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PUERTO RICO

Proyectos de Gregorio Matías alientan falsas expectativas en empleados públicos

El pasado 4 de febrero el senador Matías radicó el Proyecto del Senado 163, que propone el alza salarial a los custodios del DRC, y el Proyecto del Senado 164, que enmendará la Ley 80 para extender los beneficios del retiro incentivado a determinados empleados públicos cobijados por la Ley 1 de 1990

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan (11 de febrero de 2021) – Mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le deja saber al gobierno que no avalará la Ley 80 para el retiro incentivado, aprobada el pasado año por la legislatura y firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el senador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías, continúa alentando falsas expectativas en los empleados públicos con la radicación de una medida que extenderían el retiro a determinados empleados públicos que la ley había eximido y además, hace retroactivos los beneficios a los empleados que se jubilaron antes de que las agencias distribuyeran el formulario para acogerse al retiro que promete la ley. 

Otra medida presentada por el senador Matías la garantiza al personal de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) un aumento salarial de $3,000 anuales que sería financiado con un cargo de hasta 24 centavos por las llamadas a la línea 311, que permite al ciudadano acceder  servicios y trámites en las agencias de gobierno. La línea 311 es gratuita y se creó para reducir el tráfico de llamadas al sistema 911 que no constituyen una emergencia.

El pasado 4 de febrero el senador Matías radicó el Proyecto del Senado 163, que propone el alza salarial a los custodios del DRC, y el Proyecto del Senado 164, que enmendará la Ley 80 para extender los beneficios del retiro incentivado a determinados empleados públicos cobijados por la Ley 1 de 1990. 

De acuerdo con la medida, la Ley 80 no incluyó a determinados empleados de la Ley 1 por “los posibles efectos perjudiciales” que causaría su jubilación en la mayoría de las agencias. 

Los empleados de la Ley 1 que fueron incluidos en la Ley 80 son aquellos que han sido contratados por empresas con acuerdos de alianzas público-privadas con el gobierno o empleados de agencias que han sido objeto de un plan de reorganización, incluyendo las corporaciones públicas y los municipios. 

La propuesta contenida en el Proyecto del Senado 164 resulta contraproducente porque estimados preliminares indican que el grupo de empleados de la Ley 1 podrían ascender a más de 20,000 individuos, lo que daría más razones a la JSF para rechazar la implementación de la ley 80. Esta ley garantiza un pago mensual de jubilación equivalente al 50 % del salario de los empleados públicos.

La Ley 80 es parte de un paquete de tres medidas, la Ley 80,81 y 82, firmadas por Vázquez Garced antes del evento primarista en agosto del pasado año. Tras su aprobación la JSF objetó las tres medidas por la ausencia de un análisis financiero en la Legislatura y por que debido a la precariedad de la economía local a largo plazo, el gobierno no podrá cumplir con el costo multimillonario de las medidas.

El senador Matías no ha respondido a las llamadas de EyBoricua.com y a los mensajes de texto enviados a su teléfono celular.

La Ley 81, que es conocida como ley para el retiro digno fue radicada por el senador Matías al final del pasado cuatrienio.  La ley 81 garantiza un pago mensual de jubilación equivalente al 50 % del salario a los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.

La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ha exigido que el gobierno notifique oficialmente a los empleados públicos que no implementará estas leyes hasta que exista un acuerdo entre el gobierno y el organismo federal.  

Al final del pasado año el administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez, emitió una carta circular en la que informó que la ley 80 no entraría en vigor hasta que el gobierno llegue a un acuerdo con la JSF.  Sin embargo, sobre la Ley 81 y 82 el gobierno ha mantenido un absoluto silencio y no ha realizado las gestiones para implementarlas como lo hizo con la ley 80.

De hecho, el pasado 3 de febrero, un día antes de que el senador Matías radicara los proyectos 163 y 164, Jaresko le envió una carta a Collazo Rodríguez en la que le exigió al funcionario que confirme que el presupuesto para el año fiscal 2021-2022 no contiene asignaciones de fondos para las leyes 80, 81 y 82, lo que resalta las posibilidades nulas que enfrenta el Proyecto del Senado 164.

“Confirme que los montos presupuestados para el año fiscal 2022 no incluyen ningún ajuste para las jubilaciones potenciales bajo las Leyes 80-2020, la Ley 81-2020 y la Ley 82-2020”, señala el inciso 13 de un listado de 14 incisos, en los que Jaresko exige una detallada información sobre el cumplimiento con el sistema PayGo, que obliga a las agencias, corporaciones públicas y municipios ha realizar pagos mensuales para el fondo de retiro de los empleados públicos.

 En la carta Jaresko le indica a Collazo Rodríguez que una “revisión de los informes en los años fiscales 2020 y 2021, ha llamado nuestra atención que los registros contables de las obligaciones de PayGo no son del todo completos o precisos”.

 Con el Proyecto del Senado 164 el senador Matías se posiciona entre los legisladores que en el pasado presentaron medidas para ampliar la gama de beneficios en el Sistema de Retiro del gobierno y ganar el apoyo de los electores, sin atender los modos de financiar esos beneficios y que finalmente causaron su quiebra económica.

Aunque el Proyecto del Senado 163 provee una fuente de ingresos para financiar el alza salarial de $3,000 anuales para el personal de custodia del DCR, la medida carece de estimaciones  económicas sobre si el cargo de hasta 24 centavos por las llamadas a la línea 311, generará los ingresos para pagar a el aumento a corto y largo plazo. La ausencia de esa información vital augura que la medida enfrentará dificultades para recibir el aval de la JSF.

Recientemente la JSF rechazó un alza salarial de $125 mensuales a los bomberos, pero luego de que la administración de Pedro Pierluisi presentó las estimaciones económicas  sobre la fuente de ingresos el aumento fue aceptado.

El alza salarial a los bomberos será financiada con un cargo del 3% a las primas de los seguros que protegen contra los daños por incendio y por las recaudaciones de las inspecciones comerciales que realizan los bomberos.

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