ACLU‑PR denuncia que la medida atenta contra la seguridad pública y contradice la política pro‑inmigrante del gobierno
SAN JUAN, Puerto Rico — La aprobación del Proyecto de la Cámara 139 por parte de la Legislatura puertorriqueña ha encendido un intenso debate sobre el papel de las policías municipales y su posible vinculación con agencias federales de inmigración.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un intento de fortalecer las capacidades operacionales de los cuerpos de seguridad locales, organizaciones de derechos civiles, encabezadas por la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU‑PR), denuncian un peligroso giro hacia la criminalización de la migración y la erosión de la confianza comunitaria.
El proyecto, impulsado por los representantes Ángel Morey Noble y Swanney Vargas Laureano, propone enmendar el Código Municipal (Ley 107‑2020) para permitir que los municipios celebren acuerdos de colaboración con agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas enmiendas extenderían las funciones y privilegios de la policía municipal más allá de sus límites territoriales.
El argumento oficial: “dignificación y eficiencia”
Morey Noble justificó la medida como una respuesta a las carencias estructurales que enfrentan los municipios en materia de seguridad. Según el legislador, los policías municipales son con frecuencia los primeros en responder a situaciones de emergencia, pero carecen de las herramientas y protecciones que tienen otros cuerpos de seguridad.
El proyecto, afirmó, “busca dignificarlos y permitir que hagan su trabajo de forma más eficiente y justa”.
Además, insistió en que la medida no tiene como fin convertir a los policías municipales en agentes migratorios. “Este proyecto no autoriza ni propone ni fomenta que la policía municipal actúe como agente de inmigración. Eso es una interpretación errónea”, expresó el legislador durante la sesión ordinaria de hoy martes, donde la medida fue aprobada con 42 votos a favor y solo 4 en contra.
El proyecto permitiría a las policías municipales investigar y procesar delitos graves y menores graves bajo leyes estatales y especiales relacionadas a la seguridad pública, establecer unidades especializadas mediante acuerdos con el Negociado de la Policía, acceder a los mismos beneficios contributivos, educativos y laborales de la Ley de Seguridad Pública, entre otras mecanismos para el beneficio de los agentes.
ACLU‑PR: “una amenaza directa a los derechos civiles”
La ACLU‑PR, por su parte, ha rechazado con vehemencia la propuesta. Su directora ejecutiva, la licenciada Annette Martínez Orabona, la calificó como una traición a los compromisos asumidos por alcaldes, legisladores y el Ejecutivo de proteger a las comunidades migrantes. Criticó que durante las vistas públicas del 5 de marzo solo se invitara a cuerpos policiacos y alcaldes, excluyendo deliberadamente a defensores de derechos humanos, expertos y miembros de la sociedad civil.
“Delegar funciones migratorias a la policía municipal local fractura la confianza comunitaria, disminuye la denuncia de delitos y expone a los oficiales municipales a demandas por violaciones a derechos civiles para las que el Gobierno federal no responderá”, advirtió Martínez Orabona.
Cuatro razones para oponerse al proyecto
Según la ACLU‑PR, las implicaciones del Proyecto de la Cámara 139 son profundas y peligrosas:
- Atenta contra la seguridad pública. La colaboración entre policía municipal e ICE alejaría a víctimas y testigos de crímenes, reduciendo la disposición a reportarlos.
- Desvía recursos locales. Con escasez de oficiales y limitaciones presupuestarias, forzar a los municipios a aplicar leyes federales implica sacrificar su capacidad de respuesta a emergencias locales.
- Expone a los municipios a responsabilidad legal. Los agentes municipales no cuentan con el entrenamiento federal requerido. Si se cometen abusos, será el erario municipal —y por ende, los contribuyentes— el que cargue con los costos.
- Contraviene la política pública vigente. Desde 2021, el gobierno ha prometido promover una agenda pro‑inmigrante. Esta medida, señalan, va en dirección opuesta.
Las enmiendas contempladas a los Artículos 3.025 y 3.035 de la Ley 107‑2020 permitirían que los municipios formalicen acuerdos con agencias federales para “efectuar aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario delegarles”. Esto extendería la jurisdicción municipal más allá de sus límites tradicionales, equiparando sus funciones a las de la Policía Estatal.
La ACLU‑PR exige:
- El retiro inmediato del Proyecto de la Cámara 139 y el archivo de toda propuesta similar.
- La convocatoria de nuevas vistas públicas con participación de organizaciones comunitarias, expertos en derechos civiles y la población migrante.
- La creación de un protocolo insular de no colaboración con ICE que refuerce la seguridad pública al asegurar que todos los residentes puedan acudir a la policía sin temor a la deportación.
Ante la preocupación de la ACLU sobre que la legislación abre la puerta a que policías municipales realicen tareas migratorias, Morey Noble enfatizó que “este proyecto no autoriza ni propone ni fomenta que la policía municipal actúe como agente de inmigración. Eso es una interpretación errónea. Lo que sí hace es establecer que, si un municipio desea colaborar con agencias federales para combatir delitos, pueda hacerlo dentro de su marco legal y con plena rendición de cuentas. Nadie está mandando a nuestros policías a hacer trabajo que no les corresponde”.
La medida también reconoce formalmente a los policías municipales como agentes del orden público, otorgándoles rango legal y protecciones similares a los oficiales del Estado. Morey Noble indicó que este reconocimiento es urgente, especialmente en momentos donde los municipios enfrentan retos de seguridad con personal limitado.
“Decir que estamos armando a los municipios para perseguir inmigrantes es desinformar. Lo que estamos haciendo es proteger a quienes nos protegen. Esta es una medida de equidad, de orden y de responsabilidad con la seguridad pública”, añadió.
