San Juan, 1 de febrero de 2022 – La Unión General de Trabajadores (UGT) envió una carta al Gobernador de Puerto Rico y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos, solicitándoles que toda consideración que se haga en estos momentos para aumentar el salario de todos los empleados públicos se canalice a través del proceso de negociación colectiva que ya ha quedado abierto, luego de que se congelaran los Convenios Colectivos desde la aprobación de la Ley 66 del 17 de junio de 2014.
En la misiva, el presidente de la UGT, Gerson L. Guzmán López, dejó meridianamente claro que no tienen objeción alguna al reconocimiento que se ha hecho de la necesidad de mejorar los ingresos del grupo de servidores públicos que se ha anunciado, a la vez que señala la necesidad de considerarlos junto a todos los otros empleados gubernamentales que llevan más de una década sin recibir incremento salarial alguno.
También puntualizó el reclamo que consistentemente ha hecho su gremio para que se reconozca la labor que han venido desempeñando los trabajadores de la salud, que han llevado un peso enorme en la atención de la pandemia que aún nos golpea con fuerza, y que no han sido considerados en la propuesta anunciada públicamente.
Al hacer su reclamo, el líder sindical expresó que todos los empleados gubernamentales deben recibir la justicia que solicitan y merecen ya que han experimentado el alza en el costo de vida, la reducción de sus beneficios, el deterioro de sus condiciones de trabajo y la eliminación de un número significativo de leyes protectoras del trabajo durante los pasados años.
Actualmente, en conjunto con el anuncio de la Junta de supervisión Fiscal, se han hecho públicos tres proyectos dirigidos a mismo propósito que dice perseguir el organismo creado bajo la Ley PROMESA, a saber; P del S 0563 para establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el P de la C 1168 para Conceder un aumento de sueldo de cien dólares (100) a los empleados públicos del Gobierno Central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el P del S 0567 para establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En conjunto con estas propuestas legislativas, de aplicación general, hay otras que atienden agencias y departamentos de forma particular, con el mismo fin.
“Consideramos que todos estos esfuerzos, que van dirigidos al mismo propósito de hacerle justicia a nuestros servidores públicos, encontrarán un mejor ordenamiento y una efectiva canalización a través del proceso de negociación colectiva establecido en la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico (Ley 45 del 1998, según enmendada) en la Sección 2.3″, dijo Guzmán López.
La organización de sindicatos de empleados del sector público y la negociación colectiva deberán equiparar la responsabilidad indelegable que tienen las agencias de servir al pueblo y el poder que esta ley les concede a los empleados públicos, en las determinaciones de salarios, beneficios marginales, así como términos y condiciones de empleo”, resaltó.
“Nuestro llamado al señor Gobernador y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos es a tomar la palabra de la señora Jaresko al predecir que, gracias al impacto de los fondos generales y la liquidez que el gobierno ha acumulado en la renegociación de la deuda pública, ahora ofrecen flexibilidad suficiente para que el gobierno se centre en lo fundamental: crear las condiciones para que la economía crezca de manera sostenida y fortalecer los servicios gubernamentales pagando mejor a los trabajadores e invirtiendo en equipo y tecnología”, dijo.
“Por lo tanto, solicitamos que se identifiquen las partidas económicas y éstas se hagan disponibles a las agencias y corporaciones públicas, con el fin de efectuar mejoras en los salarios y beneficios por medio de la negociación colectiva”, concluyó Guzmán López en su carta al Gobernador y los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
