Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (21 de noviembre de 2020) – Cuando apenas faltan poco más de un mes para abandonar el gobierno, la administración de Wanda Vázquez Garced le anunció formalmente ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que no pondrá en vigor las leyes de retiro incentivado 80, 81 y 82, que fueron firmadas por la gobernadora el pasado mes de agosto.
El sorpresivo anuncio lo reveló la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, durante una reunión virtual del organismo federal que fue difundida a través de su página de internet y que fue traducida al español simultáneamente.
En la reunión Jaresko dió a conocer una carta que ayer en la mañana le hizo Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), en la que el funcionario aseguró que el gobierno no implementará las leyes de retiro incentivado hasta tanto lleguen a un acuerdo con la JSF.
«El gobierno no implementará las leyes de retiro hasta tanto lleguen a un acuerdo con la Junta», dijo Jaresko luego de leer una carta de Marrero.
“Aunque tenemos objeciones a lo que dice en el primer párrafo, esta carta nos dice que el gobierno no implementará las leyes hasta tanto se logre un acuerdo con la Junta”, dijo Jaresko, en referencia a que Marrero insistió al inicio de la carta que las leyes de retiro generarán ahorros al gobierno.
El anuncio de Marrero acontece en momentos cuando la Administración de los Sistema de Retiro ha coordinado en todas las agencias del gobierno y en los municipios la celebración de charlas de orientación a los empleados públicos sobre los beneficios de las leyes, mientras la JSF ha insistido que el gobierno carece de los fondos para pagar las pensiones.
La JSF ha advertido que los empleados públicos no deben acogerse al retiro porque, además de perder sus trabajos, podrían no recibir las pensiones prometidas debido a que existe el riesgo de que el Tribunal Federal anule las leyes. Según la JSF, unos 16,040 empleados públicos podrían ser elegibles a las ventanas de retiro.
El organismo federal ha sostenido que las leyes de retiro incentivado podrían costarle al gobierno unos $8,300 millones en 30 años, un compromiso cuyo cumplimiento es incierto debido a la precariedad de la economía y a la dificultad en resolver a corto plazo los problemas fiscales del gobierno.
Pero las charlas y una carta circular emitida por la Administración de los Sistema de Retiro y la Oficina de Gerencia y Presupuesto iniciando el proceso para acogerse a las leyes de retiro incentivado, han alentado las esperanzas en miles de empleados públicos sobre que finalmente podrán retirarse con una pensión equivalente al 50 % de sus salarios. Este porcentaje es un 12 % mayor que la pensión promedio garantizada por la ley 3 del 2013, que redujo las pensiones aproximadamente al 38% del salario.
“Estas leyes lo que hacen es repetir los errores del pasado que llevaron el sistema de pensiones del gobierno a la bancarrota”, sostuvo Jaresko, quien insistió en que el gobierno de la isla no debe continuar prometiendo beneficios a empleados públicos que no pueden cumplir.
En su exposición, Jaresko explicó que el gobierno no ha mostrado datos ni cifras que demuestran que las leyes generan ahorros o que su efecto es neutral. La ley 80, que surgió del proyecto 1616 del Senado, abre una ventana de retiro en la mayoría de las agencias del gobierno. Esta medida la presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista, y sus principales proponentes fueron el senador Carlos Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla.
La ley 81 establece una ventana de retiro en la policía, los bomberos y en otras agencias de seguridad. La ley fue originada por el proyecto del Senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que fue radicado por el senador Gregorio Matías.
La ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
Las tres medidas fueron convertidas en ley por la gobernadora Vázquez Garced a principios del pasado mes de agosto, cuando solo faltaban días para la celebración de las primarias.
En cartas anteriores dirigidas a Marrero y a la gobernadora, la funcionaria federal indicó que las leyes parecen ser un intento de eludir el congelamiento de beneficios en los planes de pensión del gobierno establecidos por la JSF y los planes en agenda de imponer nuevos congelamientos de beneficios.
Jaresko también ha sostenido que la implementación de las leyes podría resultar en un discrimen contra los empleados que no tengan la edad para la jubilación y que en el futuro, cuando cumplan con los requisitos, podrían exigir el mismo trato, un reclamo que podría generar serias implicaciones legales si el gobierno no lo puede garantizar.
