Operativo coordinado revela irregularidades en Aguada, Moca y San Sebastián
AGUADILLA, Puerto Rico – Un operativo conjunto liderado por la División de Investigaciones de Vehículos Hurtados del área de Aguadilla, en colaboración con varias agencias gubernamentales, culminó con la inspección de talleres mecánicos y depósitos de chatarra clandestinos en los municipios de Aguada, Moca y San Sebastián.
La intervención dejó al descubierto múltiples violaciones a leyes estatales y municipales, así como la recuperación de un vehículo reportado como hurtado.
El operativo fue dirigido por el teniente auxiliar Ariel Agostini, con el respaldo de personal del Departamento de Hacienda y la Junta de Planificación. Las inspecciones comenzaron en el barrio Cerro Gordo de Aguada, donde se identificaron infracciones a la Ley 40 (Licencia de Mecánico y Automotriz), la Ley 107 (Patente Municipal) y la Ley 22 (Obligaciones de Talleres).
La Junta de Planificación ordenó el cese de operaciones e impuso una multa de $1,000 por falta de permisos, mientras que Hacienda emitió otra multa de $500 por venta no autorizada de piezas.
Una segunda intervención en el sector Los Acevedos, también en Aguada, expuso una violación a la Ley 125 relacionada con el depósito ilegal de chatarra. En ambos casos se inspeccionaron 15 vehículos y se emitieron citaciones para el 10 de julio.
En Moca, el operativo se trasladó al barrio Voladoras, donde se repitieron las violaciones a las leyes relacionadas con licencias y obligaciones de talleres. Allí también se ordenó un cese y desista, junto a una multa de $1,000 y una citación para el 7 de julio.
En San Sebastián, la acción se centró en los residenciales Andrés Méndez Liciaga y Hacienda de San Andrés, donde se recuperó un vehículo Mitsubishi Mirage negro reportado como hurtado desde el pasado 26 de mayo en el barrio Calabazas. Esta parte del operativo contó con el apoyo de la Policía Municipal y la Unidad Motorizada del área de Aguadilla.
El operativo culminó con un total de 16 intervenciones bajo el Artículo 22 de la Ley 8 para la Protección de la Propiedad Vehicular, además de varias denuncias por infracciones a la Ley 22 de Tránsito y ordenanzas municipales relacionadas con el manejo de chatarra.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar fiscalizando este tipo de operaciones ilegales, que representan una amenaza tanto para la seguridad pública como para el orden económico en la región.
