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PUERTO RICO

Medidas contra COVID-19 crean mercado negro de servicios en el gobierno

El mercado ilícito opera por medio de acuerdos secretos que jamás llegan al oído de los jerarcas gubernamentales

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan (26 de enero de 2021) – Las medidas impuestas en el gobierno para contener la pandemia han creado un mercado negro de acceso a servicios públicos en el que se exige pagar hasta $500 por adelantar una cita de inspección para un permiso comercial, $100 para adelantar la cita para un trámite relacionado con licencias de conducir y $40 para obtener con rapidez un certificado de nacimiento.

Además, el atraso en la inspección para permisos de nuevos comercios, debido a los pocos inspectores que trabajan tanto del gobierno central,  en la Oficina de Gerencia de Permisos, como en los municipios autónomos, quienes administran sus propias oficinas de permisos, ha causado que los dueños de los nuevos establecimientos utilicen los llamados “inspectores autorizados” o “permisólogos”, quienes garantizan adelantar la inspección del establecimiento y la obtención del permiso a una tarifa que no es regulada por el gobierno y que oscila entre $1,000 y $3,000.

De acuerdo con información obtenida por Ey Boricua.com, ese mercado ilícito opera por medio de acuerdos secretos que jamás llegan al oído de los jerarcas gubernamentales, y alcanza casi todo servicio público que requiera la presencia de un empleado público para emitir una certificación, realizar una inspección, un examen o una aprobación. 

Para garantizar estos servicios mientras continúan vigentes las restricciones para evitar el contagio del COVID-19 establecidas en las agencias, se ha instalado un sistema de turnos que los ciudadanos obtienen según el orden en que presentan sus solicitudes. 

Debido a que estos servicios estuvieron suspendidos por más de 10 meses durante el pasado año, las solicitudes del pasado año junto con las presentadas desde que comenzó el 2021 han generado una enorme congestión que ha obligado a calendarizar turnos, en algunos casos, hasta en los meses de agosto y septiembre.  Y es en esta coyuntura que toma forma el mercado negro de servicio que básicamente ofrece adelantar el turno a cambio de un pago en efectivo. 

Fuentes de EyBoricua.com señalan que algunos emprendedores han padecido el atraso de su inspección por más de seis meses y se han visto obligados a pagar $500 para adelantar la inspección a determinados inspectores del gobierno, debido a que están pagando renta por un comercio que no está generando ingresos y recibieron un turno de inspección para una fecha indeterminada en el verano.

“No me extraña que eso esté pasando. Nos ha llegado esa queja, la hemos escuchado de parte de comerciantes que están intentando abrir su negocio y aún no se los han inpeccionado. Pero ellos están pagando renta por el local y por los préstamos que tomaron para montar su negocio. Y si le dan un turno para la inspección dentro de tres meses, pues no les queda más remedio que pagar para adelantar la inspección. Podemos decir que los están obligando a pagar por adelantar la inspección”, dijo el doctor Jorge Arguelles, ex presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

 Arguelles indicó que “hemos escuchado que los pagos para adelantar las inspecciones son precipitados porque el gobierno tiene pocos inspectores. También hemos oído que están los llamados ‘inspectores autorizados’, que no son empleados del gobierno, que está cobrando entre $1,000 y $3,000 por hacer una inspección”. 

Agregó que otra queja de los comerciantes es que algunos inspectores autorizados realizan una primera inspección en la que cobran entre $1,000 y $3,000 y si señalan deficiencias que el comerciante debe corregir, en la próxima inspección le cobran nuevamente al comerciante la misma cantidad. 

El ex presidente del CUD sostuvo que la figura del inspector autorizado fue avalada por el reglamento conjunto de permisos, puesto en vigor en 2019 por el ex gobernador Ricardo Rosselló, que son arquitectos, ingenieros o agrimensores, quienes reciben un curso “fast track” para poder efectuar inspecciones y poseen total libertad para establecer tarifas. 

“Esas tarifas no están reguladas”, advirtió Arquelles, quien también señaló que el pasado 4 de enero el reglamento conjunto de permisos fue impugnado en el Tribunal Apelativo debido a sus numerosas deficiencias y los costos excesivos que impone a los comerciantes.

Secretaria del DTOP ordena investigación

EyBoricua.com también supo que en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas, se ha registrado la incidencia del cobro ilegal de hasta $100 para adelantar la cita para determinados trámites relacionados con vehículos, licencias de conducir, traspasos de documentación y para tomar el examen de conducir. 

“Pagué $100 para que mi hijo pudiera sacar la licencia de conducir. No hay de otra si te dan un turno para agosto”, dijo un ciudadano de la zona sur que prefirió mantenerse en el anonimato.

Este medio se comunicó con el DTOP para obtener una reacción y la secretaria designada, Eileen M. Vélez Vega.

Ayer en la noche la funcionaria emitió una declaraciones en las que anuncia que ordenó una investigación “para constatar la veracidad de una información que apunta a varios empleados que alegadamente están cobrando a los ciudadanos y gestores cantidades de dinero para, entre otras cosas, se adelanten turnos, exámenes y otro tipo de gestión en los CESCOs. Esta práctica va en contra de todos los parámetros y reglamentos de la Ley de Ética Gubernamental y otras leyes que regulan el trabajo en las oficinas del Gobierno de Puerto Rico.”

“He dado instrucciones para que, de inmediato, se haga una investigación para constatar la veracidad de la información que está circulando en redes sociales y otros medios informativos. Este tipo de conducta no se tolerará bajo ningún concepto en ninguna de las operaciones de nuestros centros de servicios, no solo por ser ilegal sino porque afecta a los miles de empleados públicos que día a día laboran de forma honrada en nuestros CESCOs. De ser cierto, se tomarán acciones disciplinarias y/o judiciales, señaló la Secretaria. 

Vélez Vega, quiens es la primera mujer designada a dirigir el DTOP, exhortó a los empleados de la agencia a impedir la corrupción y el cobro de pagos ilegales para ofrecer privilegios a la ciudadanía.

“Diariamente miles de empleados de los CESCOs trabajan de forma incansable para brindar un servicio de excelencia. Estos buenos servidores públicos, no permiten que la corrupción los ataque y mantienen un compromiso de servicio de altura sin tener que llegar a violar la ley. A esos miles de empleados, los felicito y les exhorto a que continúen con su buen servicio al pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Incluso, una fuente le indicó a EyBoricua.com que debido a las restricciones impuestas para lidiar con el COVID-19  en el gobierno, se ha dificultado la obtención de los certificado de nacimiento y que para obtener el suyo tuvo que pagar $40.

“Lo mismo pasará con las vacunas del COVI-19. Ya lo verás. Cuando comiencen a dar turnos para tres y cuatro meses más tarde, aparecerá quien te ponga la vacuna cobrando dinero. Eso lo vamos a ver ya mismo”, aseguró la fuente.

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