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PUERTO RICO

La Junta demanda al Gobernador, la Legislatura y AAFAF

Según Natalie Jaresko, la Ley del Retiro Digno “no le conviene a nadie, ni a los trabajadores gubernamentales retirados ni a los puertorriqueños que trabajan con ahínco”

Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico (Foto: EFE/Thais LLorca/Archivo)

San Juan, 2 de julio de 2021 (EFE) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó radicó una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y los presidentes legislativos, exigiéndoles que prohíban la Ley 7-2021, la cual, según el ente, crearía miles de millones de dólares en nuevas obligaciones de pensión del Gobierno.

Dicha ley “ataría las manos del actual Gobierno de Puerto Rico y de futuros gobiernos, prohibiría la cooperación del Gobierno con el Plan de Ajuste y reasignaría cada dólar de la reestructuración de la deuda a un nuevo Fideicomiso de Pensiones”, según estipuló la JSF en un comunicado de prensa.

La JSF indicó, además, que Pierluisi aprobó la Ley 7 el 9 de junio de 2021, pero certificó, por medio de AAFAF, que la ley es “significativamente inconsistente” con el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico de 2021.

La certificación del gobernador admite que la aplicación de la ley podría violar varias otras disposiciones de la Ley Promesa, establecida por el Congreso de EE.UU. para atender la deuda del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la autonomía del ente fiscal, implementar una reprogramación de fondos gubernamentales y modificar miles de millones de dólares de deuda sin la aprobación de la JSF.

Por ello, la JSF aseguró que la Ley 7 debe ser anulada porque le prohíbe al Gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el Cuarto Plan de Ajuste Enmendado presentado el 29 de junio de 2021.

La negativa del gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura, presididas por José Luis Dalmau en el Senado y Rafael Hernández en la Cámara de Representantes, a derogar cualquier parte de la ley, deja a la JSF sin otra opción que recurrir al litigio.

“La Ley 7 le hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”, aseguró el presidente de la JSF, David Skeel, en el comunicado.

“La Ley 7 resulta en todo lo contrario a un ‘retiro digno’, pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación”, abundó.

La Ley 7, según aseguró la JSF, establece un nuevo Fideicomiso de Pensiones que probablemente resultará insolvente para el 2053, y posiblemente mucho antes.

La Ley 7, igualmente, revierte además las políticas de pensiones de los gobiernos anteriores, que fueron diseñadas para promover la sostenibilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, regresándonos así a la mala administración fiscal que resultó en niveles insostenibles de deuda y la bancarrota de Puerto Rico.

La ley, a su vez, restablecería los planes de beneficios definidos fallidos del pasado, y en efecto, eliminaría el actual sistema PayGo y las cuentas de contribución definida implementadas por la Ley 106-2017.

Asimismo, la ley aumentaría la deuda de las pensiones del Gobierno en unos $17,000 millones hasta el año fiscal 2049, y propone pagarlo al desviar los fondos designados para el servicio de la deuda sin demostrar que dichos fondos serán suficientes para satisfacer estas obligaciones.

Por lo tanto, es inconsistente con el mandato de Promesa para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal.

La Ley 7 intenta además dictar los términos de un plan de reestructuración de la deuda que invalidaría el acuerdo consensuado propuesto por la JSF para reducir la deuda de Puerto Rico de $35,000 millones a $7,000 millones y tratar de ahorrarse casi $60,000 millones en pagos del servicio de la deuda al prohibir que el Gobierno haga uso de recursos para ayudar a alcanzar y hacer posible cualquier plan de ajuste que difiera de los requisitos de la Ley.

Por su parte, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que por los pasados cuatro años, el ente fiscal, el Gobierno de Puerto Rico, los retirados y los acreedores ‘han estado negociando para llegar a un acuerdo consensuado que permitiría a Puerto Rico salir de la bancarrota”.

No obstante, para Jaresko “esta ley descarrilaría ese progreso y podría resultar en años de estancamiento y litigios”.

“La Ley 7 no le conviene a nadie, ni a los trabajadores gubernamentales retirados ni a los puertorriqueños que trabajan con ahínco”, opinó.

Por último, la JSF aseguró que la ley es incompatible con las disposiciones de Promesa, las cuales otorgan al ente fiscal la autoridad exclusiva para proponer o modificar un plan de ajuste.

También perjudica y frustra los propósitos de Promesa al obstaculizar la capacidad de la JSF de proporcionar un método para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.

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