Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
La Oficina del Comisionado de Seguros realiza en la actualidad varias investigaciones relacionadas a la industria de los seguros, que podrían culminar en referidos para que se presenten cargos criminales en contra de las personas implicadas, según reveló el Departamento de Justicia (DJ).
Entre los casos que son investigados y que podrían terminar en referidos al DJ, figura el de la corredora de seguros Alice Meléndez Marengo y la agencia Prima Group.
La información surge de una moción de reconsideración presentada el pasado 25 de noviembre ante el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quién le ordenó a la OCS entregar en 30 días a los periodistas Miguel Díaz Román y José Maldonado Marrero, dueño del periódico digital EyBoricua.com, las querellas radicadas en esa oficina contra la productora Meléndez Marengo y Prima Group. Los 30 días se cumplen a mediados de diciembre.
El DJ representa a la OCS en el caso radicado por los periodistas, quienes presentaron un recurso de revisión luego de que la licenciada Ana López Erquicia, de la OCS, denegó una petición para obtener copia de las querellas. El recurso de revisión fue radicado según lo permite la Ley 141 del 2019, que pretende facilitar acceso a la información en menos del gobierno.
En la moción el DJ sostiene que a la corredora y a la agencia de seguros se le imputa “haber solicitado contratos de ventas a plazos sin autorización de los asegurados, falsificando las firmas que autorizan la transacción con el fin de lograr su cometido. Uno de los efectos de la transacción es que la compañía recibiría un adelanto de las comisiones que les corresponden como vendedores de seguro. La totalidad de los préstamos concretizados ascendió a $49,681.5, en el periodo de dos años”.
La querella contra Meléndez Marengo y Prima Group la originó el señor Jorge Rosado, titular del Condominio Villas de Punta Guilarte, en la municipalidad de Arroyo.
En la moción el DJ solicita al Tribunal que reconsidere su posición sobre la confidencialidad que debería tener una querella, la cual, según el DJ, surge por el contenido de la queja y no por la fecha en que fue presentada a la agencia. El juez Martínez Piovanetti había concluido que las investigaciones que realiza la OCS es un evento posterior a la presentación de la querella y por tal razón no procede considerar el documento de querella como “información recopilada dentro del curso de una investigación o examen”.
Como segunda solicitud le piden al juez que explore la alternativa de proveer las querellas pero con la advertencia de que se debe mantener en confidencialidad la información personal de terceros.
Según la moción del DJ, “el tribunal declaró los documentos públicos sin haber hecho una evaluación adecuada de las alegaciones del Estado en cuanto a la confidencialidad de la información allí vertida, ni el efecto que divulgar al público provoca sobre su función investigadora”.
El DJ también le indicó al juez que ignoró la posibilidad de que al permitir que los periodistas reciban copias de las querellas se estaría avalando la difusión de “información sobre quienes serán los testigos en un proceso criminal, poniéndolos a riesgo de ser intimidados o silenciados, previo al comienzo del proceso de enjuiciamiento”.
La moción indica además, que el juez determinó que la querella era un documento público, sin evaluar los daños que ocasionaría a la agencia al entregar las querellas y al derecho a la privacidad de las personas que someten querellas ante la OCS. Incluso, el DJ sostuvo que en las querellas los ciudadanos, pueden prestar todo tipo de información personal, incluyendo el número de póliza del asegurado, una alegación detallada de los hechos, nombres, números telefónicos y direcciones de los residentes del condominio.
“Precisamente por ser éste el documento que contiene la información brindada por el ciudadano a la agencia, sin el cual la agencia no tendría conocimiento de violaciones al Código de Seguros, es que sostenemos que contiene información confidencial que, de hacerse público a destiempo, puede lacerar la totalidad de la investigación, incluyendo el posible enjuiciamiento criminal de las personas en contra las cuales se presentó la querella”, sostuvo el DJ en su moción.
El DJ insistió en su petición de reconsideración que entregar copia de las querellas a los periodistas “lacera la función reguladora de la agencia al ahuyentar y desanimar que personas se acerquen a la Oficina del Comisionado de Seguros a dar información que mueve a la agencia a investigar y detectar así fraudes y conductas ilegales en el negocio de seguros para sancionarlas y corregirlas”.
“Entendemos el interés del periodista de la información para hacer su publicación sobre el esquema, pero, en el balance de intereses, debe este Honorable Tribunal proteger, como le permite hacer la ley, la investigación de la agencia mediante la cual ésta únicamente puede descargar su deber impuesto en su ley orgánica de velar el negocio de seguros y sancionar, corregir y referir al Departamento de Justicia aquello que es contrario a la ley”, añadió el escrito.
Finalmente, el DJ le indicó al juez Martínez Piovanetti que debe resolver que las querellas “deben permanecer confidencial hasta tanto se culmine la investigación y el Comisionado emita las recomendaciones que dentro de sus facultades legales le corresponda”.
