido vandalizados y hasta las mascotas han sido blanco de ataques en represalia por las actuaciones de sus dueños. Otra experiencia sufrida por algunos titulares que han cuestionado las decisiones de la Junta de Directores, es la intimidación con un vehículo conducido de manera amenazante, en el área de estacionamiento de su condominio.

Según Pérez Riera, si un titular afirma sus obligaciones como propietario de un apartamento y se opone a una propuesta de la Junta de Directores o cuestiona sus decisiones, puede ser objeto de humillación pública, marginación y la difusión de rumores malintencionados para socavar su credibilidad y reputación con el fin de que sus vecinos lo repudien.

De acuerdo con Rodríguez, uno de los detonantes del acoso vecinal son las acciones de lo que se ha denominado como “la industria de condominios”, un grupo de abogados y administradores que ofrece sus servicios a los condominios por medio de jugosos contratos y quienes, según lo relatos vertidos en la vista pública, orientan sus acciones para defender las determinaciones de las Junta de Directores, en contra de los mejores intereses del Consejo de Titulares.

La industria de condominios

“En los condominios hay tantas irregularidades de administración, existe un control de unos cuántos que omiten la ley y reglamentos y a los titulares se les violentan sus derechos básicos protegidos por la mismísima constitución, son objeto de manipulación, son víctimas de aprovechamiento y lucro de ciertos grupos formados dentro de “la industria de condominios”, que está compuesta mayormente por abogados y administradores”, dijo Rodríguez.

Según la presidente de la AAC, entre esos “abogados y administradores” figuran personas con fuertes vínculos en las estructuras de poder de los partidos políticos y que gozan de una fuerte influencia en el gobierno y en la legislatura, y quienes no enfrentan dificultades para prevalecer en decisiones administrativas y en los tribunales, aún en contra de los intereses de los titulares de condominios.

Rodríguez sostuvo que ese grupo de “abogados y administradores” con gran poder de influencia en el gobierno es responsable de la nueva ley de Condominios o Ley 129-2020, que impuso como requisito a los administradores de condominios un costoso paquete de pólizas de seguros. Tras la aprobación de la ley, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) aprobó un nuevo reglamento que atiende el requisito de nuevas pólizas de seguros para los administradores.  

Rodríguez ha sostenido que el nuevo reglamento de DACO encarecerá los costos de los administradores independientes de condominios pequeños y favorece a las empresas que ofrecen el servicio de administración para condominios. El reglamento fue impugnado sin éxito por la ATC y actualmente el caso se encuentra en el Tribunal Supremo.

Actualmente, la Cámara de Representantes investiga la Ley 129 del 2020, por medio de la Resolución 364 del 2021, radicada por el representante Ángel Fourquet. Este representante también radicó la Resolución 940, dirigida a investigar el requisito de varias pólizas de seguros a los administradores de condominios.

Piden investigar a DACO

De hecho, Rodríguez recomendó a la senadora Riquelme que se investigue a DACO porque los casos radicados por titulares demoran años en atenderse y resolverse, lo que indica que la agencia carece de recursos económicos y humanos para atender a las controversias de los condominios.

Pérez Riera sostuvo que otro detonante del acoso vecinal es la aprobación de la Ley 129 de 2020, porque eliminó el derecho de los titulares a impugnar a los miembros de la junta de directores por actos que le hagan daño y le transfirió esta causa de acción al consejo de titulares.

“La ley de condominios anterior decía que los directores responderán personalmente por sus acciones cuando incurran en delito, fraude o negligencia crasa. Para dificultar aún más que un miembro de la junta de directores tenga que responder por su inacción y negligencia crasa con su deber fiduciario, la Ley 129-2020, en su artículo 49, añadió una coletilla que determinó que el Consejo de Titulares posee la causa de acción para reclamar la violación fiduciaria. En otras palabras, ahora un titular no puede exigir directamente a un miembro de la junta de directores por su negligencia, sino que tiene que ser el consejo de titulares, en colectivo, quien lo haga. Esta ley claramente se diseñó para proteger a las juntas y no a los titulares”, dijo Pérez Riera.

Acoso sexual en condominios

La presidenta de ATC también denunció la existencia de acoso sexual en los condominios, el cual se manifiesta por medio de miradas lascivas; gestos, exposición de partes privadas, movimientos sugestivos, posiciones indecorosas, esperar al titular en el vestíbulo sentado en posición sugestiva y tocándose sus partes privadas.

“Muchas víctimas de acoso sexual no lo reportan por miedo a represalias; por vergüenza; y por miedo a que no les crean, ya que usualmente el hostigador tiene vínculos con la junta de directores del condominio”, dijo Pérez Riera.

Rodríguez dijo que en la isla existen cerca de 3,000 condominios, con una población de unas 500,000 familias. “Son familias como cualquiera otra en Puerto Rico que no están exentas de atravesar por una serie de situaciones y necesidades como las que atraviesan todas las demás comunidades”, indicó.

Algunos detonantes de acoso vecinal surgen cuando el titular desea más información para entender la implementación de un aumento en cuota de mantenimiento o cuestiona la reclamación de los daños reales causados por el huracán María.

Detonantes de acoso vecinal

También ha sido un detonante indagar sobre el uso de fondos destinados a obras específicas, solicitar evidencia de cotizaciones y gastos, solicitar ver las actas de las reuniones de la Juntas de Directores y radicar una querella en DACO. Si el titular hace señalamientos de malas prácticas y usos indebidos de fondos comunales o informa sobre actos que menoscaban la seguridad y las finanzas del Consejo de Titulares, suelen haber como respuesta actos de acoso vecinal.

Algunos actos típicos de acoso vecinal es que las juntas, los administradores o su representante legal ignoran las solicitudes de información de un titular, aplican multas improcedentes, cortan servicios y limitan la participación del titular en las asambleas bajo el pretexto de deudas existentes.

Además, se utilizan las reglas del debate para coartar los turnos y el tiempo de participación del titular con el propósito de evitar una discusión amplia de los temas en controversia. Algunos titulares y miembros de la junta de directores bloquean en la asamblea cualquier señalamiento que pueda ir en contra de sus intereses e impiden el acceso de los titulares al representante legal del Consejo de Titulares.

También se ha registrado que se interfiere con la tranquilidad del titular, al propiciar tertulias y ruidos innecesarios frente a su apartamento. Se utilizan a los guardias de seguridad para beneficiar a los miembros de la junta en su afán de obtener información personal de un titular y su paradero. Se deslizan por debajo de las puertas notas insultantes. Incitan a otros titulares, incluidos los niños, a gritar sobrenombres y vulgaridades a personas de la tercera edad que han presentado oposición a una determinada decisión.

Utilizan los votos de las personas de la tercera edad en asambleas a través de proxys, diciéndoles que van a votar de determinada manera en un asunto particular, pero en realidad ese tipo de voto no favorece. Se niegan planes de pago o se exigen las planillas de contribución sobre ingresos para conceder el beneficio. Humillan al titular que solicita un plan de pago y se incluyen penalidades o multas, selectivamente, para propiciar la interrupción de servicios.

Tanto Rodríguez como Pérez Riera sostuvieron que la investigación que realizará la senadora Riquelme debe conducir a la creación de una ley especial para tipificar como delito las diversas modalidades del acoso vecinal en condominios.

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