Medida legislativa busca cerrar brechas en adiestramientos y frenar feminicidios en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – En respuesta directa a múltiples deficiencias señaladas por el Monitor Federal en la capacitación policial, la Cámara de Representantes dio paso esta semana a la discusión de una medida que ordenaría la creación de un currículo específico dentro del Negociado de la Policía para el manejo de casos de violencia doméstica. El Proyecto de la Cámara 102, impulsado por la representante Wanda del Valle Correa, fue considerado en vistas públicas por la Comisión de Seguridad Pública.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la recién confirmada procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, pretende reforzar los adiestramientos ofrecidos a los oficiales, tanto estatales como municipales, como respuesta al aumento alarmante de feminicidios en la isla. En lo que va del año, seis mujeres han sido asesinadas en contextos de violencia de género.
“El cumplimiento con las horas de entrenamiento no está garantizando una respuesta efectiva. Hay que mirar la realidad de lo que ocurre en los cuarteles”, denunció Piñeiro, quien además subrayó que la Policía Municipal no está obligada por ley a recibir estos entrenamientos, y desde 2023 no ha participado en adiestramientos sobre violencia doméstica.
Del Valle Correa, quien también preside la Comisión de Asuntos de la Mujer, reveló que la propuesta legislativa surge de experiencias recogidas en visitas a cuarteles, donde ha presenciado la falta de conocimientos básicos entre algunos agentes, como el llenado correcto de órdenes de protección. “Salen de la Academia, ¿y después qué? Un caso de violencia doméstica no se trabaja como un robo”, recalcó la legisladora.
Durante las vistas públicas, el Departamento de Seguridad Pública defendió que los agentes reciben formación sobre el tema a través de la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento, que incluye un mínimo de 800 horas de entrenamiento en diversas áreas, además de 40 horas anuales de actualización. Sin embargo, un informe del Monitor Federal reveló que entre octubre de 2021 y marzo de 2022, hubo entrenamientos sobre violencia doméstica donde menos del 30 % del personal recibió adiestramiento completo.
En contraste, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres alertó que la Policía es la agencia gubernamental con más querellas de hostigamiento sexual dentro de su estructura, y la representante Adriana Gutiérrez Colón señaló que entre 2010 y 2021 más de 800 policías fueron arrestados por incidentes de violencia doméstica, de los cuales solo 36 casos resultaron en convicción.
Otra controversia destacada fue la denuncia de que la OPM no tiene acceso al currículo formativo de los agentes. La portavoz legislativa del DSP, licenciada Omara Arias, atribuyó esta limitación al marco impuesto por el tribunal federal bajo la Reforma de la Policía, aunque admitió que la implementación de nuevas capacitaciones conllevaría retos presupuestarios y operacionales.
“No hay resistencia al cambio, pero todo tiene un impacto. Hay que balancear entre adiestramiento y funciones operacionales”, expresó Arias, al advertir que más horas de capacitación podrían limitar el tiempo de servicio activo de los oficiales.
A pesar de las reservas del DSP, Del Valle Correa indicó que continuará legislando para ampliar la sensibilización en todos los niveles del sistema: desde la Policía Municipal hasta jueces y fiscales. Asimismo, adelantó que presentará una propuesta para actualizar la ley orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que no ha sido modificada desde 2015.
Con esta medida, la Cámara reafirma su compromiso ante un problema estructural que, de no enfrentarse con herramientas efectivas, continuará dejando víctimas sin justicia y un sistema de seguridad pública incapaz de ofrecer respuestas a tiempo.
