San Juan, 21 oct (EFE News) – La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) calificó de «incapaz» a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de defender sus actos ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a la vez que resaltó la «falta de implementación» de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico por parte del organismo.
«La Junta de Gobierno de la AEE se rindió y dejó de defender los proyectos de energía renovable que aprobó dejando en limbo la política pública de energía renovable ya establecida por la Ley 17-2019», sostuvo el director ejecutivo de la APER, Julián Herencia, en un comunicado.
El líder de APER también reclamó que «ante el rechazo de la JSF a los más de 590 megavatios de generación provenientes de energía solar, la Junta de Gobierno de la AEE, luego de reconocer, en misiva enviada a la JSF, que dicho rechazo es ilegal, incorrecto e injusto ha hincado sus rodillas al capricho de la JSF y se encuentra paralizada sin defender sus actuaciones».
La APER recordó que el rechazo de la JSF a los proyectos de energía renovable «va en contra» de la Política Pública Energética y se fundamentó en un plan fiscal certificado que «utilizó datos e insumos obsoletos e incorrectos en sus modelos de costos».
Sostiene, además, que la Junta de Gobierno de la AEE «no incorporó en el plan sometido a la JSF los últimos datos provistos por expertos, contratados por la propia Junta de Gobierno de la AEE, sobre el mercado y la competitividad de energía renovable en Puerto Rico»; por lo cual «no» les «sorprende que el plan fiscal certificado no refleje la realidad del mercado en Puerto Rico».
«Pero lo que sí sorprende es que -aunque esa misma información fue considerada e incorporada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en la evaluación y aprobación de estos proyectos- al día de hoy la Junta de Gobierno no ha sometido las debidas enmiendas al plan fiscal para que conforme lo que ya el NEPR aceptó e incorporó», subrayó Herencia, incluyendo la eliminación de la conversión de Palo Seco.
La Asociación también señaló que el Plan Integrado de Recursos que la NEPR aprobó incluye cambios significativos.
Empero, alegan que la AEE «continúa dilatando el proceso, sin dar muestras de actualizar su plan fiscal, ni de cumplir sus compromisos y exponiéndose a futuros pleitos legales».
La APER pidió, por último, a la Junta de Gobierno de la AEE, cumplir con su deber de fiducia y enfrentar la posición injusta, ilegal e incorrecta de la Junta de Supervisión Fiscal mediante una moción a la jueza Taylor Swain para que impida que la JSF interfiera con la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico y se pueda continuar con el desarrollo de los 593 MW renegociados por la AEE y aprobados por el NEPR, así como lo hizo «exitosamente en el 2017 cuando la JSF intentó usurpar la política pública mediante la imposición de Noel Zamot como síndico de la AEE».