Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (29 de octubre de 2020) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) descartó investigar el explosivo asunto sobre que cuatro fondos de cobertura, conocidos como “hedge funds”, pudieron haber tenido acceso a infomación confidencial relacionada con las negociaciones de la deuda del gobierno, para adquirir bonos a bajo precio y obtener sustanciales beneficios económicos tras un acuerdo de reestructuración.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que el Departamento de Justicia federal está mejor preparado que la JSF para determinar si se han violado las leyes federales y señaló que así también se evitará que el gobierno local, que provee los fondos de operación del organismo federal, pague por una investigación “potencialmente expansiva y costosa”.
Las expresiones de Jaresko figuran en una carta enviada el pasado martes al congresista demócrata, Raúl Grijalva, quien es el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal. Grijalva le había solicitado a la JSF que efectuara una “investigación exhaustiva” sobre el presunto acceso de información confidencial por parte de los cuatro Hedge Funds.
La petición de Grijalva también fue respaldada por los congresistas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano, Darren Soto, Adriano Espaillat y Jesús García. Los congresistas habían advertido que las negociaciones de reestructuración que realiza la JSF no deben continuar sin una investigación.
La denuncia, que amenaza con detener las negociaciones relacionados con la quiebra del gobierno local, fue realizada por la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee a principios de octubre por medio de una moción ante la jueza federal Laura Taylor Swain, que preside el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal.
National solicitó una investigación independiente para que se determine si son legales la compraventa de bonos efectuadas por las firmas Aristeia Capital LLC, Whitebox Advisors LLC, Taconic Capital Advisors y Golden Tree Asset Management. Según National, las cuatro entidades registraron un aumento en la adquisición de bonos locales, pues en enero del 2019 tenían $5,000 millones en bonos y en junio de 2020 ya tenían $7,700 millones en bonos.
La aseguradora alega que los cuatro Hedge Funds pudieron tener acceso a información confidencial en medio de las negociaciones de los acreedores con la JSF.
La Coalición de Deuda Constitucional Legítima (CDCL), que representa a los cuatro Hedge Funds, ha sostenido que sus miembros “respetaron y cumplieron con todos los elementos del protocolo de mediación y las restricciones comerciales durante el período en que negociaron con la Junta de Supervisión y Administración Fiscal”.
“Nuestros miembros consistentemente han entrado en un diálogo de manera constructiva y transparente con la Junta de Supervisión para facilitar que el Estado Libre Asociado salga oportunamente de la quiebra y se recupere económicamente”, indicó CDCL en declaraciones escritas.
En la misiva a Grijalva, Jaresko indicó que “aunque la JSF no se pronunciará sobre los méritos de las acusaciones, dado su seriedad, la JSF tiene la intención de ponerse en contacto con el Departamento de Justicia Federal y comunicar las alegaciones y la solicitud del Comité. El Departamento de Justicia Federal está mejor preparado que la JSF para evaluar la pruebas y para determinar si se han violado las leyes federales. Este enfoque también evitará cargar al Estado Libre Asociado con una investigación potencialmente expansiva y costosa”.
La comisionada residente Jenniffer González Colón ya había solicitado una investigación sobre el asunto a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
De acuerdo con González Colón, “los patrones de inversión y la evolución de los precios plantean dudas sobre la legalidad del comportamiento de los fondos de cobertura, lo que justifica una investigación”. La Comisionada indicó que el acuerdo concretado mediante mediación confidencial “aumentó la oferta por los bonos impugnados de entre 35 y 45 centavos a entre 65 y 75 centavos”.
En su petición de investigación a la JSF, Grijalva había mencionado que “un acuerdo de reestructuración contaminado por la sospecha de actividad ilícita y enriquecimiento injusto no debería ser un camino aceptable”.
