Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan–En momentos cuando la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) se encuentra insolvente para atender unas 2,000 reclamaciones presentadas por agricultores cuyas fincas estaban aseguradas y sufrieron severos daños por el paso del huracán Fiona cinco meses atrás, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) denegó una petición de fondos para atender la emergencia.
La denegatoria de la JSF trascendió ayer 6 de enero, en una carta dirigida al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Blanco Urruti, en la que el organismo federal responde a diversas solicitudes para la reprogramación de asignaciones presupuestarias. La misiva fue firmada por Jaime A. El Kouri, quien es el consejero general de la JSF.
Este medio reveló el pasado jueves que la CSA estaba insolvente luego de que fuentes vinculadas al Departamento de Agricultura (DA) detallaran el precario estado de las finanzas de la corporación pública. Actualmente la CSA carece de personal suficiente para inspeccionar fincas y estimar daños y, además, en las pasadas semanas enfrentó la renuncia súbita de los directivos de las divisiones de pólizas, finanzas y de la división de cómputos, lo que ha profundizado la crisis que ya padecía la entidad.
Una fuente cercana al DA indicó que la CSA había solicitado a la JSF $4 millones para atender el pago de las reclamaciones sin resolver.
En la carta El Kouri no revela la cantidad de dinero solicitada por la CSA, pero sostiene que la petición de fondos fue denegada porque identificó el Fondo de Emergencia como la fuente de dónde serían sustraídos los dineros. El documento explica que, según el plan fiscal certificado, los dineros depositados en el Fondo de Emergencia solo se pueden utilizar para acelerar las actividades de respuesta después de un desastre natural.
“El uso solicitado de los fondos no está alineado con los usos autorizados por el Plan Fiscal Certificado, de hecho, denegamos esta solicitud”, indicó El Kouri. Luego, la carta exhorta a la OGP “a identificar una fuente válida de fondos dentro del presupuesto del año fiscal 2023 para cubrir este gasto”.
De la carta se desprende que, tras la identificación de los fondos disponibles, la CSA deberá regresar a la JSF para que la transferencia sea aprobada.
Sin razones la insolvencia
No están claras las razones de la insolvencia de la CSA y se desconoce si la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) está al tanto de la crítica situación que enfrentan más de 2,000 agricultores asegurados cuyas reclamaciones no han sido pagadas cinco meses después del paso de Fiona y si puede tomar alguna acción contra la aseguradora pública.
Aunque el Código de Seguros no contiene disposiciones relativas a la CSA, lo que implica que las regulaciones del Código no le aplican, la ley matriz de esa corporación pública, la ley 12 de 1966 o Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico, según ha sido enmendada, establece claramente que la OCS tiene la obligación de velar que el monto de las reservas sea adecuado para los riesgos contratados.
Incluso, la ley 12 dispone que si la CSA enfrenta falta de fondos para pagar reclamaciones el secretario de Hacienda deberá asignar los dineros necesarios de aquellas partidas no comprometidas.
La portavoz de prensa del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, dijo que el próximo lunes el funcionario podrían reaccionar a la situación que atraviesa la CSA.
De hecho, no está claro qué relación pudo tener la limitación presupuestaria impuesta por la JSF a la Administración de Empresas y Desarrollo Agropecuario (ADEA) con la insolvencia de la CSA. ADEA subsidia una porción de las primas que pagan los agricultores por la póliza de la CSA, que cubre las pérdidas de las cosechas y también ofrece protección a plantaciones, cosechas, aves y estructuras avícolas.
Reaseguro reembolsa lo pagado
De acuerdo con una fuente, existe la posibilidad de que, como resultado de la reducción presupuestaria, la ADEA estuvo impedida de cumplir con el pago de los subsidios a la CSA, lo que pudo forzar la insolvencia.
La CSA opera con un reaseguro que ofrece la Corporación Federal de Seguros de Cosechas (FCIC por sus siglas en inglés), que es una corporación administrada por la Agencia de Gestión de Riesgos del Departamento de Agricultura Federal.
La FCIC reasegura los riesgos agrícolas en las jurisdicciones de los Estados Unidos que participen en su programa y opera por medio del reembolso de aquellas reclamaciones pagadas dentro de los límites previamente acordados con los participantes.
Lo que implica que la CSA deberá pagar las reclamaciones de sus fondos para luego esperar por el reembolso de la FCIC.
Según la información difundida por OGP, la CSA tiene un presupuesto de $2.4 millones, posee 35 empleados y cuenta con 2,600 asegurados.
Insolvencia en secreto
Según las fuentes, tanto el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, como el director ejecutivo de la CSA, Javier Lugo Rullán, han obrado para mantener en secreto la insolvencia de la aseguradora pública con el fin de no exacerbar el descontento de miles de agricultores asegurados cuyas fincas fueron afectadas o destruidas en su totalidad por el huracán Fiona y aún no han recibido el pago de sus reclamaciones.
También se ha querido mantener en secreto la crisis de personal que padece la CSA. La falta de personal en la CSA es tan urgente que a mediados del pasado mes de diciembre aún existían fincas que no habían recibido la visita de los inspectores para estimar los daños causados por Fiona.
Otro factor que agrava la situación administrativa de la CSA son las vacantes causadas por la renuncia de los tres directivos. Estos son: Radamés González, quien dirigió la división de cómputos; Carlos Cordero, quien era el director de finanzas y el agrónomo Luis Torres, quien tenía a cargo la división de pólizas.
Alegadamente, González y Cordero aceptaron posiciones en el sector privado mientras que Torres solicitó un traslado a una división de mercadeo en el DA.
Ni González Beiró ni Lugo Rullán respondieron a la petición de este medio para que ofrecieran su reacción a la insolvencia de la CSA, lo que impide pagar las reclamaciones causadas por el huracán Fiona.
Aseguradoras rechazan riesgos agrícolas
El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sostuvo que la insolvencia de la CSA podría generar repercusiones adversas en las relaciones con la FCIC que podrían colocar en peligro la disponibilidad del reaseguro federal en el futuro. “No entiendo cómo es posible que hayan dejado que la CSA llegue al nivel de la insolvencia. Si esta situación afecta la disponibilidad del reaseguro de la FCIC, los agricultores no tendrán nunca más la opción de un seguro para proteger sus cosechas y cultivos”, se lamentó el ex secretario.
Indicó que durante su gestión el pasado cuatrienio en el DA intentó sin éxito que varias aseguradoras privadas ofrecieran a los agricultores pólizas de seguro para proteger cultivos, cosechas y estructuras.
“Una sola aseguradora se interesó en asegurar estructuras, pero ninguna estuvo dispuesta a asegurar cosechas y cultivos. Es mucho el riesgo, dijeron esas aseguradoras. Por eso la importancia del reaseguro de la FCIC”, dijo Flores Ortega.
Vilsack en Puerto Rico
La crisis en los seguros agrícolas y en la CSA ha eclosionado en momentos cuando el secretario de Agricultura federal, Tom Vilsack, visitará el país en los próximos días.
Aunque Vilsack estará en Puerto Rico para participar en la convención de la Federación Americana de Agricultores, que se celebra en San Juan, también sostendrá reuniones con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el secretario de Agricultura y el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre.
También se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara, José Luis Dalmau Santiago, y Rafael Hernández Montañez. En esa reunión participarán agricultores y se discutirá, entre otros asuntos, la asistencia por desastres, lo que podría implicar que se aborde el tema de la insolvencia de la CSA.
El martes Vilsak celebrará una conferencia de prensa con el gobernador Pedro Pierluisi en Jayuya.