Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan–El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, radicó una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por un presunto conflicto de intereses y otras violaciones éticas.
El conflicto y las violaciones éticas están relacionadas con la aprobación por parte del Departamento de Agricultura (DA) de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el secretario y su hijo, Ramón González Bennazar, son socios.
La querella fue presentada el pasado 22 de noviembre, luego de que en la pasada sesión legislativa la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado decidiera no bajar a votación la Resolución del Senado 629, que propone investigar el presunto conflicto de intereses.
La medida, que fue radicada por la senadora María de Lourdes Santiago el pasado 15 de julio, recibió un informe favorable de la Comisión de Asuntos Internos del Senado, que preside la senadora Marially González Huertas, el pasado 18 de agosto.
La radicación de la querella acontece en momentos cuando los organismos investigativos del gobierno se encuentran en entredicho, como es el caso del Departamento de Justicia y la Oficina para el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, debido a la incidencia de casos inconclusos o por la renuencia a investigar determinadas irregularidades, según denuncias públicas realizadas por ex fiscales y abogados.
Incluso, la OEG estaba en conocimiento del contenido de la Resolución 629 y hasta varias semanas atrás, según confirmó la portavoz de esa oficina, no había en curso en esa agencia una investigación en contra de González Beiró.
Tanto Flores Ortega como la Resolución 629 proponen que se investigue el endoso otorgado por el Comité de Energía del DA al proyecto de placas fotovoltaicas propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, el cual se construiría en terrenos agrícolas ubicados en Salinas que pertenecen a Agriart LCC. Clean Flexible Energy es una subsidiaria de la cogeneradora AES, ubicada en Guayama.
Terrenos tienen calificación de protegidos
Flores Ortega señala que AES logró que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara un acuerdo de compra y operación de energía con la Autoridad de Energía Eléctrica, que consta de cuatro proyectos de parques solares que serían construidos en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras.
Según la querella, a través de Clean Flexible Energy, AES logró un acuerdo para alquilar 1,029.63 cuerdas de terreno que pertenecen a la empresa Agriart LLC, para construir un enorme parque solar con un sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría 240 megavatios.
Los terrenos tienen la doble calificación de “Agrícola Productivo” (AP), la cual fue asignada por la Junta de Planificación, y de “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A), según consta en el Plan de Uso de Terrenos.
Otro aspecto relevante de la querella es que los terrenos de Agriart LLC son parte del Corredor Agrícola de la Costa Sur, una reserva agrícola decretada por la Ley 242 de 2008, conocida como Ley de Reservas Agrícolas. En la querella Flores Ortega sostiene que, durante su gestión como director de la Comisión de Agricultura del Senado en esos años, se aprobó la ley 242, la cual, entre otras disposiciones, prohíbe usos que no sean compatibles con el desarrollo agrícola.
Según el ex secretario, el propuesto parque de placas fotovoltaicas en los terrenos de Agriart LLC constituye una violación a ley 242. “Con esta ley vigente, jamás pasó por mi mente que fuera precisamente un secretario de Agricultura el que tratara de burlar esta ley para un proyecto de su beneficio”, sostiene el ex secretario en la querella.
Endosan propuesta pese a violaciones
Advierte la querella que el Comité de Energía del DA concedió un endoso a la propuesta de Clean Flexible Energy, pese a que se violan las clasificaciones de protección para suelo rústico y productivo agrícola y porque en esos terrenos discurren importantes fuentes fluviales como el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste, que alimentan otros predios agrícolas de la zona sur.
También destaca que la acción del Comité de Energía contradice los parámetros para considerar proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas establecidas por el secretario González Beiró.
De acuerdo con la querella, esos parámetros prohíben que proyectos de energía renovable sean aprobados en terrenos con la clasificación SREP-A y AP, lo cual es una de las más alarmantes irregularidades en que pudo incurrir el Comité de Energía durante la aprobación de la propuesta de Clean Flexible Energy. Este señalamiento también figura en la Resolución 629.
Flores Ortega sostiene que resulta inexplicable que el Comité de Energía endosó dos proyectos de energía renovable de AES, uno en Salinas y el otro en Naguabo, pero denegó su endoso a otros dos proyectos de energía renovable, uno en Naguabo y otro en Cabo Rojo, con el alegado objetivo de detener “el uso de terrenos agrícolas para otros propósitos”.
El proyecto de Naguabo, que se ubicaría cerca del proyecto aprobado a Clean Flexible Energy, lo propuso la empresa Naguabo Photovoltaic Power Plant. El proyecto de Cabo Rojo se establecería en el barrio Llanos Costa de ese pueblo y lo propuso la empresa Cabo Rojo Solar Farm.
Secretario creó Comité de Energía
Para aprobar la propuesta de Clean Flexible Energy, según indica Flores Ortega, González Beiró creó el Comité de Energía, un organismo integrado por tres miembros. Un aspecto sobre el posible conflicto de intereses que denuncia la querella, es que González Beiró llenó las vacantes del comité con subalternos que están directamente bajo su mando.
Estos son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced, el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien ocupa el cargo de subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas, y Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos.
Sobre los integrantes del comité, el ex secretario revela un trasfondo ignorado por la Resolución 629, y es que el Certificado Bonafide obtenido por Agriart LLC en 2020 fue recomendado y gestionado por Vélez Rivera, quien para entonces ocupaba la posición de director regional de Ponce. El certificado fue solicitado por González Beiró, quien para entonces era un conocido agricultor de la zona sur de la isla.
El Certificado Bonafide fue solicitado el 4 de noviembre de 2020, un día después de que el gobernador Pedro Pierluisi prevaleciera en las pasadas elecciones. De hecho, la querella destaca que Vélez Rivera aprobó el certificado en menos de 24 horas, el 5 de noviembre, luego de que fuera solicitado.
Nuevo ángulo sobre conflicto intereses
De la querella se desprende que el funcionario que participó en la aprobación de la propuesta de Clean Flexible Energy, que beneficiaría a Agriart LLC, fue la misma que aprobó el Certificado Bonafide para la empresa. Este hecho revela un ángulo hasta ahora desconocido sobre el posible conflicto de intereses.
En el certificado que se le otorgó a Agriart LLC indica que la empresa se dedicaría a la siembra de plátanos. Además, González Beiró figura como representante autorizado. Para obtener el certificado González Beiró presentó un contrato de arrendamiento de la finca DELPIN ubicada en Salinas, con cabida de 39.95 cuerdas y que pertenece a la empresa AG Agro Inc.
El contrato de arrendamiento fue firmado el 27 de octubre de 2020, un mes antes de otorgarse el Certificado Bonafide. Agriart LLC fue incorporada en el Departamento de Estado cuatro meses antes, el día 14 de julio de 2020. La esposa de Ramón González, Mariliana Bennazar, es la secretaria de la corporación.
Agriart LLC adquiere terrenos
Once días después de obtener el certificado de agricultor bonafide, el 16 de noviembre de 2020, Agriart LLC acordó adquirir 1,843.9 cuerdas de terreno agrícola distribuidas en 12 fincas ubicadas entre los municipios de Salinas y Guayama. La transacción se realizó con la empresa Mycogen Seeds, que había cerrado sus operaciones de siembra de semillas en Salinas en el año 2020.
Según la escritura de compraventa, el 17 de febrero del 2021, cuando ya González Beiró era secretario de Agricultura, Agriart LLC pagó $5 millones en efectivo por los terrenos. Flores Ortega sostiene que la transacción se logró con la aportación económica del acaudalado ganadero Michael McCloskey, quien pasó a ser presidente de Agriart LLC, mientras que González Beiró retuvo un 18% de participación en el negocio.
“Esta transacción fue incluida en los informes financieros de Ramón González, sin embargo, se desconoce si la Oficina de Ética Gubernamental ha realizado un análisis de estos hechos al momento de recibir los informes anuales”, indica la querella.
El documento advierte que la determinación del Comité de Energía representará un beneficio económico directo para González Beiró y González Bernnazar, como integrantes de la corporación. También menciona un artículo publicado por este medio, en el que se indicó que una fuente reveló que Agriart LLC obtendría un beneficio mensual por cuerda de entre $200 y $700 durante todo el periodo de madurez del contrato que podría extenderse a 30 años, lo que representará un ingreso multimillonario para la empresa.
“Esto sin duda constituye un enriquecimiento ilegal a través de agenciar un negocio para beneficio personal y familiar con los poderes del cargo que se ocupa en el gobierno”, concluyó Flores Ortega.