La mayoría novoprogresista en la Cámara derrotó la moción del PPD que buscaba proteger la información personal de inmigrantes sin orden judicial; 17 votos en contra incluyeron legisladores de San Juan
SAN JUAN (EFE) – La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara derrotó este jueves una moción de descargue presentada por la delegación popular sobre una medida para prohibir que agencias gubernamentales entreguen información personal a agencias federales de inmigración, sin una orden judicial.
Hubo 17 votos en contra, incluyendo los representantes de San Juan, donde ubica una gran cantidad de personas con estatus migratorio no definido, informó el Partido Popular Democrático (PPD) en un comunicado.
El Proyecto de la Cámara 721, presentado por los populares, busca salvaguardar la privacidad y los derechos fundamentales de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado, sin importar su estatus migratorio.
El portavoz de la delegación del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, señaló que la legislación responde a preocupaciones reales sobre el uso indebido de datos personales por parte de agencias federales.
«Es lamentable que tengamos que recurrir a legislación para atender asuntos que la gobernadora pudo haber manejado utilizando sentido común y sensibilidad, como es el caso de entregar información personal. Y más lamentable aún es que la delegación del PNP haya derrotado la moción de descargue», agregó.
Ferrer Santiago explicó que la medida busca «cerrar la puerta a colaboraciones indebidas que exponen a miles de personas a violaciones de derechos sin el debido proceso».
«Lo que ocurrió con la entrega de información de inmigrantes acogidos a la Ley 97-2013 no puede repetirse. Con esta ley trazamos una línea clara en defensa de la dignidad humana», denunció, en alusión a la entrega de información de migrantes con licencia de conducir.
La pieza legislativa, titulada ‘Ley para prohibir la divulgación de información personal a agencias de inmigración federal sin autorización judicial’, establece que ninguna entidad gubernamental podrá compartir información como historial médico, laboral, educativo o migratorio con el ICE u otras agencias similares, sin una orden judicial válida.
«Proteger los derechos civiles y la seguridad de nuestras comunidades no es una postura ideológica; es una obligación moral. Esperamos el respaldo de todas las delegaciones legislativas», manifestó Ferrer Santiago.
