Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (4 de enero de 2021) – La administración del gobernador Pedro Pierluisi tiene un tostón caliente en sus manos con las leyes de retiro 80, 81 y 82, debido, mientras que miles de empleados públicos con edad para el retiro aspiran a acogerse a la jubilación con los beneficios que garantizan los estatutos, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se ha opuesto tenazmente a que entren en vigor hasta el punto que advirtió que la permanencia de la ley 80 dependerá de que el gobierno pruebe que generará ahorros o que su efecto económico en el fondo general será neutral.
Sobre las leyes 81 y 82, la JSF sostuvo que deben ser derogadas o enmendadas para proporcionar neutralidad de ingresos. Los señalamientos se desprenden de una carta enviada el pasado 22 de diciembre a Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera, por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.
De hecho, mientras miles de empleados públicos estuvieron durante el mes de diciembre llenando los formularios para acceder a los beneficios de jubilación que promete la ley 80, que garantiza una pensión equivalente al 50 % del salario, en la carta Jaresko le dió las gracias a Marrero por confirmar que el gobierno no implementará las leyes de retiro hasta que se llegue a un acuerdo con el organismo federal.
Según Jaresko, el acuerdo para no poner en vigor la leyes de retiro fue alcanzado durante una reunión pública de la JSF celebrada el pasado 20 de noviembre y divulgada por el gobierno en una carta circular emitida en diciembre por el administrador de los Sistemas de Retiro, Luis Collazo Rodríguez.
En la carta circular el funcionario le advirtió a los empleados públicos de todas las agencias, corporaciones públicas y municipios que llenar los formularios para la ventana del retiro de la ley 80, no significa que ya son candidatos a la jubilación sino que deberán esperar a la determinación que tome la JSF.
En la misiva Jaresko también reiteró que las leyes de retiro son inconsistentes con el plan fiscal del gobierno, pero le dió un respiro a la ley 80, cuya vigencia dependerá de que el gobierno pruebe que la ley tiene un costo neutral para el fisco o que generará más ahorros que los consignados en el plan fiscal.
“La Junta de Supervisión continúa concluyendo que cada una de las Leyes de Jubilación es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado. La Junta de Supervisión reconoce que el Gobierno se encuentra en las dos primeras fases de la implementación condicional de la Ley 80 para evaluar si la Ley generará ahorros por encima de los ahorros requeridos por el plan fiscal certificado, o al menos puede tener un costo neutral para el plan fiscal certificado”, sostuvo Jaresko.
La Ley 80 abre una ventana del retiro para los empleados públicos de la mayoría de las agencias y para todos los municipios. La Ley 81, conocida como ley para el retiro digno, cobija a los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.
La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
Sobre las leyes 81 y 82, Jaresko indicó que el gobierno no ha ofrecido información que pruebe que su implementación tendría un efecto neutral “y mucho menos que genere ahorros por encima del plan fiscal certificado”. “En cuanto a las Leyes 81 y 82, sin camino para evitar el efecto incremental de costos por el pago de las pensiones, la Junta de Supervisión cree que estas leyes deben ser derogadas o enmendadas para proporcionar neutralidad de ingresos”, indicó de manera inequívoca Jaresko.
Finalmente, Jaresko le pide a Marrero que el gobierno realice una expresión pública sobre las leyes 81 y 82, similar a la que hizo Collazo Rodríguez con la ley 80.
“En las circunstancias actuales, la Junta de Supervisión sigue preocupada por el riesgo de incertidumbre y confusión entre los empleados públicos sobre si las leyes de jubilación serán implementadas. Observamos que usted declara específicamente que no implementará dicha ley (ley 80) hasta que el gobierno llegue a un acuerdo con la Junta Supervisión. Sin embargo, no declara que la Ley 81 y 82 no se implementarán hasta que se llegue a un acuerdo con la Junta de Supervisión. La Junta de Supervisión solicita que se dé dicha notificación, en particular a los empleados públicos potencialmente afectados por las Leyes 81 y 82, para el 28 de diciembre de 2020”, indicó Jaresko en la misiva.
Hasta el día de hoy esa notificación no se ha realizado, según confirmó Jaime Morales Rodríguez, presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad.
“No se ha dicho nada. Sobre la ley 81 nadie habla”, indicó Morales, quien sostuvo que la pasada mayoría del Partido Nuevo Progresistas en la legislatura usó las leyes de retiro para ganar votos con la promesa de que los policías recibirán una jubilación equivalente al 50 % del salario.
“La JSF ha dicho que esas leyes no pueden ser implementadas. Esas leyes se usaron para politiquear. En la ley 81, que originalmente era solo para los policías, se metió a los bomberos y otras agencias y no se asignaron los fondos. Ahora tenemos a más de 800 policías que ya tienen la edad a los 30 años de trabajo que se van a retirar con una porquería de cerca de 38 % del salario, que da la ley 1 del 2013. Lo mejor sería que se enmendara esa ley para subir la pensión al 50 % del salario!”, dijo Morales.
