Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
A la artista urbana se le imputó chocar contra una patrulla, pero la realidad es que la arrestaron y procesaron violando sus derechos civiles; queda pendiente caso contra gobernadora
SAN JUAN, Puerto Rico – No causa. La jueza superior Lynette Rivera Rodríguez desestimó los cargos que pesaban contra la imputada Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida en el mundo del reguetón como Audry Nix, en el caso por el cual fue arrestada cuando se le imputó haber chocado una patrulla de la Policía, guiar borracha y agredir a un oficial. Nada de eso fue cierto, según desfiló en sala y determinó la jueza. Fue fabricado.
En la sentencia de tres páginas que emitió la jueza, lo que se determinó fue que el Estado le violó a la joven artista todos sus derechos al obligarla a estar horas en una celda y estar en una vista judicial mientras convulsaba.
“Según surge de la referida vista, la imputada estuvo indispuesta de salud… No fue informada de cada uno de los cargos por los cuales se determinó causa probable en su contra, enumerándolos por separado previo a concluir la vista; y que no fue citada en corte abierta; que la Regla 6 finalizó sin citar personalmente a la imputada para determinar causa probable para arresto ni a percibirla personalmente en corte abierta de las advertencias legales correspondientes”, sostuvo la jueza en su sentencia.
Vázquez Pérez es conocida por la protesta que hizo durante un “performance” en la misa el día de la juramentación de la gobernadora Jennifer González y luego por criticarla en las redes sociales. En ese otro caso, ella enfrenta acusaciones por amenaza, entre otras.
Pero en este otro caso, desde el principio se vieron las inconsistencias. Incluso, varias personas reportaron entonces que parecía que ella fue perseguida para crearle un caso.
Los hechos se remontan a la noche del Viernes Santo, en abril pasado, cuando ella estaba con unos amigos en un hotel o Airbnb en Isla Verde, donde, al salir, presuntamente Vázquez Pérez chocó con una patrulla de la Policía. Se le imputó guiar borracha.
Desde el principio, los abogados de defensa, Manuel Moraza y el exjuez de Carolina, Francisco Borelli Irizarry, denunciaron las abiertas violaciones a los derechos humanos que cometían tanto la Policía como el sistema de justicia contra la imputada. La obligaron a estar en una vista por la plataforma Zoom a pesar de que la acusada estuvo tirada en el piso en todo el proceso, casi inconsciente, esposada y convulsionando. Horas antes, estuvo en un cuartel de la Policía, donde la metieron en una celda que tenía olores a heces fecales y le negaron medicamentos por largas horas, lo que también propició convulsiones. La joven tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital en ese momento, tal y como reportamos en En Blanco y Negro el pasado 21 de abril de 2025.
En aquel momento, el abogado Borelli Irizarry denunció a la prensa que la joven cantante no estaba en condiciones para tan siquiera entender el proceso judicial. Este abogado es recordado porque, cuando fue juez, decidió el famoso caso de la bailarina Yexeira Torres Pacheco, asesinada por el expolicía Roberto Quiñones Rivera. Ese fue el primer caso de asesinato que la Fiscalía ganó sin haber encontrado el cadáver.
“Ella estaba desde las cinco de la mañana sin tomar medicamentos y tuvo un bajón de un padecimiento de su condición de tiroides, y estuvo prácticamente en el piso durante casi toda la vista. Yo dudo que ella pudiera incluso escuchar lo que allí estaba ocurriendo y lo que allí estaba pasando, porque estaba en un estado… sufriendo una condición de salud que le impedía estar en un estado óptimo para entender lo que estaba ocurriendo”, dijo Borelli Irizarry.
A pesar del cuadro que presentaba la joven, la Policía la arrestó y prosiguieron con el caso. La insistencia en procesarla criminalmente levanta sospechas de si se trata de un posible caso de persecución por libertad de expresión, al ella haber criticado a la gobernadora meses antes.
En ese caso, los abogados Moraza y Borelli Irizarry argumentaban que las circunstancias afectaron los derechos de la joven, especialmente el derecho a ser notificada de las alegaciones en su contra, porque la arrestaron y la tuvieron presa por horas, estando ella convulsionando en una celda, ya que durante varias horas le negaron los medicamentos.
Cabe señalar que la jueza que emitió la sentencia procuró escribir en la misma que tomó la decisión “tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del asunto” y que lo hizo luego de analizar “detenidamente la totalidad” de los cargos.
La jueza Rivera Rodríguez determinó que “se violó el debido proceso de ley en toda vez que la imputada tiene derecho en corte abierta a tener la oportunidad efectiva y objetiva de comprender la totalidad del proceso en su contra durante toda la vista y a ser informada y notificada debidamente sobre la determinación judicial de cada uno de los cargos imputados”.
