Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (6 de abril de 2021) – Acorralado a causa de sus propias admisiones, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Marchago, sostuvo ayer que podría inhibirse de tomar una determinación en el caso por graves violaciones ambientales contra la empresa Aquamak Inc., que fue presidida por la actual directora de la oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, la licenciada Arlene Marie Questell, debido a que el pasado año sostuvo una reunión para discutir el caso con el entonces alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, quien actualmente preside la empresa.
El secretario del DRNA hizo las admisiones durante una vista pública de la Comisión de Desarrollo y Fiscalización de Fondos Gubernamentales de la Región Sur Central de la Cámara de Representantes, que investiga las actividades de Aquamak Inc., de Questell Alvarado y su hija, Marie Questell, para impedir a los pescadores y a la ciudadanía en general el acceso al mar en los predios costeros del barrio Playa.
Marchago, quien en ocasiones parecía errático y desinformado durante la vista, admitió que la reunión versó sobre aspectos del caso originado por una querella radicada por varios vecinos del barrio Playa de Santa Isabel en el 2016, y por la cual el DRNA impuso una multa de $35,000 contra Aquamak Inc.
A la empresa se le imputa la construcción ilegal de una rampa, muelles, una plataforma, verjas y un gazebo en la zona marítimo terrestre del citado barrio. También se le acusó de haber cortado y removido ilegalmente un manglar de la costa y depositar en el área relleno sin autorización.
El funcionario, quien en varias ocasiones se negó a responder a preguntas de los legisladores sobre el caso porque no deseaba “prejuzgar” una controversia sobre la que deberá tomar una decisión cuando el informe técnico llegue a su escritorio, hizo la admisión al responder al incisivo interrogatorio del representante Héctor Ferrer, hijo:
-¿Usted se reunió con el señor Questell para discutir este caso?, cuestionó el representante.
-Si, respondió Marchago.
-¿Cuándo?
-El pasado año.
-¡Cuando Questell era alcalde! ¿Usted no ha pensado inhibirse en este caso?
-Podría considerar inhibirme, respondió el Secretario mientras, quizás atacado por los nervios, hacía girar la silla en la que estaba sentado de izquierda a derecha. Marchago también reconoció que en la reunión con Questell Alvarado hubo otras personas, las cuales, según dijo, no eran empleados del municipio de Santa Isabel.
Marchago alegó que le concedió la cita al entonces alcalde de alcalde de Santa Isabel sin conocer si el tema de la querella contra él y Aquamak Inc., era el motivo de la reunión. La admisión del funcionario representa una severa mácula a la imparcialidad que deben exhibir los procedimientos administrativos en el gobierno porque la querella contra Aquamak Inc., el exalcalde Questell Alvarado y su hija, Marie Questell, aún permanece bajo investigación ante el DRNA.
La licenciada Marie Questell abandonó la presidencia de Aquamak Inc, el pasado 12 de enero del 2021, es decir, un mes antes de que fuera nombrada oficialmente al cargo de directora de la oficina de Cannabis Medicinal. Marie Questell presidió la empresa desde el 2017.
Además, la reunión del secretario con una persona que es investigada por violaciones ambientales podría generar otras implicaciones contra el funcionario o sus subalternos, según los hallazgos que recopile la pesquisa legislativa.
Ferrer, y la representante Estrella Martinez, refirieron hoy a Justicia y Ética Gubernamental a Machargo, por intervenir, aseguran, “indebidamente”, en el caso de Aquamak, Inc.
De inmediato, Ferrer solicitó una vista ejecutiva para discutir los detalles de la reunión de Marchago con Questell Alvarado, la cual se efectuó al concluir la vista pública, que fue celebrada en el salón de vistas públicas Severo Colberg, en la Cámara de Representantes.
De hecho, el Secretario reveló en la vista pública que el próximo 13 de mayo a las 10:00 de la mañana será celebrada una nueva vista administrativa sobre la querella contra Aquamak Inc, en las oficinas centrales del DRNA en Río Piedras, lo que levantó una oleada de cuestionamientos de los legisladores por la excesiva tardanza de la agencia para tomar una determinación final y firme en el caso, cuya querella original fue radicada en el 2016.
No obstante, Machargo reconoció en su ponencia que desde el 2012 el DRNA ha atendido dos querellas adicionales contra la empresa por violaciones ambientales, una de las cuales fue cerrada sin multa y la otra culminó en un acuerdo con el ex secretario, Daniel Galán Kercadó.
La investigación legislativa fue precipitada por la Resolución de la Cámara 260, radicada por la legisladora Martínez Soto, quien ayer presidió la vista pública.
La pesquisa legislativa también indagará sobre la titularidad de los terrenos donde está ubicada una rampa para introducir embarcaciones al mar y el estado de derecho relacionado al acceso de los pescadores al mar por dicha rampa.
Las vistas públicas también pretenden aclarar los terrenos y accesos que pertenecen al municipio de Santa Isabel y la legalidad de los predios que reclama la empresa Aquamak Inc.
Questell Alvarado alega que los terrenos fueron adquiridos en el 1984 por Aquamak Inc, y que un informe del CRIM lo confirma. La propiedad consiste de un predio de cerca de seis cuerdas en el que operan el Centro Náutico de Sur, una marina con cabida para 40 embarcaciones, el salón de actividades Aquarium y otro negocio conocido como El Gazebo de Quique. Alegadamente, los tres negocios también pertenecen a Aquamak Inc.
En la vista pública Machargo reconoció que ni el Club Náutico, ni el Gazebo de Quique ni la rampa de acceso al mar, tienen un permiso del DRNA, por lo que son ilegales.
El dilatado proceso deliberativo en el DRNA sobre la querella presentada en el 2016 ha ocurrido a pesar de que en el 2019, los vecinos del barrio Playa renovaron la querella con una nueva violación, que consistió en la ubicación de una verja de “cyclone fence” sobre la arena en la que mueren las olas del mar en el predio costero que Questell Alvarado alega pertenece a Aquamak Inc.
En la vista pública también participó Alfonso Cintrón, que es uno de los querellantes y quien sostuvo que la verja tenía el objetivo de impedir el libre paso de los pescadores hacia la rampa. Cintrón presentó una foto a color y de amplio tamaño, que recoge un ángulo de la verja, empotrada en una zapata de concreto que está arropada por el mar, y que discurre sobre toda la costa. La foto causó consternación entre los legisladores.
“Es la primera vez que veo una cosa como esta”, dijo el legislador Jorge A. Rivera Segarra, quien también preside la Comisión de Agricultura.
Cintrón indicó que antes del huracán María la verja estaba ubicada cerca de la costa, pero durante la tormenta la estructura resultó destruida. Luego Questell Alvarado la reconstruyó sobre la arena y estableció un peaje de $30 a los pescadores que desearan introducir sus embarcaciones al mar.
Cintrón reclamó que la Comisión investigue la legalidad de los reclamos realizados por Questell Alvarado sobre que el predio de cerca de seis cuerdas donde está ubicado el Club Náutico le pertenece a él y a la empresa Aquamak Inc.
El ciudadano dijo que entre esos terrenos existe un lote que pertenece al municipio de Santa Isabel y por el que discurre una carretera de uso público. Agregó que el 21 de mayo del 2015, mientras Questell Alvarado era alcalde y miembro del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), logró que fueran agrupadas en una sola finca las parcelas que, alegadamente, pertenecen al exalcalde, y las que pertenecen al municipio.
Según Cintrón, Questell Alavarado asegura que la finca producto de las parcelas agrupadas pertenecen a la empresa Aquamak Inc.
A preguntas de los legisladores Machargo indicó que la licenciada Mildred Sotomayor Bourbón, de la oficina de Asuntos Legales del DRNA, no acudió a la vista pública porque ella investiga la querella contra Aquamak Inc. y “si responde preguntas sobre el caso podría violar el código de ética de los abogados”.
El pasado 27 de julio del 2019, Sotomayor Bourbón confirmó la multa de $35,000 contra Questell Alvarado y Marie Questell, como presidenta de Aquamak Inc., por graves violaciones ambientales.
El representante Ferrer planteó que la decisión de no responder preguntas a la Comisión la debía tomar la licenciada Sotomayor Bourbón y no el secretario.