San Juan (EFEUSA) – Una inspectora del Negociado de la Policía de Puerto Rico radicó dos querellas contra un piloto por presuntamente «desacatar y/o desobedecer órdenes», por negarse a transportar indebidamente en un helicóptero a la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez.
Según publica este martes el diario «El Vocero», la inspectora Nilsa Bonilla radicó las querellas administrativas contra el piloto José Estrada por «desacatar y/o desobedecer órdenes» al rechazar montar indebidamente en un helicóptero de la Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) a Pérez el pasado 30 de septiembre.
Bonilla le imputó dos querellas a Estrada de una falta grave 18, o sea, «desacatar y desobedecer órdenes legalmente comunicadas en forma verbal o escrita por cualquier superior o funcionario de la Policía de Puerto Rico con autoridad para ello o realizar actos de insubordinación o indisciplina».
La segunda querella es por una falta grave 81, que es «demostrar incapacidad manifiesta, ineptitud, parcialidad o negligencia en el desempeño de sus deberes, funciones y responsabilidad cuando dicha acción u omisión ocasionara o no evitara la violación de derechos civiles, grave daño corporal o la muerte de una persona».
El 30 de septiembre pasado, Pérez se encontraba en la isla-municipio de Vieques en asuntos administrativos.
No obstante, un grupo de residentes de Vieques se agrupó en el muelle, restringiéndole la salida a la funcionaria.
Ante ello, Estrada recibió instrucciones de utilizar su helicóptero para rescatar a Pérez.
Estrada, sin embargo, se negó a dicha acción, para no incumplir las regulaciones de la Administración Federal de Aviación, que prohíben el transporte de civiles en las aeronaves de FURA, por estar clasificadas como «aeronaves públicas».
La violación de estas regulaciones federales conllevan la pérdida de licencia del piloto.
El rechazo de Estrada, a su vez, le conllevó un traslado a otro cuartel de la Policía.
Y ante todo esta situación, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico celebra este martes una vista pública para discutir la Resolución del Senado 1280, de la autoría del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz.
La medida ordena a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en torno las acciones administrativas llevadas a cabo por el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la ATM.
Pérez, no obstante, no acudió a la vista pública, aunque sí el secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Elmer Román.
En su ponencia, Román indicó que el Negociado de la Policía de Puerto Rico realiza una investigación relacionada con la medida legislativa.
Según dijo Román, la investigación, evaluación y adjudicación administrativa se llevarán a cabo conformes con las órdenes generales y los reglamentos aplicaciones, en particular el Reglamento 9088 del 31 de mayo de 2019, Reglamento para el trámite de querellas administrativas.
«He ordenado que dicha investigación se realice de manera confidencial, diligente e imparcial, según lo requieren las antes mencionadas órdenes generales y los reglamentos del NPPR, y que la misma sea concluida en un término no mayor de 45 días», dijo.
De igual manera, informó que impartió instrucciones para que se dejen sin efecto el traslado del teniente Estrada a Arecibo, debiendo este reportarse en funciones administrativas a la base de FURA a su regreso de una licencia previamente solicitada y hasta que culmine la investigación.
