San Juan (EFE) – El secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, aseguró este domingo que no procesarán a las mujeres o médicos que practiquen el aborto en la isla, un par de días después de la revocación de esta práctica en Estados Unidos.

“Como hemos expresado, el Artículo 98 del Código Penal de 2012 permite el aborto con indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre”, afirmó Emanuelli en un comunicado de prensa.

En Puerto Rico, existe el derecho al aborto desde 1902 y el caso Pueblo contra Duarte Mendoza, resuelto en 1980, ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad. 

Haciendo mención a este caso, Emanuelli sostuvo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal.

Las expresiones del titular de Justicia local se dan un par de días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara la práctica legal del aborto en dicho país.

La decisión en el Tribunal Supremo estadounidense fue respaldada por seis de los tres jueces de la máxima instancia judicial del país y fue redactada por el magistrado conservador Samuel Alito.

En el texto, de 213 páginas, Alito es muy claro: “La Constitución no confiere el derecho al aborto” y acto seguido afirma que los fallos anteriores del Supremo que garantizaban el derecho al aborto quedan “revocados”.

Dichos casos son el de “Roe contra Wade”, de 1973, que amparaba el derecho al aborto en todo el país, y la resolución de 1992, “Planned Parenthood contra Casey”, que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso.

“El Departamento de Justicia continuará acatando todas las disposiciones legales y jurisprudenciales, estatales y federales, vigentes y que sean aprobadas en un futuro, pero siempre mediante la aplicación justa y sensible hacia el ser humano”, aseguró Emanuelli.

“Ese es nuestro compromiso con todos los sectores de nuestra sociedad, como defensores de la ley y los derechos de los ciudadanos”, enfatizó.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros. 

San Juan, 26 jun (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, participa desde este domingo hasta el próximo miércoles en el Select USA Investment Summit, enfocado en la promoción de inversión en todo Estados Unidos.

Select USA reúne a empresas de todo el mundo, así como a organizaciones de desarrollo económico de todos los rincones de la nación y otras partes que trabajan para facilitar la inversión empresarial en Estados Unidos.

El evento, que se llevará a cabo en el Gaylord National Resort & Convention Center at National Harbor en Maryland, es organizado por la secretaria de Comercio federal, Gina Raimondo, 

El gobernador Pierluisi participará de una mesa redonda con la secretaria Raimondo y otros gobernadores, y tendrá un mensaje en el panel sobre Infraestructura Sostenible.

Desde su creación, el evento Select USA ha facilitado la inversión de más de $105,000 millones, a la vez que ha creado y/o impulsado la retención de sobre 138,000 empleos en los estados y territorios. 

El secretario de Estado de Puerto Rico, Omar Marrero, ejercerá como gobernador interino de la isla hasta el regreso de Pierluisi. 

San Juan (EFE) – El presidente del Partido Popular Democrático y del Senado, José Luis Dalmau, anunció este domingo el cierre de 11 Juntas de Inscripción Permanente (JIP) debido a que la Cámara de Representantes no atendió el Código Electoral.

A partir del 1 de julio, los despachos que cerrarán son en los municipios de Ceiba, Humacao, Naguabo, Patillas, Las Piedras, San Sebastián, Coamo, Barranquitas, Corozal, Toa Alta y la regional del distrito de Carolina, según se mencionó en un comunicado de prensa.

Estos despachos trasladarán sus servicios a la sede central de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en San Juan.

Según dijo Dalmau en el comunicado, el cierre de estas oficinas no hubiesen ocurrido si el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Varela, “hubiera dado paso a las enmiendas al Código Electoral que el Senado aprobó”.

De esta manera, dijo Dalmau, “tendríamos los procedimientos establecidos para activar lo que se conoce como las Juntas de Inscripción Temporera”, que hubiese permitido el mantenimiento de centros de servicios a los electores en los 78 municipios, a partir de agosto.

“La decisión del representante Varela, de no atender este proyecto, ya ha creado un clima de incertidumbre laboral en la CEE y ha acelerado el cierre de las JIP en los 78 municipios contrario a lo solicitado por todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico”, lamentó Dalmau.

“Igualmente, ante este escenario, muchos empleados se verán forzados a trasladarse a lugares distantes de sus hogares y los electores igualmente se verán obligados a hacer sus trámites en municipios diferentes al suyo”, agregó

Dalmau explicó que en las propuestas de enmiendas que no fueron atendidas en la Cámara incluían: nuevos términos y regulaciones sobre el voto adelantado, garantías procesales sobre el nuevo registro electrónico y corregir el proceso de selección del presidente de la CEE.

Asimismo, las enmiendas incluían procedimientos para evitar las largas filas en la votación.

San Juan (EFE) – En el marco de la conmemoración de los 500 años de fundación de San Juan, el alcalde de la capital, Miguel Romero, anunció este domingo que como parte de las festividades, se celebrará el Festival Capital del 22 al 25 de julio próximos.

Como parte de las actividades del Festival Capital, llegarán a Puerto Rico cinco buques escuela y 100 veleros de diversos países para celebrar la Regata San Juan 500, detalló Romero en un comunicado de prensa.

Al momento, han confirmado su visita los buques escuela Gloria de Colombia, Cuauhtémoc de México, Juan Bautista Cambiaso de República Dominicana, Capitán Miranda de Uruguay y Cisne Branco de Brasil.

Estos barcos podrán ser visitados los cuatro días del festival desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, las regatas se llevarán a cabo el 23 y 24 de julio desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, saliendo desde el malecón de Cataño hasta el puerto de San Juan.

Estas actividades podrán ser visibles desde el Distrito de Convenciones, donde se realizarán las competencias infantiles, los muelles de San Juan, El Morro y si las condiciones del tiempo lo permiten, los botes de vela también se desplazarán hacia el área del Escambrón.

Los veleros se trasladarán desde Fajardo a San Juan el 23 de julio, y se espera que lleguen a la Bahía de San Juan a las 9:00 de la mañana.

Las categorías de vela grande que participarán, son: IC-24 y O’Day Mariner 19, mientras que las de vela pequeña serán ICLA4, ICLA6, Sunfish Open, 420, Optimist Green, Optimist Advance, Open Bic y Hobie Wave.

Las competencias se celebrarán bajo las reglas internacionales, por esto, habrán jueces de la Federación Internacional.

El festival ofrecerá también espectáculos artísticos en la tarima que se ubicará frente al Muelle 3 a partir de las 2:00 de la tarde los cuatro días.

Algunos de los artistas que actuarán son Víctor Manuelle, Vico C, Grupo Manía, Liza M, Plenéalo, Cauty, Son Divas, Elix, Algarete, Límite 21, Atabal y Hermes Croatto.

Además, habrá mercados artesanales con sobre 60 artesanos locales en la Plaza Colón y en el Paseo de la Princesa.

Asimismo, habrá recorridos de la Ruta de los 500 Años libre de costo con 20 espacios disponibles en cada recorrido, siendo el de español a las 10:00 de la mañana y el de inglés a las 2:00 de la tarde.

Otra de las ofertas del Festival Capital son las exposiciones de arte.

En la Galería San Juan Bautista del Museo de Arte, se presentará la exposición “Códices Mexicanos, Memorias y Saberes”, la cual abrirá al público el 15 de julio a las 7:00 de la noche.

También en el Museo de San Juan se presenta en la Sala Campeche, la exposición “Arte, Imagen y devoción: San Juan 500 años”, y en la Sala Oller se exhibirá “La Ciudad en el Tiempo, cinco siglos de representación artística”.

A través de estas obras se puede apreciar cronológicamente el desarrollo urbano, social y cultural de los sectores que componen la isleta sanjuanera: los distritos históricos del Viejo San Juan y Puerta de Tierra, según se detalló en el comunicado.

Finalmente, en la Sala Pablo Casals, ubicada en la Biblioteca Carnegie, se exhibirá la exposición “Pablo Casals: Un tributo a San Juan en sus 500 años”.

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (25 de Junio de 2022) – Los inspectores de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados (DFM) del Departamento de Agricultura (DA) fueron amenazados con el despido si continúan decretando el cese de inspecciones de los alimentos importados y de la producción local, debido a que el reembolso de 40 centavos que reciben por milla transitada resulta insuficiente para enfrentar el alza en el costo de la gasolina.

La amenaza de despido ocurrió el pasado martes 21 de junio, cuando los inspectores de DFM decidieron suspender las inspecciones hasta que no se aumente a 80 centavos el pago por milla transitada. Una protesta similar se efectuó el pasado 31 de mayo.

La amenaza de despido figura en una carta circular que emitió el secretario auxiliar de recursos humanos y relaciones laborales del DA, Noel Toro Zambrana.

 En la carta el funcionario advirtió al personal de la DFM que el cese de labores será penalizado con el despido porque la huelga no es un derecho en el gobierno, según surge de una copia del documento recibida en este medio.

Ese día el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, emitió una orden administrativa que dispone efectuar al azar las inspecciones de los productos importados y locales. La determinación sustituye la inspección rigurosa de furgones y de la producción local, antes de su distribución en el mercado.

El cese de inspecciones ocurre en momentos cuando la industria local de huevos se queja de que tiene miles de docenas de huevos que no han llegado al mercado porque están detenidas en sus almacenes en espera de que sean inspeccionadas.

La información figura en una carta que la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, le envió al representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, el pasado 21 de junio.

En la carta la representante Nogales le solicitó a Rivera Segarra que investigue la situación y le pida al secretario de Agricultura un informe de lo ocurrido con las inspecciones de la DFM

Se espera que más empresas denuncien que tienen detenida la entrega de sus productos en espera de que sean inspeccionados, porque desconocen la orden administrativa de González Beiró.

 Entre los productos importados y de producción local que son objeto de inspecciones figuran huevos, carne de aves, pollo entero y sus partes, azúcar, café, guineos, plátanos, batatas, malangas, yautías, tomates, repollos y otros 22 productos adicionales.

Antes de la decisión de González Beiró, los técnicos de la DFM indagaban la gran mayoría de los furgones con alimentos importados que introducen al país las compañías marítimas en los puertos, y la importación de alimentos que se realiza a través de aviones en los aeropuertos. También visitaban decenas de granjas locales que cosechan y producen algunos de los productos que se deben inspeccionar.

El objetivo de las inspecciones es determinar que los alimentos importados no contengan hongos, enfermedades, podredumbre, insectos o daños que impidan su consumo.

Ante la incapacidad de Agricultura para aumentar la compensación por millaje transitado a los inspectores de la DFM, González Beiró tomó la decisión drástica de hacer las inspecciones al azar, lo que reducirá significativamente la cantidad de granjas locales y de furgones inspeccionados.

La fuente indicó que la decisión se pudo evitar si cuatro vehículos de la flota de Agricultura fueran asignados a los inspectores de DFM. La gasolina que consumen los vehículos del gobierno es pagada a través de unos contratos con determinadas gasolineras que regula la Administración de Servicios Generales. 

Actualmente la flota de vehículos de Agricultura está en dominio de los directores regionales y de los funcionarios de confianza.

La determinación de González Beiró reduce los ingresos que recibe el DA por las inspecciones que realiza la DFM. Por cada inspección el DFM ingresa hasta $300 por furgón o por granja, los cuales se utilizan para pagar los gastos de esa división, incluyendo los pagos por dieta y millaje que reciben los inspectores. Las inspecciones generan $1.5 millón al año.

Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo

EyBoricua y Bonita Radio

La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió esta tarde una orden de cese y desista, y la paralización inmediata de las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso.

La orden (22-146-ZMT) estipula las siguientes órdenes: “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”.

El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso.

Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia.

El documento firmado por la Secretaria Interina Anaís Rodríguez Vega también le exige a CIC que le muestre causa al DRNA por la que no debe ser multada por más de $100,000 y convoca a comparecer a la empresa a una cita en la agencia para una vista administrativa el 22 de julio a las 10:00 AM, Sala Héctor Russe, piso 4, oficinas centrales. Esta vista es pública y la ciudadanía puede asistir.

La orden de paralización inmediata ocurre dos días después que se publicara una pesquisa de EyBoricua y Bonita Radio que reveló que los trabajos que CIC realiza en la zona protegida del karso no tienen nada que ver con actividades de dragado, como lo estipula el contrato y el permiso de mantenimiento de obras otorgado.

En su lugar, CIC opera una actividad industrial de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena a gran escala. Este tipo de operación está regulada y requiere de permisos específicos con los que CIC no cuenta.

“Todos y cada uno de los actos imputados se realizaron sin contar con los permisos, autorizaciones, franquicias y endosos estatales y federales necesarios, impactando y modificando hábitat natural; extracción, remoción, creación, de caminos y eliminación de árboles y vegetación afectando y poniendo en riesgo elementos críticos identificados, pudiendo causar efectos o alteración de patrones esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio, tanto para especies terrestres como especies acuáticas, unas que habitan el mogote y otras dentro del embalse que se nutre Del Río Grande de Arecibo. Utilización de aguas públicas sin contar con los permisos y franquicia requerida, mediante conducta temeraria, contumaz y en abierto menosprecio a las Órdenes de Paralización emitidas por los Vigilantes del DRNA”, dice la orden del DRNA en un apartado donde resume los hechos del caso.

La pesquisa desarrollada por EyBoricua y Bonita Radio narra en esta historia multimedios cómo funciona la cantera que opera CIC.

De otra parte, la segunda entrega de la serie investigativa Cantera de Corrupción reveló las conexiones de políticos del PNP y consultores, así como un exsecretario del DRNA, ahora consultor del proponente, candidatos derrotados a alcaldías y operativos políticos, que laboran desde la gerencia intermedia de las agencias de permisología y fiscalización sin que hayan hecho nada para impedir las posibles violaciones ambientales y el negocio viabilizado con un contrato gubernamental.

La tercera parte de la serie explica en detalle cómo la operación de CIC se alega que podría suponer ocho violaciones a leyes ambientales de Puerto Rico y de Estados Unidos. Las alegaciones forman parte de la documentación oficial del caso y los informes técnicos del DRNA que reveló esta pesquisa.

Al cierre de esta edición, la ingeniera Doriel Pagán Crespo, presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha contestado preguntas de Bonita Radio y EyBoricua en relación a lo que se descubrió en una pesquisa publicada desde el miércoles 23 de junio y que coloca a la agencia otorgando un contrato de dragado a CIC mientras en los predios de la mencionada planta, se desarrolló desde diciembre del 2021, una cantera sin permisos.

Aquí la Ingeniera Pagan responde a preguntas relacionadas a esta pesquisa que le hizo Dianerys Pagán, periodista de Tele Oro .

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (24 de Junio de 2022) – Las profundas diferencias que dividen a los integrantes de la industria lechera surgieron ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes que quedó marcada por la indiferencia del Departamento de Agricultura y por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), quienes no asistieron al evento a pesar de que se les responsabiliza de incumplir sus responsabilidades legales y por no garantizar un margen adecuado de ganancia a los miembros del sector.

Al inicio de la vista el representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, indicó que temprano en la mañana la Comisión recibió una llamada en que se informó que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y el administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, no asistirían.

Rivera Segarra dijo que ya estaba acostumbrado a tales ausencias, en alusión a que el secretario resistió asistir una vista pública sobre seguridad alimentaria y solo asistió luego que se anunciara que la Cámara se proponía acudir al tribunal para exigir su comparecencia. El legislador dijo que estudiará los pasos a seguir para garantizar la futura comparecencia de los funcionarios.

En la vista pública emergió un contradictorio escenario que revela una reducción en el consumo de leche, mientras la ORIL patrocina una producción excesiva que eleva el monto de los excedentes, los cuales son exportados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos, mientras simultáneamente se registra la importación de leche desde los Estados Unidos por una de las plantas procesadoras.

Los graves retos económicos que enfrentan los integrantes de la industria lechera, que amenaza la existencia tanto de vaquerías como de las plantas procesadoras, quedó claramente planteada en una vista pública a la que asistieron pocos legisladores, a pesar de que la industria lechera es uno de los pocos sectores de la economía local en la que la gran mayoría de sus integrantes son empresas netamente puertorriqueñas.

De hecho, los interrogatorios de los pocos legisladores que asistieron a la vista demostraban a simple vista que no entendían la problemática y que sus preguntas fueron preparadas por otras personas.

En el caso de la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, la situación fue patética, pues solicitó información sobre la plantilla y los salarios de los empleados de la empresa Suiza Dairy, pero no indagó sobre la denuncia realizada por los directivos de la empresa, el gerente general, Egberto Torres Cava, y la licenciada Janice Ramírez, directora legal, sobre que enfrentan pérdidas desde 2013 que continúan operando en el país por el respaldo financiero de su corporación matriz.

Suiza Dairy procesa el 60 % de la producción de leche de los ganaderos del país y apenas varios años atrás invirtió $40 millones en una nueva planta procesadora en Aguadilla.

Incumplimiento de la ORIL

En la vista la licenciada Ramírez sostuvo que el principal escollo que le impide Suiza Dairy enfrentar sus graves retos económicos es el incumplimiento de la ORIL a su propia reglamentación, que exige garantizar un margen adecuado de ganancias a los integrantes de la industria lechera.

En la vista el ganadero Carlos Benítez denunció un patrón de incumplimientos de parte de la ORIL que incluye la toma de decisiones de manera unilateral y en violación a los reglamentos, y la imposición de cambios en la forma de pago sin una evaluación científica, lo que atenta contra la estabilidad financiera del ganadero.

Indicó que el último cambio aconteció varias semanas atrás, cuando la ORIL anunció que se le pagará entre 90 y 92 centavos por cada litro de leche producida, pero Benítez sostuvo que el pago real es de entre 77 y 78 centavos. El cambio también incluyó descartar la cuota de leche como factor para estimar el pago por litro al ganadero, lo que según Benítez y su abogado, el licenciado Homel Mercado Justiniano, ha causado una depreciación de la cuota como instrumento financiero.

El licenciado Mercado Justiniano dijo que por una decisión “improvisada” por parte de la ORIL, la cuota de leche ya no servirá como colateral para los préstamos de los ganaderos y que las instituciones financieras exigirán la inclusión de otras propiedades para garantizar las deudas o aumentarán los intereses de los financiamientos.

Benítez, quien ha dicho públicamente que se propone impugnar en el Tribunal Federal las acciones de la ORIL, dijo que la agencia reguladora persigue a los ganaderos que cuestionan sus decisiones ordenando decomisos de leche injustificados.

Sobre este aspecto, el representante Rivera Segarra dijo que conocía de las decisiones abusivas contra los ganaderos ordenadas por la ORIL. El ganadero exhortó a la Comisión a investigar las acciones de la ORIL y referir al Departamento de Justicia aquellas que resulten claramente ilegales y abusivas.

En la vista también participó a través de videoconferencia el economista José Alameda, quien abogó por equilibrar la producción de leche según el consumo y respaldó apoyar el adiestramiento de los ganaderos para aumentar la eficiencia de las vaquerías, en vez de favorecer el cierre de las ineficientes.

Economista cuestiona tardanza

Alameda cuestionó la tardanza de la ORIL en realizar los estudios económicos para decretar, si es necesario, un alza en el precio de la leche y compensar el aumento en los costos de producción. Indicó que cuando la ORIL toma una determinación ya ha cambiado el escenario económico, lo que convierte esa decisión en inefectiva.

 También dijo que el Estudio Exhaustivo que debe realizar cada cuatro años la ORIL, utiliza criterios muy bajos para estimar la ganancia razonable de los ganaderos. El economista, quien fue contratado por un grupo de ganaderos liderado por Benítez, dijo que entre esos criterios figura el índice de precios al consumidor, que el Departamento de Trabajo usa para estimar la inflación y cuya tasa es muy baja. Otro criterio es una tasa de rendimiento sobre activos que fue diseñada para las pequeñas empresas y no para las operaciones agrícolas.

El economista recomendó una tasa de inflación diseñada por la Junta de Planificación y una tasa de rendimiento sobre activos que considere los riesgos que enfrentan las operaciones agrícolas. Alameda respaldó evaluar varios esquemas para el pago al ganadero y seleccionar el mejor, lo que fue aplaudido por los ganaderos presentes en el salón de audiencias.

A la vista compareció Manuel Enrique Arbona, quien preside la Junta de Directores de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), la Junta de Directores de Indulac y es el vicepresidente de la Junta de Directores del Fondo Fomento de la Industria Lechera.

Arbona presentó un panorama diametralmente opuesto al discutido por los deponentes anteriores en el que las acciones de la ORIL no afectan la industria lechera. Indicó que la legislatura debía investigar el acuerdo entre las plantas procesadoras y el gobierno, como parte del caso ventilado en el Tribunal Federal. Solicitó investigar las dificultades que ha enfrentado el Molino de Asociaciones Pecuarias y la operación de la nueva planta de Suiza en Aguadilla. Además, solicitó investigar la venta de préstamos agrícolas por parte del Banco de Desarrollo Económico.

En la vista Arbona respaldó la decisión de la ORIL en el 2020 de destinar la producción de leche de ocho vaquerías a Indulac, lo cual fue impugnado por Suiza Dairy en el Tribunal Apelativo. Recientemente ese tribunal determinó que la decisión de la ORIL es nula porque modificó de manera arbitraria la naturaleza de Indulac como planta de balance y porque no cumplió con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Cuestionan falta de transparencia

Benítez planteó que la ORIL no ha sido transparente con la exportación de la leche a la República Dominicana, una operación que realiza la planta Indulac y que ha representado la exportación más de 1 millón de cuatrillos cada 15 días durante los pasados meses. Benítez dijo que el pago al ganadero por esa leche es de 25 centavos por litro, lo cual no alcanza para cubrir el costo de producción por litro, estimado en 70 centavos.

“República Dominicana es la planta de balance de Puerto Rico”, sostuvo Benítez, en alusión a que, alegadamente, Indulac ya no opera como planta balance luego de que fue adquirida por Coopple, en una controvertible transacción el pasado cuatrienio que no fue respaldada por el entonces secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

En la reglamentación de la ORIL, Indulac figura como una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche y producir subproductos lácteos como queso, mantequilla y mantecado.

La reglamentación de la ORIL también dispone que el único accionista de Indulac es el Fondo de Fomento de la Industria Lechera, una entidad creada por ley y revestida de interés público.

Más adelante en la vista, el presidente ejecutivo de Indulac, Francisco Orama Irizarry, justificó la falta de información sobre las ventas de leche a República Dominicana con el argumento de que Indulac es una empresa privada. Orama también aludió a que “Indulac es una empresa privada” para rechazar que la empresa sea sometida a una auditoría forense, como ha exigido el ex secretario Flores Ortega.

Incluso, Orama dijo que durante la vista pública se comunicó con la empresa dominicana Rica para que se le permitiera divulgar el precio por litro que le cobra Indulac.

A 34 centavos la leche a República Dominicana

El ejecutivo dijo que Indulac vende cada litro de leche cruda a Rica en 34 centavos. Además, antes de enviar la leche a la República Dominicana, la planta Tres Monjitas efectúa un “pre-pasteurizado” que tiene un costo de 7 centavos. Orama dijo que Indulac invierte cerca de 13 centavos por litro en el manejo del producto antes de su exportación y que la empresa pierde 2 centavos por litro.

“Esto es un servicio al ganadero”, sostuvo Orama, en alusión a que la exportación de leche es medida empleada para evitar el decomiso del producto.

El ejecutivo también dijo que a partir del 1 de julio la empresa Rica pagará 40 centavos por cada litro.

Indicó que desde 2018 Indulac ha exportado 14.3 millones de litros anuales a República Dominicana, lo que implica que hasta el 2021 Indulac exportó 57.4 millones de litros. Orama dijo que en esos años la exportación representó $18 millones de ingreso para los ganaderos.

Orama reveló que Indulac también exporta productos lácteos terminados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos. El pasado año esa exportación implicó el uso de 30 millones de cuartillos.

Ninguno de los legisladores realizó preguntas sobre la presunta pérdida de 2 centavos por litro en la exportación de leche cruda a la Rica, que suman $1.1 millón entre 2018 y 2021. Tampoco cuestionaron el esquema de costo revelado por Orama para la leche cruda exportada.

Tampoco se cuestionó porqué el precio por litro que le cobra Indulac a Rica era un asunto tan confidencial que requirió que Orama llamara a la empresa dominicana para que se le permitiera divuglarlo en la vista pública. Por lo general la confidencialidad de los acuerdos entre empresas ocurre en mercados sumamente competidos. La exportación de productos terminados, que implicó el uso de 30 millones de cuartillos el pasado año, tampoco generó interrogantes entre los legisladores.

Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo
EyBoricua.com y Bonita Radio

La operación de Caribbean Island Construction (CIC) de una cantera en la zona especial del karso desde enero de 2022 se alega que produce violaciones de por lo menos ocho leyes ambientales de Puerto Rico y de Estados Unidos.

La pesquisa revelada esta semana por EyBoricua.com y Bonita Radio descubrió que en el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago hay una actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena que opera mediante pagos en efectivo.

Según la documentación oficial del caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) analizada por esta pesquisa, algunas de las violaciones de ley que se le podrían imputar a CIC incluyen leyes ambientales de Puerto Rico que regulan la extracción de grava y piedra; para proteger la integridad de la zona protegida del karso; para conservar, desarrollar y usar recursos de agua; para proteger la vida silvestre y los bosques de Puerto Rico y de control de inundaciones.

Asimismo, pueden haber incurrido en violaciones a leyes ambientales federales debido a la construcción de charcas de retención y uso de aguas, no contar con control de escorrentías para que las aguas de los caminos y los cunetones no lleguen al Río Grande de Arecibo, así como descargar material de relleno y aguas usadas al cuerpo de agua.

Todas estas imputaciones aparecen mencionadas en los informes técnicos de los biólogos Farel Velázquez, oficial de manejo del refugio de vida silvestre, embalse Guajataca, experto en especies acuáticas y Ramón Rivera, líder de la división de ecología terrestre del DRNA.

El informe de Rivera, fechado 10 de mayo, es el más detallado hasta el momento en poder de esta pesquisa. El documento constata que durante la inspección que el biólogo hizo junto a la geóloga Ruth Vélez y los investigadores del caso, pudo observar posibles violaciones a las mencionadas leyes y a la que prohíbe alterar un hábitat natural y otras que regulan la integridad de las especies en peligro de extinción como la palma de corozo y el árbol de maga. Esta inspección fue el 27 de abril.

“Entendemos que los actos de remover material de la corteza terrestre y vegetación sin los debidos permisos redundan en violaciones a la Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley de Bosques y las condiciones del permiso emitido por OGPe. Recomendamos que la Oficina de Asuntos Legales proceda a redactar y presentar querella contra la AAA y Caribbean Island Contractors LLC [sic] como infractores de las leyes y reglamentos que administra el DRNA. De igual manera, sugerimos presentar ante el Tribunal a nombre del DRNA acción para impedir, prohibir o evitar cualquier más violación a las leyes y reglamentos”, concluye el biólogo, quien detalla también posibles violaciones al permiso y multas que podría enfrentar CIC por supuestas violaciones a la Ley de Bosques.

De otra parte, el informe del biólogo Velázquez constata que durante su inspección, el 22 de abril, notó que “no había control, identificación o censo de las especies acuáticas nativas o endémicas que en el Río Grande de Arecibo abundan”.

“Es un área extensa y un proyecto ambicioso donde el impacto no se limita únicamente al dragado, sino que se extiende al área protegida del carso y hábitat de las especies nativas, como la boa puertorriqueña, entre otros”, añade Velázquez.

Además, el experto advierte en su informe que en el Río Grande de Arecibo se ha registrado la presencia de un total de 27 especies acuáticas, incluyendo a siete nativas de agua dulce, 13 especies nativas de estuario y siete especies exóticas.

“No se ha presentado ningún protocolo o proceso para mitigar el impacto del dragado al ecosistema acuático. Este tipo de trabajo afecta dramáticamente, los parámetros de calidad de agua en el entorno. Se ha documentado que este tipo de trabajo sin los controles adecuados eleva los niveles de sólidos suspendidos en el agua, deteriora el oxígeno disuelto en el agua y aumenta las concentraciones de metales pesados”, argumenta el experto en especies acuáticas, quien sustenta su informe citando estudios científicos, leyes y planes del DRNA y documentación oficial sobre las actividades que regulan las leyes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.  

“Entendemos que este tipo de proyecto establecen que es necesario el aval y recomendaciones de agencias estatales y federales. Hasta este momento (25 de mayo, cuando firma y entrega su informe) no se han presentado los puntos de vista de agencias federales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, entre otras”, concluye el biólogo.

Es importante recordar que el Río Grande de Arecibo está en la lista de los cuerpos de agua sobre los que el Cuerpo de Ingenieros ejerce su autoridad regulatoria, bajo la sección 10 del Rivers and Harbors Act y la sección 404 del Clean Water Act.

Hasta el momento, la única investigación formal contra las actividades de CIC es la que dirige el DRNA. Consta una querella radicada por la representante Mariana Nogales ante Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

En estos dos videos -grabados durante la primera semana de junio- se puede apreciar el impacto que reseñan los informes del DRNA.

Por Sandra D. Rodríguez Cotto

Especial para EyBoricua

San Juan, 24 de junio – Mientras los republicanos en el estado de Texas presionan por la celebración de un referéndum sobre una posible independencia de los Estados Unidos, los usuarios de las redes sociales sugirieron una idea: cambiar Texas por Puerto Rico.

Aunque la Constitución de los Estados Unidos no contempla la secesión, el Partido Republicano de Texas incluyó la medida en una plataforma partidaria propuesta por la que votaron los delegados en su convención estatal la semana pasada, reveló la revista Newsweek ayer.

La medida pide a la Legislatura de Texas que apruebe un proyecto de ley en su próxima sesión que permita un referéndum en 2023 para que “el pueblo de Texas determine si el estado de Texas debe o no reafirmar su condición de nación independiente”.  Expertos entrevistados por Newsweek dijeron que la probabilidad de que Texas se separe de los Estados Unidos es muy poco probable.

Aun así, algunos cibernautas en las redes sociales acogieron con beneplácito la idea de la secesión de Texas y sugirieron que podría brindar una oportunidad para que Puerto Rico y Washington, D.C. obtengan la estadidad.

“Dejemos ir a Texas y traigamos a Puerto Rico y DC”, escribió un usuario de Twitter, obteniendo más de 17,000 “likes” (me gusta). Pero una organización que cabildeaba para que Puerto Rico se convirtiera en un estado, argumentó que la estadidad puertorriqueña no debería basarse en las decisiones de ningún otro estado.

“El Congreso debería ofrecer a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico la admisión como estado basándose en el hecho de que la mayoría de los votantes de la isla han elegido repetidamente la estadidad en las urnas, no en la posibilidad de que las personas en cualquier otro estado estén considerando la secesión que, en la medida de lo posible, que yo sepa, no está permitido por la Constitución de los Estados Unidos”, dijo George Laws García, director ejecutivo del Puerto Rico Statehood Council.

“No nos hacemos de ilusiones sobre la posibilidad de que Texas realmente se separe de la Unión y luego Puerto Rico los reemplace como estado, pero tenemos una esperanza genuina de que el Congreso finalmente responda a los votantes en Puerto Rico que exigen democracia plena, igualdad y derechos de voto a través de la estadidad”, agregó.

Puerto Rico ha realizado varios referéndums sobre la estadidad, el más reciente en noviembre de 2020, cuando el 52.5% de los votantes dijo que la isla debería convertirse en el estado número 51 de la nación estadounidense. Esa elección no fue vinculante ya que sólo el Congreso puede cambiar el estatus político de la isla y jamás lo ha permitido en 124 años de coloniaje.

El mes pasado, un grupo de legisladores estadounidenses dio a conocer un proyecto de ley que proponía realizar un plebiscito vinculante en noviembre de 2023 para permitir que los puertorriqueños decidan su futuro. La Ley del Estatus de Puerto Rico, (Puerto Rico Status Act) es un proyecto de ley en consenso alcanzado entre ciertos congresistas ofrece tres opciones para Puerto Rico: convertirse en un estado, volverse completamente independiente o ser independiente en libre asociación, manteniendo algunos vínculos con los Estados Unidos. Hay pocas posibilidades de que el proyecto prospere. 

San Juan, 24 de junio (EFE) – Una agente de la Policía resultó herida este viernes en su pierna derecha tras ser impactada por un conductor en estado de embriaguez en Isla Verde, informaron las autoridades.

Según detalló la Policía, mientras la agente Leyda Ruiz Suárez, adscrita a la Comandancia de Carolina, dirigía el tránsito frente al Hotel San Juan, esta le ordenó a un conductor, identificado como Pedro Jaime Torres López, que detuviera su marcha.

No obstante, este ignoró la orden de la oficial, impactándola en la pierna derecha con la parte derecha de su vehículo.

Tras el impacto, Torres, cuya edad no fue dada, fue intervenido por la Policía para hacerle la prueba de alcoholemia, la cual arrojó .16%, el doble de lo permitido por ley.

Además, Torres no era un conductor debidamente autorizado, pues no poseía licencia para conducir, ni había pagado los derechos anuales del marbete para su automóvil involucrado en este hecho.

La supervisora de la agente herida, la sargento Yolanda Rivera, señaló que la condición de Ruiz es estable y que fue asistida por paramédicos del Municipio de Carolina.

Durante la mañana de hoy se hará la consulta correspondiente con la fiscalía a los fines de canalizar la radicación de cargos criminales contra Torres.