La operación «Custodia Segura» ocupó armas, drogas y municiones; uno de los arrestados cumple cárcel por asesinato
SAN JUAN, Puerto Rico – En una operación conjunta entre la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y el Departamento de Justicia, las autoridades arrestaron hoy a cuatro oficiales correccionales y tres civiles por violaciones a la Ley de Armas y la Ley de Sustancias Controladas. La intervención, denominada Custodia Segura, fue el resultado de una investigación de más de un año de duración.
Entre los arrestados se encuentran los hermanos gemelos Carlos y Anthony Cruz Butler, así como Derrick Serrano Rodríguez y José Armando Colón Burgos, todos oficiales del DCR hasta esta mañana. Los tres primeros enfrentan cargos por violaciones tanto a la Ley de Armas como a la Ley de Sustancias Controladas, mientras que Colón Burgos fue acusado únicamente por delitos vinculados al narcotráfico.
También fueron arrestados tres civiles: Gamalier Ortiz Mercado, Julio Emmanuel Rosario Robles y Neftalí Ortiz Colón. Este último ya se encontraba cumpliendo una condena por asesinato desde 2017 en el municipio de Barranquitas, y ahora se le vincula como parte activa del esquema de contrabando de armas y drogas ilegales.
Durante el operativo, las autoridades ocuparon un considerable arsenal: tres pistolas, un rifle, 36 municiones, cuatro cargadores, 112 gramos de marihuana, más de un kilo de cocaína y 31 gramos de fentanilo. La fianza impuesta para los siete imputados asciende a $5.8 millones.
“Este es uno de esos días en los que nos sentimos sumamente satisfechos y orgullosos por el trabajo que hacen los hombres y mujeres de la Policía, en esa lucha constante para hacer de Puerto Rico un lugar más seguro”, expresó el comisionado de la Policía, Joseph González, quien también lamentó la participación de funcionarios públicos en actividades criminales.
“Aunque sentimos coraje, nuestro compromiso con limpiar la casa es cada vez mayor”, añadió.
La secretaria de Justicia, Lcda. Lourdes L. Gómez Torres, subrayó la importancia de la colaboración interagencial. “Hoy vemos el resultado del arduo trabajo que realizan a diario agentes, investigadores, fiscales y otros servidores públicos comprometidos, que dan el máximo por hacer de nuestra isla un lugar más seguro”, afirmó.
Por su parte, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Lcdo. Francisco Antonio Quiñones, reiteró que en su administración no hay cabida para empleados que se aparten de la ley. “Seguiremos trabajando en equipo con las agencias estatales y federales para sacar del Departamento y procesar criminalmente a aquellos empleados que se aparten de la ley. No vamos a descansar en nuestro empeño de limpiar la casa”, puntualizó.
Las autoridades aseguraron que esta operación es parte de un esfuerzo continuo por erradicar la corrupción dentro del sistema correccional y frenar el tráfico ilegal que amenaza la seguridad de las instituciones penales y las comunidades del país.
