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PUERTO RICO

Leche UHT podría bajar de precio

La empresa Indulac sostiene que el aumento del 2017 y el que en vigor hoy son ilegales porque no surgen de una sentencia del Tribunal Federal relacionada con la demanda radicada por las plantas procesadoras Suiza Dairy y Tres Monjitas en el 2004, sino de un acuerdo alcanzado entre la ORIL y ambas empresas.

Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com

San Juan (11 de noviembre de 2021) – La leche UHT podría experimentar una reducción de precio de seis centavos si el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determina que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) incumplió con el debido proceso de ley al ordenar un alza de tres centavos en el 2017 y otro aumento de tres centavos establecido el pasado 28 de octubre, que entra en vigor hoy.

Entre ambos aumentos el precio de la leche UHT asciende a $1.98 por litro, pero si el juez decide que ambas alzas son ilegales, el precio podría bajar a $1.92 por litro, según se desprende de los planteamientos realizados por el licenciado Jesús Negrón Fernández, representante legal de Indulac.

El abogado hizo las expresiones en una vista pública celebrada ayer por el juez Cuevas, quien preside la Sala de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. La vista pública pretendía reanudar la consideración de una petición de interdicto contra la ORIL presentada por Indulac en el 2017 y que tenía como objetivo detener un aumento de tres centavos en el precio de la leche UHT decretado ese año.

La ORIL solicitó el traslado del caso al tribunal federal y en el verano pasado el Primer Circuito de Boston devolvió el caso a los tribunales locales.  

Negrón Fernández dijo que el aumento del 2017 y el que en vigor hoy son ilegales porque no surgen de una sentencia del Tribunal Federal relacionada con la demanda radicada por las plantas procesadoras Suiza Dairy y Tres Monjitas en el 2004, sino de un acuerdo alcanzado entre la ORIL y ambas empresas.

Explicó que el acuerdo carece del peso mandatorio de una sentencia judicial emitida por un juez federal, por lo que, tras el acuerdo, la ORIL debió ordenar un estudio económico, celebrar vistas públicas, publicar edictos en la prensa y escuchar a las partes afectadas.

Según Negrón Fernández, estos requisitos son impostergables al efectuar una revisión del precio de la leche, según lo ordena la Ley 34 de 1957, o Ley para Reglamentar la Industria Lechera y la Ley 38 de 2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno (LPAU), y la propia reglamentación de la agencia.

Negrón Fernández sostuvo que Indulac tiene una gran posibilidad de prevalecer en el caso porque la ORIL había reconocido en el Tribunal Federal que no había cumplido con la Ley 34 ni con la Ley 38 de 2017.

La ORIL ha sostenido que el alza de tres centavos decretada el 31 de mayo de 2017 y la emitida el pasado 28 de octubre, pretenden cumplir con el cargo conocido como el “devengado regulatorio”, el cual busca recaudar la compensación económica acordada en el Tribunal Federal para las plantas procesadoras.

En la demanda ante el Tribunal Federal estas empresas reclamaron que sufrieron pérdidas multimillonarias por la renuencia de la ORIL a aumentar la porción del precio de la leche que les corresponde. Las empresas sostuvieron que los aumentos eran necesarios para compensar las pérdidas enfrentadas por los altos costos de producción.

Pero el licenciado Negrón Fernández indicó que en 2008 y con el fin de comenzar a compensar a Suiza Dairy y Tres Monjitas, el juez federal Daniel Domínguez, quien presidió el caso de las plantas procesadoras, estableció de manera temporera el “devengado regulatorio”, cuya vigencia se extendería hasta 2013.

Indicó que en 2013 y sin que el juez Domínguez hubiese emitido una sentencia en el caso, la ORIL y las plantas procesadoras llegaron a un acuerdo, del que Indulac no formó parte, sobre la compensación económica que recibirán, estimada en $95 millones, y sobre el “devengado regulatorio”.

Negrón Fernández dijo que Indulac cumplió con recaudar y pagar el “devengado regulatorio” ordenado por el juez Domínguez entre 2008 y 2013. Pero advirtió que el acuerdo entre ORIL y las plantas procesadoras estableció suspender el “devengado regulatorio” desde 2013 hasta el 31 de diciembre del 2016, con el fin de que se reanudara el cargo a partir del 1 de enero de 2017.

El abogado insistió en que ese cargo ordenado por la ORIL en 2017 y el establecido el pasado 28 de octubre son ilegales porque no surgen de una sentencia judicial emitida por el juez Domínguez.

 El licenciado Eduard Hill Tolinche, representante legal de la ORIL, indicó que los aumentos del 2017 y de octubre son parte de la orden emitida por el juez Domínguez en el 2008, los cuales son producto de una acción judicial, por lo que no deben cumplir con las leyes 34 y de 1957 y 38 de 2017.

Indicó que el acuerdo entre ORIL y las plantas procesadoras del 2013 es parte del caso judicial en el Tribunal Federal y que en ese acuerdo se determinó suspender el “devengado regulatorio” a partir del 2013 y activarlo en 2017. “El “devengado regulatorio” se puso en vigor en el 2008 y no fue impugnado. En el 2013 se desactiva y en ese momento la orden no fue impugnada”, dijo Hill Tolinche.

En la vista judicial el licenciado Rafael Escalera, representante legal de Suiza Dairy, sostuvo que esa empresa podría regresar al Tribunal Federal a solicitar que Indulac le pague $2.7 millones recaudados desde 2017 por un alza de tres centavos a cada litro de leche UHT.

Escalera dijo que Indulac no ha querido pagar a Suiza Dairy la parte que le corresponde del aumento, porque históricamente ha mantenido una rivalidad contra esa planta procesadora. Sostuvo que Indulac ya pagó la parte del alza que le corresponde a la empresa Tres Monjitas, lo que revela claramente en que Indulac ha mantenido una relación de cooperación con esa planta procesadora.

“El devengado regulatorio que tiene Indulac es de Suiza Dairy. Tres Monjitas ya cobró y Suiza no, tan sencillo como eso”, insistió el abogado.

Indicó que los aumentos decretados por la ORIL surgen del acuerdo judicial en el Tribunal Federal, los cuales están protegidos por la cláusula de supremacía de la constitución federal que declara que, en caso de un conflicto por disposiciones entre dos entidades gubernamentales, las leyes federales tienen autoridad sobre las leyes estatales.

“Hay un mandato federal para cobrar esos tres centavos”, dijo Escalera, quien sostuvo que la impugnación de Indulac está injustificada porque la empresa no ha sufrido daño alguno y el alza de tres centavos es parte de su estructura de precios, que paga el consumidor.

Pero el licenciado Negrón Fernández dijo que Indulac enfrentará un daño irreparable si se permite que el dinero recaudado se le pague a Suiza Dairy porque “se estaría enriqueciendo a un competidor de Indulac con el dinero que ha recaudado a través de sus productos”.

El juez Cuevas dijo que estaría tomando una determinación en el caso para las primeras semanas del próximo mes de diciembre.

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