Organizaciones especializadas en violencia doméstica temen consecuencias adversas de los proyectos legislativos P. de la C. 415 y P. del S. 430
San Juan, Puerto Rico – Aunque reconocen la intención de la gobernadora Jenniffer González de fortalecer los servicios dirigidos a sobrevivientes de violencia doméstica, la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género expresó su oposición a los proyectos legislativos que proponen operar estas organizaciones bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP).
La Red, compuesta por siete organizaciones que administran los nueve albergues especializados en Puerto Rico, levantó su voz a través de una carta enviada a legisladores y firmada por su presidenta, Coraly León. En la misiva, advierten que los proyectos de la Cámara 415 y del Senado 430 podrían poner en riesgo la eficacia y sensibilidad de un sistema de apoyo que lleva más de 40 años operando desde el tercer sector.
Según indican, la Ley 29-2009 que regula las APP fue concebida en el contexto de una crisis fiscal para atender la construcción de infraestructura como autopistas, aeropuertos y sistemas de transporte, y no para servicios especializados y centrados en derechos humanos, como los que proveen los albergues.
“No se trata simplemente de un techo, sino de acompañamiento integral en un momento de crisis profunda”, subraya la carta.
Entre las preocupaciones principales figura la exclusión de las organizaciones especializadas del proceso de consulta. La Red cuestiona la falta de participación del tercer sector en la evaluación de los proyectos y la ausencia de criterios claros sobre el peritaje necesario para operar este tipo de servicio bajo el modelo APP. También se desconoce si los fondos requeridos estarían aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal.
La Red ha solicitado reuniones con la gobernadora, con legisladores y ya sostuvo un encuentro con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés. Aunque no tienen turno para deponer en la vista pública programada para este lunes, sus representantes se proponen asistir.
Como alternativa, la Red sugiere excluir los albergues del marco de la Ley 29-2009 y utilizar esta legislación para desarrollar vivienda asequible para sobrevivientes, una necesidad urgente y complementaria. Otras recomendaciones incluyen fortalecer el financiamiento directo y ágil a organizaciones con historial probado, invertir en programas de prevención, educación y seguridad económica, y establecer espacios multisectoriales de consulta.
Finalmente, recalcan que los verdaderos retos de los albergues son los retrasos en pagos por reembolso, la inestabilidad de fondos estatales y la falta de una política pública coherente.
“El modelo de APP no resolvería estos problemas; podría incluso agravarlos”, concluyen en su carta.
La Red Nacional de Albergues está integrada por las siguientes organizaciones sin fines de lucro: Hogar Ruth, Casa Protegida Julia de Burgos I y II, Casa de la Bondad, Casa de Todos, Hogar Nueva Mujer, Hogar La Piedad y CAPROMUNI I y II.
