Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
En lo que representa el epitafio de muerte para dos ventanas de retiro y un mecanismo para favorecer el retiro de maestros, contenidas en tres leyes que fueron firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced en agosto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sostuvo que en 30 años las mismas tendrían un impacto fiscal de $8,300 millones.
Esto implica que para honrar los beneficios de retiro que prometen las ventanas, el gobierno de Puerto Rico deberá reducir significativamente los salarios y la plantilla de empleados públicos.
La JSF también informó al gobierno “que estas leyes no deben ser implementadas hasta que se demuestre que las reducciones necesarias de personal y salarios serán alcanzadas sin afectar los servicios esenciales”. Las expresiones se emitieron en un comunicado de prensa difundido en la tarde de hoy, cuando apenas faltan nueve días para la celebración de las eleciones generales.
El comunicado cita a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien ha críticado fuertemente al gobierno de Vázquez Garced por la aprobación de las tres leyes.
“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales para los empleados del gobierno, tiene que tomar una decisión muy difícil. El gobierno tendrá que recortar gastos, incluidos recortes a los policías, bomberos y otros empleados del gobierno para pagar por estas leyes», escribe Jaresko.
Agregó que “el Plan Fiscal Certificado define un cuidadoso equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la eficiencia del gobierno. Los recortes presupuestarios necesarios para compensar el costo incremental de los beneficios provistos por las tres leyes podrían perjudicar los servicios esenciales del gobierno, aumentar los costos a largo plazo y arriesgar la habilidad de implementar las reformas críticas ordenadas en los planes fiscales”.
Las leyes aprobadas son la Ley 80, que abre una ventana de retiro para los empleados públicos de la mayoría de las agencias y la Ley 81, que abre una ventana de retiro para los policías y otros empleados de las agencias de seguridad del gobierno. Ambas leyes garantizan una pensión que oscila entre el 50 % y el 55 % del salario que reciben actualmente los empleados públicos. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
El tercer estatuto, es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros.
“La implementación de estas leyes no es compatible con el mejor interés del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Jaresko, quien ha criticado en reiteradas ocasiones que la Legislatura y la gobernadora aprobaron las leyes sin suficiente análisis sobre su impacto fiscal y el origen de los nuevos ingresos o ahorros para cubrir el costo incremental de las ventanas de retiro.
Jaresko, además, había señalado en varias comunicaciones escritas que el gobierno no había cumplido con enviar a la JSF la información financiera necesaria para que se pudiera evaluar el impacto fiscal de las tres leyes. Incluso, en el comunicado enviado hoy, la JSF reiteró que el gobierno no ha logrado presentar la información requerida. “Después de repetidos intercambios con la JSF, el análisis del Gobierno sigue estando incompleto”, señala el comunicado.
La JSF sostiene que para compensar los gastos adicionales causados por las ventanas de retiro el gobierno “tendrá que imponer recortes sustanciales a los gastos, lo que resultará en reducciones significativas de la plantilla de empleados del gobierno, para garantizar la consistencia con el Plan Fiscal Certificado y equilibrar el presupuesto, según lo exige PROMESA. El gobierno debe proporcionar un plan realista para compensar los costos sustanciales de cada una de las tres leyes sin perjudicar los servicios esenciales. Hasta que el gobierno proporcione un plan para compensar los costos incrementales y la JSF los acepte, esas las leyes son significativamente incompatibles con el Plan Fiscal Certificado y no deben implementarse”.
Según el comunicado de prensa, la JSF le solicitó al gobierno que proporcione un plan “sobre cómo se financiarán los costos adicionales para el 28 de octubre y que deje de implementar las leyes hasta que la JSF provea su consentimiento al plan propuesto por el Gobierno para mitigar los costos de estas leyes”
El organismo federal le indicó a los empleados públicos que deben tomar conciencia que hasta que no se hayan resuelto los problemas fiscales del gobierno “no deben depender de los beneficios adicionales proporcionados por estas leyes”. Finalmente, la JSF realizó una fuerte advertencia: “en caso de que el gobierno continúe implementando medidas bajo estas leyes inconsistentes con el Plan Fiscal Certificado y PROMESA, la Junta de Supervisión podría tomar acciones que considere necesarias, de acuerdo con sus poderes bajo PROMESA, para prevenir un daño mayor al futuro financiero de Puerto Rico”.
