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Secretario de Agricultura dice no anulará incentivos y contratos con empresa de narcotraficante

González Beiró señaló que la Autoridad de Tierras y el Departamento de Agricultura no llegaron a acuerdos con Serrano Cardona, sino “con una corporación”, en obvia alusión a la corporación  que pertenece al narcotraficante.

Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com

San Juan (1 de abril de 2022) – El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, favoreció al narcotraficante Jaime Serrano Cardona, al sostener que no anulará los incentivos aprobados por el Departamento de Agricultura (DA) y los contratos de alquiler de fincas y un préstamo, que le concedió la Autoridad de Tierras (AT).

La determinación del secretario de Agricultura acontece a pesar de que Serrano Cardona se declaró culpable de cometer delitos de narcotráfico en el Tribunal Federal de San Juan y de que existen leyes locales que prohíben al gobierno establecer contratos con individuos o empresas que hayan cometido delito.

“Yo no voy a hacer nada. Todo está en ley”, dijo González Beiró,  en las que serían las primeras expresiones de la administración de Pedro Pileluisi sobre los vínculos de Serrano Cardona con el gobierno.

La escueta reacción del secretario ocurrió cuando este medio le preguntó sobre las medidas que tomaría contra el narcotraficante, en un breve encuentro ayer en su oficina en el Departamento de Agricultura en San Juan.

González Beiró señaló que la AT y el DA no llegaron a acuerdos con Serrano Cardona, sino “con una corporación”, en obvia alusión a la corporación  que pertenece a Serrano Cardona, la cual no ha sido, alegadamente, imputada de delito.

Hace dos semanas, EyBoricua.com reveló que el 3 de abril de 2017 Serrano Cardona firmó un acuerdo de culpabilidad en el Tribunal Federal de San Juan por dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero.

La Ley 2 de 2018, conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, y la Ley 428 del 2004, prohíben al gobierno adjudicar subastas o conceder contratos a una persona natural o jurídica que haya sido convicta de delito o se haya declarado culpable en el foro estatal o federal. Las leyes 2 y 428 mencionan los delitos a los que aplicaría la prohibición, e incluyen fraude y lavado de dinero, entre otros delitos.

Pregúntale a Carlos Flores

El secretario rechazó conceder una entrevista a fondo sobre el asunto y señaló: “pregúntale Carlos Flores, que le dió todo lo que pidió”, en referencia a que, durante la incumbencia del ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, el pasado cuatrienio, Serrano Cardona alquiló dos fincas de la AT, recibió incentivos y hasta un préstamo.

Sobre estas aprobaciones el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dijo que el DA no tenía manera de conocer que Serrano Cardona era un narcotraficante, porque el certificado de buena conducta que expide el Negociado de la Policía, no refleja delitos o violaciones a leyes federales.

La corporación a la que se refiere González Beiró es Rosmar Dairy Inc, incorporada en 2014 y en la que Serrano Cardona figura como presidente, tesorero y único accionista. Según surge de los contratos registrados en la Oficina del Contralor, los incentivos y el alquiler de fincas se acordaron con Rosmar Dairy Inc.

En 2016, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, el artículo VI del certificado de incorporación de Rosmar Dairy Inc fue enmendado para informar que Omar A. Ortega Claudio y Rosalía Rodríguez Aguilar renunciaban a sus posiciones como directores y cedían sus acciones a favor de Serrano Cardona, quien desde entonces es el único accionista, presidente y tesorero.

Corporación no fue imputada de delito

Tras el breve encuentro en su oficina, González Beiró indicó por mensaje de texto que solicitó una opinión legal que validaría su percepción de que los acuerdos con Serrano Cardona son legales debido a que la corporación Rosmar Dairy Inc., no estaba imputada de delito, aunque su único accionista, presidente y tesorero se hubiera declarado culpable de dos delitos de narcotráfico.

“No la tengo todavía (la opinión legal). Pero es de conocimiento público que la corporación no estuvo involucrada en eso. Es como si no pudiéramos contratar con Panamerican Grain, porque José González Freire fue convicto por inversionismo político”, indicó el secretario, en alusión a que el empresario González Freire, quien preside varias empresas que producen productos agrícolas, se declaró culpable en el Tribunal Federal en el caso contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

En otro mensaje González Beiró sostuvo que “la rehabilitación es un derecho”, en obvia referencia a, que según se parecer, Serrano Cardona está rehabilitado o va camino hacia la rehabilitación.

“¿Lo que indicas es que Serrano Cardona está rehabilitado?”, cuestionó este reportero en otro mensaje de texto.

“Desde que lo conocí en 2016 lo he visto trabajar en su vaquería y sus fincas de forraje como un loco. Envolvió a su hijo mayor y han sembrado cientos de cuerdas de pastos de calidad con ventas a múltiples vaquerías”, expresó el secretario sobre Serrano Cardona en un último mensaje.

Desde marzo de 2017 el narcotraficante ha recibido $535,008.76 en incentivos, préstamos y otras ayudas de parte del Departamento de Agricultura y de sus dos entidades subalternas, la AT y la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas (ADEA).

Esa cantidad incluye los pagos de alquiler para equipo agrícola acordados con Rosamar Dairy Inc en la AT. Además, Serrano Cardona obtuvo un préstamo por la cantidad de $164,681 en la AT. En julio del 2018 alquiló la finca Walcott, ubicada en Arecibo y que posee 222 cuerdas y en 2020 alquiló la finca Jaime Juan también ubicada en Arecibo y posee 221 cuerdas.

En los primeros 15 meses de la administración de González Beiró en Agricultura, a Serrano Cardona se le aprobó un incentivo de $82,000 concedido por ADEA el pasado 15 de marzo de 2022. El incentivo aporta el 50% para la compra de tres equipos para la cosecha de heno, incluyendo un tractor equipado con acondicionador de aire.

Fortaleza sigue sin responder

El pasado jueves 24 de marzo EyBoricua.com reveló que antes de las elecciones del 2020 se celebró una actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi en la casa del narcotraficante Serrano Cardona, ubicada en la urbanización Dorado Beach East, en el pueblo de Dorado.

La actividad fue patrocinada por determinados agricultores quienes favorecían la selección de González Beiró como secretario de Agricultura. Según fuentes que conocen de la actividad, las taquillas tenían un costo de $1,000.

Hasta el presente la Fortaleza no ha negado ni confirmado la celebración de una actividad de recaudación de fondos. La Fortaleza tampoco ha reaccionado sobre la denuncia realizada por la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, quien reveló que González Beiró avaló que Serrano Cardona pudiera subarrendar las fincas alquiladas en la AT para establecer una planta de generación eléctrica con paneles solares.

Rivera Martínez se opuso al subarrendamiento de fincas agrícolas ante la Junta de Gobierno de la AT porque es una modalidad de contratación que está expresamente prohibida por la ley matriz de la agencia.

Suspenden vista de sentencia

Durante la mañana de ayer se debió celebrar la vista de sentencia de Serrano Cardona en la sala del juez Daniel Domínguez en la sede del Tribunal Federal ubicada en el Viejo San Juan. La vista fue suspendida y su nueva fecha será el 7 de abril, a la 1:00 de la tarde. La vista será celebrada de manera virtual, según indicó un ayudante del juez Domínguez.

Este medio se comunicó con el licenciado Juan R Acevedo, quien es el representante legal de Serrano Cardona, y éste se negó a ofrecer explicaciones por el cambio de fecha de la vista. El abogado arremetió contra la prensa porque, alegadamente, la vida de Serrano Cardona estaría en peligro como resultado de la divulgación sobre la posible cooperación del narcotraficante con las autoridades federales.

 “Varios periodistas, inclusive el canal 11, han puesto en peligro la vida de este muchacho (Serrano Cardona) y de su familia, por estar diciendo a to boca que él es un cooperador del gobierno. Yo voy a hacer responsable, si algo le pasa a Jimmy, a todo el que se ponga a decir ese tipo de cosas. Eso es una barbaridad, una falta de respeto y poco profesionalismo. Que la prensa, para vender periódicos y vender anuncios, se ponga a decir que ese muchacho es un cooperador de la fiscalía federal. Yo no tengo problema que hablen de la fiesta con Pierluisi en la casa y toda esa vaina. Yo no voy a hacer más expresiones sobre ese caso”, sostuvo el licenciado Acevedo con evidente molestia.

Este medio le indicó al abogado que la posible cooperación de Serrano Cardona era una de las preguntas que deseábamos hacerle, porque cinco años después de firmar un acuerdo de culpabilidad, aún no ha sido sentenciado.  

“Pero qué te importa eso a tí, eso es irrelevante”, respondió el abogado de forma airada.

También se le explicó que  fue Serrano Cardona quien colocó su vida en peligro al decidir por el narcotráfico como su fuente de ingresos, y que la prensa no puede ser culpada por cuestionar de manera legítima  las posibles relaciones de su cliente con las autoridades federales.

Además, dos fuentes vinculadas al DA confirmaron a este medio que en sus intercambios con funcionarios de la agencia Serrano Cardona había revelado en diversas ocasiones que él era un testigo del gobierno federal.

Cooperación surge de documentos públicos

No obstante, la cooperación de Serrano Cardona con las autoridades federales surge en varias instancias en una opinión y orden emitida por el juez Gustavo Gelpí el 25 de noviembre de 2019, relacionada con una demanda radicada por un ex empleado del Oriental Bank. La opinión y orden del juez Gelpí es un documento público. 

El demandante, Walter Reyes Caballero, alegó que fue despedido por el Oriental Bank por su edad, lo que configura un caso de discrimen. Pero el Oriental Bank negó que el criterio de la edad tuviera alguna relación con el despido y sostuvo que Reyes Caballero no estaba calificado para continuar en su puesto porque no reportó actividades sospechosas que involucran un posible lavado de dinero.

Tales actividades estuvieron relacionadas con los negocios de Serrano Cardona y su vinculación como cliente del Oriental Bank. En el 2015 el abogado Francisco Acevedo Padilla le indicó a Reyes Caballero que Serrano Cardona podría ser un posible cliente del Oriental Bank, en la venta de vehículos reposeidos.

Según la orden del juez Gelpí, Serrano Cardona abrió tres cuentas en el Oriental Bank para sus múltiples negocios. Pero entre abril y julio de ese año el supervisor de Reyes Caballero, Manuel Muñoz, le indicó que Serrano Cardona estaba “caliente”.

Se desprende del documento que Reyes Caballero se comunicó con Alexis Torres, un agente activo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del gobierno federal, quien en una conversación telefónica le dijo a Reyes Caballero, que no necesitaba preocuparse por Serrano Cardona porque él “estaba cooperando con los federales”. Alexis Torres es el actual secretario del Departamento de Seguridad Pública.

 El documento señala que en sus conversaciones con las autoridades federales, Reyes Caballero constató que Serrano Cardona “estaba cooperando en investigaciones penales en curso”. Del caso surge que el demandante no pudo probar sus reclamos y el juez Gelpí desestimó la demanda al validar la versión del Oriental Bank.

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