Agencias subrayan ante la Legislatura que la recomendación fiscal no garantiza operaciones ni continuidad de servicios esenciales
SAN JUAN, Puerto Rico – La falta de fondos recurrentes y adecuados amenaza con socavar la estabilidad de varias agencias clave en el componente de justicia del país, advirtieron hoy sus principales funcionarias ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.
Durante la continuación de las vistas públicas sobre el presupuesto del próximo año fiscal, las titulares del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), el Departamento de Justicia y la Junta de Libertad Bajo Palabra expusieron la urgencia de aumentar las partidas asignadas, principalmente para garantizar la contratación y retención del personal especializado.
La directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, fue enfática al señalar que la asignación recomendada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) —de $15.6 millones para gastos de nómina— es insuficiente para mantener su actual plantilla de empleados y reclutar nuevos patólogos forenses en plazas permanentes.
La cifra solicitada por la agencia asciende a $19.9 millones, lo que representa una diferencia de $4 millones que, según Conte Miller, podría comprometer tanto la implementación del nuevo Plan de Clasificación y Retribución como la estabilidad operativa del instituto.
“Esta petición de incremento presupuestario pretende obtener la totalidad de los recursos necesarios para retener el capital humano y detener la fuga de talento”, declaró. En la actualidad, la mayoría de los patólogos forenses laboran bajo contratos de servicios profesionales, y el ICF proyecta la necesidad de añadir al menos cuatro más de manera permanente para asegurar el relevo generacional.
Además de las limitaciones en nómina, Conte advirtió sobre posibles atrasos en el pago de contratos de mantenimiento y limpieza especializada del laboratorio forense —servicios vitales para mantener la acreditación de la institución— si no se otorgan los fondos requeridos. En total, el presupuesto global solicitado por el ICF es de $32 millones, de los cuales $8.9 millones fueron recortados por la JSF en su versión preliminar.
Justicia también en busca de recursos
Por su parte, la secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, solicitó un presupuesto de $204.8 millones, centrado también en la nómina, para cubrir plazas vacantes de fiscales, peritos y técnicos. La JSF, sin embargo, recomendó una asignación de $186 millones, lo que dejaría a la agencia sin los recursos necesarios para llenar las 69 vacantes existentes entre los 398 fiscales en funciones.
“Con el presupuesto que solicitamos, podemos hacer más. No se trata solo de fiscales, sino también de peritos que reconstruyen escenas y ofrecen apoyo psicológico a víctimas”, detalló Parra, quien agregó que ya se está en proceso de reclutamiento para las nuevas plazas de fiscales 1, 2, 3 y 4.
Junta de Libertad Bajo Palabra reclama apoyo legal
Mientras tanto, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Aixa Pérez, denunció que la entidad nunca ha contado con una División Legal, a pesar de que cumple funciones cuasi judiciales. Pérez subrayó que la ausencia de abogados y asesores legales afecta gravemente la capacidad administrativa de la Junta y solicitó un aumento de $321 mil para crear nuevas plazas clave, como un director de Presupuesto y Finanzas y un oficial examinador.
El presupuesto consolidado solicitado por la Junta es de $3.1 millones, dirigido principalmente a atender la retribución del personal conforme al nuevo plan de clasificación.
“Las escalas salariales están muy por debajo de otras agencias, lo cual limita la capacidad operativa de la Junta y reduce la posibilidad de mejorar los servicios ofrecidos”, manifestó Pérez.
Próximos pasos
El presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Eddie Charbonier Chinea, reconoció la complejidad del proceso y explicó que la reciente advertencia de la JSF sobre posibles violaciones al Plan Fiscal es parte del procedimiento ordinario. Recordó que el Ejecutivo tiene hasta el 8 de mayo para someter la versión final del plan, por lo que las vistas continúan desarrollándose dentro del calendario previsto.
“Queremos que todos los legisladores, tanto de mayoría como de minoría, tengan la oportunidad de evaluar el presupuesto con responsabilidad”, expresó.
Mientras el reloj fiscal avanza, las agencias del componente de justicia se enfrentan a una realidad ineludible: sin un presupuesto que les permita operar a plena capacidad, los servicios esenciales —desde las autopsias forenses hasta la atención legal a víctimas— podrían quedar en riesgo.
