Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (9 de octubre de 2020) – La acción de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de incluir en la sesión extraordinaria una medida para premiar con una pensión “Cadillac” a los alcaldes, equivalente del 75% de sus salarios, ha causado consternación y rabia entre miles de empleados públicos que no han podido acceder al retiro por la oposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a que se les apruebe una pensión igual al 50 % de sus salarios.
El delegado general de la Unión General de Trabajadores en el Departamento de Hacienda, Juan Molinary, y el administrador de la página cibernética Ley 447 y Ley 1, Ángel Maldonado, denunciaron que la acción de Vázquez Garced de favorecer una pensión para los alcaldes equivalente al 75 % de sus salarios, representa un trato injusto y discriminatorio contra los empleados públicos, quienes solo podrían recibir una pensión similar al 50% de sus salarios “si la JSF lo permite”.
Molinary y Maldonado exigieron que la JSF se exprese sobre el intento de la gobernadora de favorecer a los alcaldes con una pensión “Cadillac”.
“Mientras al resto de los empleados públicos se les promete una pensión del 50% de sus salarios, a los alcaldes se les trata como una casta de privilegiados, cuando mucho de ellos perdieron sus cargos en las pasadas elecciones por el mal manejo de las alcaldías, la irregularidades y los déficit presupuestarios”, indicaron Molinary y Maldonado.
Los líderes de los empleados públicos expresaron que no entienden el proceder de la gobernadora de avalar una pensión “Cadillac” para los alcaldes, debido a que la JSF ha rechazado las ventanas del retiro aprobadas en agosto, la Ley 80 y 81, que garantizan una pensión de 50 % para los empleados públicos.
La ley 80 favorece a la mayoría de los empleados públicos de las agencias, corporaciones públicas y municipios, mientras que la ley 81 ofrece una ventana de retiro para los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.
“Entendemos que esto es un trato totalmente desigual y resultaría en discrimen.Los servidores públicos estamos esperando que se llegue un acuerdo con la JSF para que se implante la Ley 80 y la Ley 81, que garantiza una pensión promedio de $1,500 dólares a los empleados públicos elegibles.Los legisladores parece no entender el mensaje que les envió el pueblo en los pasados comicios generales.Todavía la JSF no ha llegado a un acuerdo con el gobierno y ya quieren aprobar una pensión Cadillac para los alcaldes. Esto ha generado unos niveles muy grandes de ansiedad y desesperación en los servidores públicos. Hay consternación y rabia entre miles de empleados públicos por la acción injusta y discriminatoria de la gobernadora”, sostuvieron Molinary y Maldonado por medio de un comunicado.
Entre las medidas incluidas por la gobernadora en la sesión extraordinaria figura el Proyecto del Senado 1148, que concedería una pensión a los alcaldes igual al 75 % de su último salario. El beneficio sería accesible a los alcaldes que juramentaron a la posición entre el 30 de enero de 2001 y el 30 de junio de 2013.
De aprobarse la medida, muchos alcaldes que pertenecen al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático, quienes llevaban entre ocho y doce años en los cargos y que no resultaron victoriosos en las pasadas elecciones, resultan favorecidos con jugosas pensiones.
Entre estos figuran María Meléndez Altieri, alcaldesa de Ponce por el PNP durante 12 años; Jaime H. Barlucea Maldonado, alcalde de Adjuntas por el PNP durante 16 años; el alcalde por 16 años de Santa Isabel por el PPD, Enrique “Quique” Questell Alvarado; y el alcalde de Guayanilla por el PPD, Nelson Torres Yordán. También se podrían beneficiar Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan por el PPD durante ocho años y Carlos Molina Rodríguez, alcalde PNP de Arecibo por ocho años.
Esta medida fue radicada en el 2018 por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. La medida fue aprobada en el Senado, pero la Cámara la refirió a evaluación y no la aprobó.
“Solicitamos a la gobernadora que no convierta en Ley el Proyecto del Senado 1148, que pretende aumentar la pensión de los alcaldes en un 75 %. Lo justo, señora gobernadora, es que estos funcionarios reciban un trato igual que el resto de los servidores públicos, que vieron su pensión reducida a cerca del 38 % con la aprobación de la Ley 3 de 2013”, expresaron Molinary y Maldonado.
La implementación de las leyes de retiro incentivado 80, 81 ha sido rechazada por la JSF debido a su alto costo y la falta de recursos en el gobierno. La JSF ha sostenido que parte del costo de la ventana de retiro proviene de las vacantes que se deberán ocupar porque se consideran esenciales.
El gobierno ha dicho que la ley 80 y 81 producirán ahorros, pues las agencias, las corporaciones públicas y los municipios podrán retener el 50 % de los fondos destinados a pagar la nómina de los empleados que se acojan a la jubilación. Pero la JSF ha sostenido que las ventanas de retiro anteriores habilitadas en el gobierno no han generado ahorros porque inmediatamente se reclutaron nuevos empleados para llenar las vacantes, lo que implica que el gobierno, además de pagar la pensión de los jubilados, también asumirá el gasto de nómina de los nuevos reclutamientos.
La consideración del Proyecto 1148 en la sesión extraordinaria acontece en momentos cuando miles de empleados públicos han estado recibiendo charlas sobre la ley 80, y llenando un formulario de elegibilidad al retiro, que debería entrar en vigor en algún momento entre el 2021 y el 31 de diciembre del 2022, que es la fecha para que finalice la vigencia de la ventana de retiro.
De hecho, se espera que tras recibir los formularios, el gobierno podrá saber con exactitud la cantidad de empleados públicos que aspiran a la jubilación de un universo definido como 6,934 de empleados de la ley 447 de 1951, y 11,000 empleados de la ley 1 de 1990, para un total de 17,934 empleados públicos elegibles al retiro.
