Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan–La directora de la Oficina de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud, la licenciada Arlene Marie Questell, figura involucrada en una serie de imputaciones sobre presuntas irregularidades y el uso ilegal de permisos por parte de la empresa Aquamak Inc, de la que fue su presidenta.
Aquamak Inc. opera una marina y otras amenidades en el sector Playa del municipio de Santa Isabel.
La querella, radicada el pasado 25 de octubre por el ciudadano Alfonzo Cintrón en la Oficina de Gerencia de Permisos de San Juan, sostiene que la empresa Aquamak Inc, solicitó en 2010 tres permisos para la remodelación de una estructura existente y la demolición de dos estructuras, en los predios de la marina del sector la Playa, pero en realidad los permisos se utilizaron para construir nuevas estructuras.
Cintrón es vecino de Santa Isabel y junto a otros residentes de ese pueblo han impugnado ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) las estructuras construidas por Aquamak Inc. en la marina del sector Playa, así como la insólita decisión de levantar una verja de metal eslabonado sobre la zona costera en el sector Playa, que impide a los residentes y pescadores el libre acceso al mar.
Cintrón sostuvo que los tres permisos fueron tramitados por Questell, quien para entonces era la presidenta de Aquamak Inc. “Tenemos copia de las solicitudes de permisos firmadas por la señora Questell. Solicitaron permisos para la remodelación de una estructura que ya estaba allí y los usaron para construir nuevas estructuras. Esto es ilegal y lo hizo la señora Questell”, dijo Cintrón.
Este medio solicitó a Questell una reacción sobre la querella presentada por Cintrón y hasta el cierre de esta edición no se había recibido una respuesta.
Según documentos obtenidos por este medio el 12 de enero del 2021 la Junta de Directores de Aquamak Inc., emitió una resolución corporativa en la que se determinó que Questell abandonaría la presidencia y la posición de secretaría de la empresa, dos cargos que desde ese día ocupa su padre, el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado.
Questell abandonó las posiciones ejecutivas en la empresa para ocupar la posición de directora de la Oficina de Cannabis Medicinal.
En la querella Cintrón sostiene que en febrero de 2011 se radicó una querella contra Aquamak Inc porque, alegadamente, carecía de permisos para la construcción de un gazebo y para la realización de trabajos entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.
Permisos no autorizan nuevas estructuras
El 10 de marzo de 2011, la licenciada Jennifer Mayo, Inspector General de Permisos, sostuvo que las obras contaban con los permisos requeridos, lo que dio paso a finalizar la querella.
Pero Cintrón indicó que recientemente realizó una investigación sobre los permisos de las distintas construcciones efectuadas por Aquamak Inc y que incluyen una rampa para botes, un tablado, un almacén de combustibles, muelles, un área para acampar al aire libre, guardería de botes y un gazebo.
La querella señala que la investigación sólo identificó tres permisos relacionados con la remodelación de la antigua estructura del conocido restaurante “El Aquarium”, que existe en dicho predio.
Estos permisos son: el 10CX7-00000-02580 para la remodelación de una estructura existente para uso comercial; el permiso 10DM7-00000-02591 para la demolición de una estructura de hormigón y bloques y el permiso 10EA7-00000-02592, que trata para otra demolición.
La querella sostiene que los permisos antes mencionados no autorizan las nuevas estructuras señaladas. “No comprendemos cómo fue que la licenciada Jennifer Mayo, Inspector General de Permisos, archivó la querella presentada en el año 2011, alegando que existían permisos para la construcción del Gazebo, planteado en aquel momento”, comenta en la querella el ciudadano Cintrón.
La querella agrega que la mayoría de las construcciones se han realizado sobre los bienes de dominio público y sin proteger los recursos naturales.
DRNA presenta moción
Además, el pasado 8 de septiembre la Oficina de Asuntos Legales del DRNA presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce una moción para que se le ordene a la empresa a honrar con una serie de acuerdos que ha incumplido.
Estos acuerdos estipulados con el DRNA en septiembre de 2021, pretenden que Aquamak Inc. remueva una verja de metal eslabonado ubicada en la zona costera en el sector Playa, que es considerada por el DRNA como zona marítimo terrestre de dominio público. La agencia de protección ambiental también le solicitó al Tribunal que le ordene a la empresa remover todo el relleno depositado en los predios de dominio público y cumpla con cualquier otro pronunciamiento que en ley proceda.
La moción sostiene que todas “las gestiones realizadas por el DRNA encaminadas al cumplimiento con lo acordado han sido infructuosas, reflejo de una conducta temeraria y contumaz por la parte demandante (Aquamak Inc)”.
“Su conducta presente ha agravado las circunstancias pasadas depositando relleno en los bienes del dominio público marítimo terrestre y persistiendo en la ocupación ilegal de los bienes del dominio público marítimo terrestre mediante la ocupación ilegal de los mismos por una verja, no deseada, obstruyendo el libre acceso a los bienes públicos por su legítimo titular, el pueblo de Puerto Rico, y en contraversión por lo ordenado por el administrador y fiduciario de los bienes públicos bajo su jurisdicción”, agrega la moción que fue presentada por la licenciada Mildred Sotomayor Bourbón, directora de asuntos legales de la agencia.
Por estas violaciones el DRNA impuso una multa por $35,000 contra Aquamak Inc. Además, a la empresa se le imputó haber cortado y removido ilegalmente un manglar de la costa y depositar en el área relleno sin autorización. A pesar de las graves violaciones, la multa fue reducida por el DRNA a $5,000.
Ni Arlene Questell ni su padre, Questell Alvarado, realizaron gestiones para pagar la multa y cumplir con el fallo de la agencia que ordena “la remoción inmediata de todos aquellos aprovechamientos no conformes a la ley y al reglamento” y la “restauración del área a su estado natural conforme a las recomendaciones del personal técnico del departamento”.
