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PUERTO RICO

Graves imputaciones contra el Comisionado de Seguros

Investigación periodística revela serio conflicto de interés del funcionario; mediocridad en la evaluación de su nombramiento por el Senado y señalamientos de maltrato a su ex esposa, numerosas deudas e incumplimientos económicos

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El comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. Foto vía Facebook Oficina del Comisionado de Seguros

Por Miguel Díaz Román

Información comprometedora sobre el pasado financiero del Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, que habría revelado un serio conflicto interés, no estuvo disponible durante su confirmación en el Senado, mientras que tras su divorcio han surgido a la luz señalamientos de conducta maltratante contra su ex esposa, Yelitza Berríos Maldonado.

A su vez, en el caso de divorcio Rivera Ríos fue objeto de una moción de desacato por el impago de honorarios de abogado y de la retención obligatoria de la pensión alimentaria para sus dos hijos del cheque quincenal, tras conocerse de acciones de embargo contra sus ingresos por deudas.

De acuerdo con una investigación periodística el Banco Popular y el Scotiabank, que en conjunto operan cuatro negocios de seguros que son fiscalizados por la Oficina del Comisionado de Seguros, mantienen en los tribunales tres demandas por cobro de dinero en contra Rivera Ríos en las que reclaman el pago de $290,238.00 por el impago de dos hipotecas y una línea de crédito. Los casos judiciales estuvieron vigentes durante el proceso de evaluación y confirmación, pero los senadores que avalaron el nombramiento nunca recibieron la información a pesar de que la Comisión de Nombramientos tuvo el personal y la capacidad técnica para acceder a ella.

Por su parte, el empresario Ramón H. Berríos, al salir en defensa de su hija, Berrios Maldonado, tras un contencioso proceso de divorcio, sostuvo que “el Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, es un hombre maltratante, que le ha hecho daño a mi hija y nosotros solo queremos el bienestar de sus hijos, que son mis nietos”, sostuvo Berrios. 

“El señor Rivera Ríos maltrata a mi hija continuamente con mensajes insultantes, en los que quiere hacerla ver como una mujer incompetente, incapaz y negligente con sus hijos lo que no es cierto. Y trata de bajarle autoestima con palabras insultantes y humillantes. No sabemos qué es lo que pretende el señor Rivera Ríos con esta conducta injusta hacia una mujer que es la madre de sus hijos y que es una mujer responsable, profesional y trabajadora”, dijo Berríos, quien es un empresario exitoso de Bayamón.

El proceso de divorcio ha tenido lugar mientras han surgido a la luz los graves incumplimientos  económicos de parte de Rivera Ríos, quien en 2018 se deshizo de su vehículo Mercedes Benz debido a los atrasos en el pago mensual del auto, el cual ahora paga su ex suegro, el empresario Berrios. Esto a pesar de que el funcionario tiene asignado un salario de $125,000 anuales desde enero del 2017, cuando fue nominado al cargo por el ex gobernador Ricardo Rosselló y en diciembre de ese año el Senado confirmó el nombramiento.

Tras el nombramiento de Rivera Ríos como Comisionado, el 10 de julio del 2017, el Tribunal Superior de Bayamón, a petición del Banco Popular, emitió una orden para embargar sus bienes con el objetivo de recuperar parte del dinero de una línea de crédito que el funcionario no pagó. Además, el 17 de agosto del 2017 el Scotiabank le solicitó al Tribunal Superior de Carolina que se expidiera una orden de embargo contra Rivera Ríos por el impago de un préstamo hipotecario. 

De acuerdo con una fuente, tras conocerse estas acciones judiciales, Berríos Maldonado solicitó la retención obligatoria de la pensión alimentaria. 

El auto, un Mercedes Benz GLA 250 del 2017, cuatro puertas y de color gris, pertenece a la empresa Real Advisors Group, según copia de la licencia del vehículo que obtuvo este periodista. La empresa es presidida por Rivera Ríos, pero que tras ocupar el cargo de Comisionado de Seguros, la empresa es administrada por un fideicomiso ciego que tuvo que crear para cumplir con la Ley de Ética Gubernamental. 

Berríos indicó que posibilitó con su firma la adquisición del auto debido a que Real Advisors Group no tenía historial crediticio y porque según le dijo Rivera Ríos, él también carecía de acceso al financiamiento bancario por su clasificación negativa de crédito. 

“A mediados del 2018 comencé a recibir llamadas de cobro de la Mercedes Benz Financial porque no se pagaba el auto. De la Mercedes Benz me dijeron que deseaban incautarse del auto pero ellos no lograban dar con Rivera Ríos. Yo les dije que eso no estaba en mis manos porque el auto lo tenía él (Rivera Ríos). Al tiempo me indicaron que se había hecho un pago y luego el auto se fue a buscar a la empresa Real Advisors Group. Pero después resultó que el cheque no entró por un error numérico y yo tuve que pagar los atrasos de $1,200. También tuve que ponerle un seguro por $3,966 y pagar las deudas de peaje por casi $300 para poder sacar el marbete”, indicó.

El comerciante dijo que lleva un año pagando un auto que no necesita y a pesar de que le pertenece a la empresa Real Advisors Group. 

“Yo lo sigo pagando para que no se me afecte el crédito. No entiendo porqué debo pagar un auto que está a nombre de Real Advisors Group. No sé porqué la persona que administra ese fideicomiso no ha hecho gestiones para recuperar esa unidad”, expresó contrariado el empresario.

El caso de divorcio y sus secuelas se ventilan en la sala del juez, Juan C. Negrón Rodríguez, en el Tribunal Superior de Bayamón, cuya bitácora está registrada en la página de internet de la Rama Judicial. La moción de desacato contra Rivera Ríos  fue presentada el licenciado y ex juez, Luis Rosario Villanueva, quien es el abogado de Berrios Maldonado.

Debido a la confidencialidad que cobija a los casos de divorcios, las mociones y sentencias del caso no están disponibles para la prensa, pero una fuente conocedora del caso indicó que el monto de los honorarios que Rivera Ríos no había pagado superaban $500 por gestiones que realizó el licenciado Rosario Villanueva a favor de su cliente. De acuerdo con la fuente, después de la moción de desacato el Tribunal ordenó a Rivera Ríos pagar los honorarios.

El licenciado Rosario Villanueva se negó a comentar sobre el caso debido a que además de la confidencialidad que protege los casos de divorcios, Rivera Ríos solicitó una orden de mordaza que el Tribunal avaló. 

Rivera Ríos es representado por la licenciada Itza García Rodríguez, quien hasta el mes de abril del 2018 fue la secretaria asociada de la Gobernación. 

De la bitácora se desprende que en nueve ocasiones surgió el asunto de retener los ingresos del funcionario a través de una orden, durante los casi tres años que lleva el caso, que comenzó en abril del 2017, cuando Rivera Ríos presentó la demanda de divorcio contra su esposa.  Desde el inicio del proceso de divorcio la licenciada Heileene Colberg Birriel fue la abogada de Rivera Ríos, hasta que en enero del presente año solicitó renunciar al caso por razones que se desconocen. La licenciada García Rodríguez asumió la representación de Rivera Ríos desde marzo pasado. 

Al momento de su confirmación, en diciembre del 2017, existían tres casos judiciales por cobro de dinero vigentes en los tribunales: los dos casos mencionados antes y otro adicional también presentado por el Banco Popular, para ejecutar y subastar una propiedad suya, y de esta manera satisfacer la deuda por impago de un préstamo hipotecario con esa institución bancaria.

Investigación dudosa, informe fallido

Las  controversias judiciales revelan aspectos del carácter de Rivera Ríos que podrían ser incompatibles con la cualidades que se le requieren para dirigir una agencia tan revestida de interés público como la Oficina del Comisionado de Seguros. Sin embargo, el Senado confirmó al nominado sin conocer las citadas controversias, pues en el informe que se le entregó a los senadores sobre la investigación de Rivera Ríos no menciona estos casos judiciales. 

El informe, presentado al pleno del Senado el 12 de diciembre del 2017 y firmado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, sostiene que se realizó “un minucioso análisis” de los documentos financieros sometidos por Rivera Ríos y “no arrojó situación conflictiva alguna que impida al señor Javier Rivera Ríos ocupar el cargo de Comisionado de Seguros”.  Del documento surge que la Oficina de Ética Gubernamental “emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado”.

Para esta investigación no tuvo acceso a los datos financieros provistos por Rivera Ríos a la Comisión de Nombramientos del Senado pues se considera información confidencial. Pero, de un resumen que realizó Ética, fundamentado en la documentación financiera sometida por el nominado, surge que Rivera Ríos no divulgó toda la realidad de sus transacciones financieras  a la Comisión de Nombramientos, pues no existe un desglose detallado de sus deudas con el Banco Popular y el Scotiabank y el estatus de las demandas en cobro de dinero al momento de su nominación.

Pero nada impidió que los investigadores de la Comisión de Nombramientos examinaran el portal de la Rama Judicial para identificar los posibles casos en los que figuraba el nominado y acudir a los archivos de los Tribunales para conocer los detalles. Esa tarea también la pudo realizar la empresa de “asesores financieros” que, según indica el informe, contrató la Comisión de Nombramientos para realizar el “análisis financiero” de los documentos sometidos por Rivera Ríos. En el informe solo se menciona que “se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información en el portal de la Rama Judicial”.

La ausencia de esta información en el informe de la Comisión de Nombramientos impidió que los senadores evaluaran la posibilidad de un conflicto de interés debido a que los dos bancos que mantienen demandas en cobro de dinero contra Rivera Ríos poseen cuatro subsidiarias operando en el campo de los seguros. Estas entidades están bajo el escrutinio continuo de la Oficina del Comisionado de Seguros a través de un abanico de vías de fiscalización que incluyen desde la autorización de licencias a las entidades y a sus empleados, auditorías de las operaciones y de sus estado financieros, hasta la investigación de querellas e imposición de multas y de otras penalidades en caso de incumplimientos con las disposiciones del Código de Seguros.

De acuerdo con la ley de la Oficina de Ética Gubernamental, los conflictos de interés surgen cuando un funcionario del gobierno debe tomar decisiones en las que sus intereses privados  pueden verse enfrentados con los intereses públicos.

Las controversias en los tribunales 

El Banco Popular opera tres negocios de seguros: Popular Insurance, que es una agencia de seguros; Popular Risk Services, dedicada al manejo de riesgos de clientes comerciales;  y Popular Life Re, que se dedica al reaseguro para pólizas de préstamos de consumo, así como de accidentes personales y de seguros de salud. Por su parte, Scotiabank posee la afiliada Scotia Insurance, que es una agencia que mercadea seguros de vida, de crédito, para autos y seguros para propiedades.    

En uno de los casos presentados por el Banco Popular, la jueza Sylvette A. Quiñones Mari, del Tribunal Superior de Bayamón emitió, el 10 de julio del 2017, una orden para embargar los bienes de Rivera Ríos con el objetivo de recuperar $46,011.74 originados en una línea de crédito que el hoy funcionario del gobierno no pagó. La línea de crédito fue concedida en el 2005 a Rivera Ríos por el Citibank por un total de $64,500. Posteriormente, el Banco Popular adquirió esa cuenta y en el 2016 radicó la demanda en cobro de dinero contra Rivera Ríos. Entre los documentos legales del caso figura un pagaré en el que se identifica a Rivera Ríos como “agente de seguros”.

En el otro pleito incoado por el Banco Popular la jueza Diana Pérez Pabón, del Tribunal Superior de Carolina, ordenó el 6 de julio del 2017 la ejecución y subasta de un apartamento de Rivera Ríos ubicado en el Condominio Altos del Escorial, en la comunidad Parque del Escorial en Carolina. Del documento surge que Rivera Ríos había dejado de pagar la hipoteca y que el monto acumulado de la deuda asciende a $187,787.01. La propiedad fue adquirida por Rivera Ríos en el 2003 con un préstamo hipotecario que le concedió la entidad financiera First Security Mortgage por $204,290.00.  

El préstamo pasó al Banco Popular y en el 2015 esa entidad presentó la demanda en cobro de dinero. Luego de que Rivera Ríos fuera confirmado al cargo de Comisionado de Seguros, el Banco Popular presentó una moción para paralizar los procedimientos en su demanda contra el funcionario debido a que la institución se encontraba evaluando “la posibilidad de una alternativa para este préstamo”. La moción, que no identifica Rivera Ríos como el Comisionado de Seguros, fue radicada el 10 de octubre del 2018, cuando ya se habían normalizado los trabajos en los tribunales tras la interrupción del servicio eléctrico por el paso del huracán María. 

El último evento en este caso ocurrió el pasado 4 de febrero del 2019 cuando el licenciado Reggie Díaz Hernández, en representación del Banco Popular, presentó una moción informativa solicitando la paralización de los procedimientos para que la institución realice una evaluación interna para efectuar “validaciones regulatorias”. 

En el tercer caso, presentado por Scotiabank, el 17 de agosto del 2017, el licenciado Jean Paul Juliá Díaz, del bufete Rivera-Munich & Hernández, que representa al Scotiabank, le solicitó al Tribunal Superior de Carolina que se expidiera contra Rivera Ríos una orden de embargo de bienes para La solicitud de Scotiabank fue avalada el 6 de marzo del 2018 por el juez Lizardo Mattei Román, del Tribunal Superior de Carolina en la sala del pueblo de Loíza. El juez determinó que todos los bancos y cooperativas del país debían examinar sus archivos y si encontraban cuentas a nombre de Rivera Ríos debían informar a la oficina de alguaciles del Tribunal de Carolina para proceder con el embargo de los dineros depositadas en ellas. Además, el juez Mattei Román, en una determinación genérica que ocupa tanto al gobierno como al sector privado, ordenó “al patrono” de Rivera Ríos retener “el 25 % de su salarios, sueldos y comisiones por servicios prestados”. 

La determinación también ordena embargar todos los bienes muebles de Rivera Ríos tales como enseres eléctricos, obras de arte, muebles del hogar, artículos de decoración  y hasta efectos personales. La propiedad en el Condominio Costa Mar Beach Village tuvo un valor de $240,000 y el préstamo fue otorgado por el desaparecido banco  RG Premier Bank. El banco Scotiabank adquirió el préstamo y en el 2011 presentó una demanda de cobro de dinero contra Rivera Ríos. Del expediente del caso se desprende que el caso fue 4 de septiembre del 2012 el juez Ismael R. Colón Nieves, del Tribunal Superior de Carolina, expidió una orden “de lanzamiento” contra Rivera Ríos y contra “cualquier otra persona que con su consentimiento habiten la propiedad residencial”.  Finalmente la propiedad fue reposeída por el Scotiabank.

Además, que el 17 de julio del 2018, el Scotiabank le solicitó al Tribunal que le ordenara a la Oficina de Alguaciles pagar a su favor un cheque por la suma de $4,423.37 producto de los embargos a las cuentas de Rivera Ríos  y que fueron ordenados previamente.

Ahora le toca a la Gobernadora

El senador Cirilo Tirado Rivera, quien es miembro de la Comisión de Nombramientos, manifestó asombro porque el informe que recibieron los senadores sobre Rivera Ríos no mencionó los hallazgos sobre el pasado financiero del nominado que revela esta investigación. 

“Si hubiésemos tenido toda esta información yo creo que la habría sido otra la decisión sobre la nominación de Rivera Ríos”, dijo el senador. Tirado Rivera, quien representa a la minoría de Partido Popular Democrático en la Comisión, agregó que, según los hallazgos de esta investigación “hay suficiente información para evaluar la posibilidad de que el Comisionado de Seguros pueda incurrir en un conflicto de interés”.  

El senador advirtió que “ya no le compete al Senado. Ahora es responsabilidad de la gobernadora Wanda Vázquez tomar acción sobre ese funcionario y el Senado debe ser más diligente en la investigación de los candidatos a puestos en el gabinete”.

Este periodista solicitó entrevistar al senador Henry Newman, quien representa a la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Comisión, pero el senador, a través de su asistente de comunicaciones, Betsy Rivera, refirió las preguntas a la Oficina Técnica de la Comisión.  También se solicitó entrevistar a la licenciada Marialma Alfau, directora ejecutiva de la Comisión, y al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, quien además preside la Comisión de Nombramientos. La directora de prensa y comunicaciones del Senado, Ana Mari Zayas, requirió que se enviara por escrito la petición de entrevista y agregó que  “los trabajos de la Comisión son confidenciales”. Se le envió la petición pero la directora de Prensa del Senado jamás la contestó.

A  pesar de la existencia de los mencionados casos judiciales contra Rivera Ríos presentados  por el Banco Popular y el Scotiabank, el funcionario no ha informado a la Oficina de Ética Gubernamental que se inhibirá de cualquier tipo de intervención relacionada con las operaciones de seguros de esas dos instituciones bancarias. Según información provista por Ética Gubernamental, Rivera Ríos sí  se inhibió de participar en los asuntos relacionados con Triple S Vida, Lincoln Financial Group, Massachusetts  Mutual Life Insurance Company, Metlife Insurance Company, Real Advisors Group y Universal Life Insurance y su división de Anualidades. El documento de inhibición, que fue presentado el 8 de febrero de 2017 cuando Rivera Ríos ya ocupaba la posición de Comisionado de Seguros pero su nominación aún no había sido confirmada por el Senado, indica que estas entidades son clientes de su empresa Real Advisors Group. En el documento también se informa que el funcionario creó un fideicomiso que administrará su empresa mientras ocupe el cargo. 

El funcionario informó a Ética Gubernamental que los asuntos de estas entidades ante la Oficina del Comisionado de Seguros serán manejados por el sub Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategi, y por Brenda Pérez Fernández, quien ocupa el cargo de Comisionada Auxiliar  de Asesoría Legal y por Glorimar Santiago Rivera, quien es la Comisionada Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento.

El 1 de mayo de 2018, cuatro meses después de haberse inhibido de intervenir en los asuntos relacionados con la aseguradora Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Rivera Ríos  le consultó a Ética Gubernamental si podía cambiar “unos cheques de ayuda” que esa empresa le expidió tras el paso del huracán María. Se le negó la petición, dice la consulta firmada por Zulma Rosario Vega, la directora de Ética. De la consulta también surge que los cheques eran producto de su pasada relación contractual con la aseguradora.

“En vista de que usted está inhibido de todo asunto que esté relacionado a la referida compañía y que indica que los cheques están a su nombre, para evitar hasta la apariencia de conflicto de intereses, le recomendamos que no acepte el mismo, pues ello daría al traste con lo establecido en el documento de inhibición y podría poner en duda la imparcialidad e integridad de su gestión gubernamental,” sostuvo Rosario Vega en su respuesta.

Este periodista había acordado realizar una entrevista con Rivera Ríos  en su oficina el pasado 1 de abril en la que se esperaba que el funcionario reaccionara a  los hallazgos de la investigación. A último minuto la entrevista fue suspendida por el Comisionado de Seguros. La relacionista público de Rivera Ríos, Margie Álvarez, sostuvo que la suspensión obedecía a que, presuntamente, había ocurrido un incidente con éste periodista en el vestíbulo del edificio GAM Tower en el sector San Patricio de Guaynabo,  donde ubican las oficinas de OCS. 

Álvarez también mencionó otro incidente que, alegadamente, ocurrió durante la investigación en la residencia de los padres del funcionario en Bayamón. Ambos incidentes no acontecieron y solo existen en la imaginación de Rivera Ríos.

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Sobresalen los concesionarios entre los 54 ‘comercios incumplidores’ de DACO en julio

Del listado de “comercios incumplidores” de julio destacan los concesionarios de vehículos de motor Nissan Motors Acceptance, que adeuda $20,134; Euro Boutique, $14,640; y Golden Auto, $8,000

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San Juan (EFE) – El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó este domingo que radicó 54 Peticiones de Hacer Cumplir Orden (PHCO) ante el tribunal en el mes de julio, destacando entre los “comercios incumplidores” los concesionarios de vehículos.

El secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, explicó en un comunicado que 33 de estas acciones se radicaron para cobrar deudas a nombre de los consumidores, y 21 para cobrar multas administrativas por violaciones a las leyes y reglamentos.

Del listado de “comercios incumplidores” de julio destacan los concesionarios de vehículos de motor Nissan Motors Acceptance, que adeuda $20,134; Euro Boutique, $14,640; y Golden Auto, $8,000.

En la categoría de “obras y servicios”, la deuda mayor corresponde a los coquerellados Solar Root LLC y Planet Solar Antilles LLC, con $11,995.

En cuanto a “construcción”, que es una de las categorías reiteradas en estos listados mensuales del DACO, destaca Emmanuel Sánchez García y/o Jenitza Naarváez Gonález, con una deuda de 8.900 dólares.

Dentro del listado de julio aparecen también varias Juntas de Directores de Condominos pero, en estos casos, las deudas no son monetarias, sino que constituyen “obligaciones de hacer” que no se han cumplido.

Las Juntas reacias a respetar derechos de los titulares son las de los condominios Torres de Cervantes, Gallardo Gardens y Park West.

“Estas publicaciones mensuales buscan alertar a la ciudadanía en torno a aquellos comercios que, pese a existir resoluciones finales y firmes que reconocen algún remedio a los consumidores, se niegan a cumplir con las mismas”, enfatizó el secretario.

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Derriban el antiguo residencial Torres de Sabana en Carolina

El complejo incluía seis edificios de vivienda, dos de ellos de 10 pisos, las torres hoy derribadas, y cuatro, de cuatro pisos

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Foto vía Angel Matos / Facebook

San Juan (EFE) – La demolición del antiguo residencial Torres de Sabana en Carolina se llevó a cabo este domingo con éxito, tres años después del desalojo de los vecinos, y en el espacio se construirá un moderno complejo de viviendas.

Las dos torres de diez pisos que permanecían en el complejo fueron demolidas mediante un proceso de derribo controlado, según el comunicado de la Administración de Vivienda Pública (AVP). 

Para este proceso, se colocó de manera estratégica el material explosivo en pequeñas cantidades que fue detonado de forma sincronizada, causando que los edificios se desplomaran por su propio peso. 

“Nos satisface el resultado de la demolición pues se dio según planificada, con el menor impacto ambiental y a la comunidad. Seguimos un proceso sensible para lograr la reubicación de los residentes y ahora damos inicio a la construcción de un nuevo proyecto que nos llena de esperanza a todos”, afirmó el administrador de AVP, Alejandro Salgado Colón.

La demolición comenzó a las 9:00am tras haber tomado todas las medidas de seguridad con los residentes aledaños, desalojando las residencias más cercanas y estableciéndose un perímetro para poder derribar los edificios.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara y representante por Carolina, Ángel Matos García, agradeció al Departamento de la Vivienda, la AVP y las compañías que trabajaron en esta demolición que por tantos años se había reclamado. 

“Ahora este espacio será desarrollado en un moderno complejo de viviendas para beneficio de los carolinenses y puertorriqueños en general”, precisó Matos García.

Al respecto, Salgado Colón se expresó optimista con el nuevo proyecto que la AVP desarrollará en los terrenos, ya que se atenderán las necesidades de vivienda segura que tiene la zona. 

Una vez completado el proceso de remoción de escombros y limpieza de los terrenos en lo que resta del año 2022 se procederá con la construcción de un nuevo complejo de vivienda asequible.

Según la AVP, el complejo contará con 132 unidades, bajo el modelo mixto, con viviendas subsidiadas por el Gobierno, Plan 8 y alquiler privado. 

El residencial Torres de Sabana fue inaugurado en enero de 1971 y se convirtió en uno de los desarrollos de vivienda pública más emblemáticos de la Región Noreste de Puerto Rico. 

Los seis edificios del complejo, junto a sus facilidades administrativas, recreativas y comunales, sirvieron de hogar a 452 familias. 

Sin embargo, al cabo de más de 40 años, el deterioro se apoderó del complejo de vivienda y, por esta razón, en agosto de 2017, la AVP presentó una solicitud para demolerlo, que fue autorizada en 2019.

El complejo incluía seis edificios de vivienda, dos de ellos de 10 pisos, las torres hoy derribadas, y cuatro, de cuatro pisos. 

El proceso de desalojo se realizó en agosto de 2019 y 180 familias que residían en el complejo de vivienda para esa fecha recibieron realojo permanente. 

Asimismo, 116 familias se reubicaron en otras unidades de vivienda pública, y 64 recibieron vales del Plan 8 para poder cambiar de residencia. 

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Mueren dos ciclistas atropellados en una carretera en Manatí 

El conductor, identificado como Jonathan Rivera, de 29 años y residente de Utuado, alegó que se quedó dormido al volante

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San Juan (EFE) – Dos ciclistas, un hombre y una mujer, murieron este domingo al ser impactados en Manatí por un vehículo, cuyo conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia y alegó haberse quedado dormido.

Este accidente de carácter fatal tuvo lugar en la carretera 2, a la altura del kilómetro 53.1 y fue cometido por un conductor al volante de un Toyota Corolla color verde del año 2005.

Los ciclistas fueron identificados como Raúl Velázquez Vázquez, de 51 años y residente en Vega Baja. y Neidy Toro Espiet, de 43 años y residente de Hatillo.

Ambos resultaron con heridas de gravedad por el impacto, que les ocasionaron la muerte en el acto, según el comunicado de la Policía.

De la investigación realizada se desprende que el conductor del vehículo Toyota Corolla transitaba a una velocidad elevada que no le permitió ver a los dos ciclistas. 

Impactó a ambos con la parte delantera del vehículo, cayendo el hombre sobre la vía de rodaje y la mujer, sobre las áreas verdes aledañas. 

El conductor, identificado como Jonathan Rivera, de 29 años y residente de Utuado, alegó que se quedó dormido al volante.

Los agentes le realizaron una prueba para detectar alcohol en su organismo que arrojó un .085 %. 

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Se registra un terremoto de magnitud 4.2 en el sur de Puerto Rico

El epicentro del seísmo tuvo lugar 11 kilómetros al sur de Guánica y a 12 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos

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San Juan (EFE) – Un terremoto de magnitud 4.2 en la escala abierta de Richter se registró este sábado en la zona de Guánica, en el sur de Puerto Rico, sin que por el momento se hayan notificado daños materiales o alertas de tsunami.

El epicentro del seísmo tuvo lugar 11 kilómetros al sur de Guánica y a 12 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El terremoto ocurrió a las 15:51 hora local (19:51 hora GMT), indicó la agencia, que pocos minutos antes había informado de dos temblores de magnitud 3.8 y 2.9, respectivamente.

La Red Sísmica local indicó en un boletín que “no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami” para Puerto Rico y las vecinas Islas Vírgenes. 

En enero de 2020, una serie de terremotos, el mayor de ellos con magnitud 6.4, sacudieron el sur de la isla provocando destrozos y obligando a miles de personas a acudir a refugios.

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Matan a un hombre y una mujer a balazos dentro de un vehículo en Fajardo

Las víctimas, que presentaban múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, son Jonathan Mora Díaz, de 30 años y residente en San Juan, y Tiffany Stacey Binvela Cruz, de 28 años y vecina de Fajardo

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San Juan (EFE) – Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en el interior de un vehículo en la ciudad de Fajardo, en el este de Puerto Rico, informó este sábado la Policía de la isla.

El doble asesinato ocurrió en la noche del viernes en la carretera 976, a la altura del barrio Paraíso de Fajardo, según el comunicado de la Policía. 

Tras recibir una llamada al sistema de emergencias alertando de detonaciones, los agentes que se dirigieron al lugar encontraron los cuerpos en el interior de un vehículo Toyota Corolla de color blanco.

Las víctimas, que presentaban múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, son Jonathan Mora Díaz, de 30 años y residente en San Juan, y Tiffany Stacey Binvela Cruz, de 28 años y vecina de Fajardo.

Dentro del mencionado vehículo se ocupó dos pistolas marca Glock de los modelos 30 y 23, un rifle de fabricación casera y una cantidad indeterminada de drogas.

La Policía puertorriqueña, que ya ha abierto una investigación, indicó en su nota que Jonathan Mora Díaz posee expediente criminal previo por violación a la Ley de Armas. 

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Un muerto y un herido de bala en un tiroteo en urbanización de Carolina

Los agentes ocuparon en la escena un vehículo Acura MDX, del año 2022 y color gris, para fines de investigación

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San Juan (EFE) – La Policía informó este sábado de un asesinato cometido en la urbanización Jardines de Country Club en Carolina, donde también resultó herido de bala un hombre.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las 7:35 de la noche de ayer sobre detonaciones en la calle 10 de la mencionada urbanización.

Al llegar los agentes al lugar, localizaron el cuerpo de Lewis Pérez Contreras, de 27 años y residente de Carolina, que presentaba heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, según el comunicado de la Policía. 

En el incidente, resultó también con heridas de bala Christian Flores, el cual fue transportado a un hospital del área en condición estable. 

Los agentes ocuparon en la escena un vehículo Acura MDX, del año 2022 y color gris, para fines de investigación.  

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión a la fiscal Zulmarie Alverio, se hicieron cargo de este caso.

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Renuncia la Procuradora de las Mujeres Lersy Boria Vizcarrondo 

“Dejo la OPM para emprender nuevos caminos, pero siempre con la mirada puesta en la lucha en favor de nuestras mujeres y poblaciones vulnerables”

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San Juan (EFE) – La Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, informó este viernes que deja el cargo para “emprender nuevos caminos”, aunque siempre trabajando “incansablemente en pro del bienestar” de la sociedad.

“Es con sentimientos encontrados que, en el día de hoy, le comuniqué al señor gobernador Pedro Pierluisi mi decisión de poner a su disposición el cargo de Procuradora de las Mujeres, con efectividad inmediata”, dijo en unas declaraciones escritas.

Boria Vizcarrondo agradeció la confianza depositada en ella para “liderar una oficina gubernamental que trabaja temas tan centrales y multifactoriales como la equidad y la violencia de género”.

“Dejo la OPM para emprender nuevos caminos, pero siempre con la mirada puesta en la lucha en favor de nuestras mujeres y poblaciones vulnerables”, agregó. 

En su nota, explicó que la agencia está “encaminada, con un presupuesto balanceado, la academia de intercesoras legales implementada y en funciones y una asignación de presupuesto para las ONG que brindan servicios a sobrevivientes de violencia”.

Además, queda estructurada el área adjudicativa y de fiscalización, que ha sido efectiva en el monitoreo del cumplimiento con la política pública, y se han encaminado “más de una veintena de proyectos” que próximamente estarán al servicio de la gente.

“Mi trayectoria en la OPM me deja la satisfacción de haber podido aportar al cambio de percepción en torno a la violencia de género en Puerto Rico y de haber impactado de manera positiva tantas vidas”, subrayó. 

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A prisión los sujetos que dispararon contra policías en Toa Baja

Jexziel Rivera Pirela y Jean L. Castro Pérez fueron ingresados en la cárcel Regional de Bayamón

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San Juan, 5 de agosto (EFE) – La Policía informó este viernes el ingreso en prisión de los dos imputados de disparar contra agentes durante una persecución esta semana en Toa Baja.

Jexziel Rivera Pirela, de 24 años y vecino de Bayamón, quien tiene probatoria federal, y Jean L. Castro Pérez, de 29 años y residente de Cataño, enfrentan dos cargos por tentativa de asesinato y cinco cargos por violaciones a la Ley de Armas.

Tras escuchar la prueba, la jueza Catherine Brunelle Curet, del Tribunal de Bayamón, señaló ayer una fianza global de 970,000 dólares, la cual no prestaron.

Los jóvenes fueron ingresados en la cárcel Regional de Bayamón hasta la vista preliminar, pautada para el 17 de agosto, según el comunicado policial.

De acuerdo a la investigación, los imputados dispararon el pasado miércoles a dos agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, utilizando armas de fuego para las cuales no poseen licencia.

Esto ocurrió cuando eran perseguidos por disparar contra un ciudadano en la carretera #2, frente a la Urbanización Estancias de la Fuente en Toa Baja.   

En estos hechos, resultaron heridos el agente Carlos Cotto y Alfredo González, de la División de Inteligencia Criminal de Bayamón.        

En un caso similar, cuatro hombres fueron detenidos el pasado martes después de protagonizar una persecución con la Policía y luego tirotear a los agentes en la autopista Ruta 66, de Carolina a San Juan. 

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PUERTO RICO

FBI y OIG investigan a la Autoridad de Tierras

Las pesquisas están relacionadas con el patrocinio del subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable por parte del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró y la venta de terrenos agrícolas por debajo de su valor de tasación.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan (5 de agosto de 2022) – La Autoridad de Tierras es el foco de varias pesquisas paralelas que realizan en conjunto el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del gobierno de Puerto Rico (OIG).

Las investigaciones están relacionadas con el patrocinio del subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable por parte del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

Además, los agentes del FBI y de OIG investigan la venta de terrenos agrícolas por debajo de su valor de tasación efectuada por la AT el pasado cuatrienio a un influyente desarrollador de viviendas.

Esta última pesquisa involucra al desarrollador Federico Stubbe y su abogado, el licenciado Andrés Guillemard Noble, quien es el esposo de la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi. La señora Pierluisi es actualmente la directora de la Oficina del Gobernador y fue la directora de la campaña política de hermano en las pasadas elecciones.

De acuerdo con dos fuentes que han sido entrevistados por los agentes de la FBI y de la OIG, esta pesquisa fue generada por una querella escrita por una agrónoma de la AT.

Los agentes, según las fuentes, indagaron ampliamente sobre la conducta de González Beiró en relación con la aprobación por parte de un llamado Comité de Energía del Departamento de Agricultura (DA), de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el funcionario y su hijo son socios.

Ramón González Bennazar es el hijo de González Beiró y figura como vicepresidente de Agriart LLC, según surge de la certificación de la corporación en el Departamento de Estado. En documentos del DA González Beiró aparece como socio de la corporación.

El parque de placas fotovoltaicas se establecería en 641 cuerdas ubicadas en Salinas que pertenecen a Agriart LLC y que fueron alquiladas a Clean Flexible Energy. Alegadamente, Agriart LLC obtendría un ingreso multimillonario porque el contrato de alquiler excede los 30 años y el beneficio mensual por cuerda oscila entre $200 y $700.

El comité de energía del DA aprobó dos propuestas de Clean Flexible Energy y rechazó otras dos propuestas para parques solares en Naguabo y Cabo Rojo, sin que se hayan divulgado las razones que justifican esa decisión.

Los tres miembros del comité son personas de confianza de González Beiró. Estos son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced; el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien ocupa el cargo de subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas (ADEA) y Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos.

La senadora María de Lourdes Santiago radicó la Resolución del Senado 629, que propone investigar el conflicto de interés que se configura por la aprobación por el Comité de Energía de una propuesta que beneficia a una empresa que pertenece a González Beiró y porque los tres miembros del comité, que son subalternos de confianza del secretario, discriminaron contra otras dos propuestas.

Subarrendamiento de fincas en la lupa

Los agentes indagaron, además, el respaldo del secretario a permitir el subarrendamiento de fincas alquiladas por la AT con el fin de establecer proyectos de energía renovable. González Beiró avaló una propuesta presentada por el narcotraficante Jaime Serrano Cardona para alquilar una finca de la AT a través de una tasa preferencial por cuerda.

La tasa de alquiler preferencial tenía como objetivo que la empresa Rosmar Dairy Inc, que es presidida por Serrano Cardona, pudiera concretar un lucrativo negocio que consistía en subarrendar la finca a la empresa Pattern Puerto Rico Renewables Development LLC (PER), que se propone instalar en los terrenos un proyecto de energía renovable con placas solares.

En julio de 2018 Rosmar Dairy Inc alquiló en la AT la finca Walcott, que posee 222 cuerdas y está ubicada entre Arecibo y Barceloneta. En agosto del 2020 Rosmar Dairy Inc alquiló en la AT la finca Jaime Juan, que posee 220 cuerdas y está ubicada en barrio Sabana Hoyos de Arecibo.

En ambas fincas Serrano Cardona mantiene una operación de siembra de pastos de calidad para venderlo como alimento de ganado.

La propuesta presentada por Serrano Cardona y promovida por González Beiró, dispone una tarifa mensual por cuerda que resulta entre $200 y $600 más baja, que las tarifas de arrendamiento para otras fincas de la AT. La tarifa mensual por cuerda más baja permitiría a Serrano Cardona subarrendar las dos fincas a Pattern Energy a la tarifa más alta y obtener un beneficio mensual por cuerda entre $200 y $600 por 40 años.

La propuesta comprende un contrato de alquiler por 40 años y durante ese periodo se efectuarían nueve incrementos de la tarifa de alquiler que estarían vigentes por cuatro años.

El 3 de abril de 2017 Serrano Cardona se declaró culpable de dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero en el Tribunal Federal de San Juan. El narcotraficante fue sentenciado el pasado mes de abril por el juez Daniel Domínguez, quien ordenó mantener sellada el contenido de la sentencia.

 Prohibido el subarrendamiento

González Beiró promovió la tasa preferencial para Serrano Cardona a pesar de que la ex directora de la AT, Doralis Rivera Martínez, había advertido que el subarrendamiento de fincas agrícolas es una modalidad de contratación que está prohibida por la ley matriz de la AT o ley 26 de 1941, mejor conocida como “Ley de Tierras de Puerto Rico”.

El subarrendamiento sólo es permitido en la AT para la rotación de cultivos. En esos casos se autoriza a los agricultores subarrendar predios por temporadas a las empresas que producen semillas, que es una actividad poco intensiva que permite a los terrenos reposar y recuperar nutrientes.

Desde que González Beiró comenzó como secretario de Agricultura en enero de 2021, insistió en que el subarrendamiento debería figurar como una opción para las fincas de la AT.

La insistencia fue de tal envergadura que llegó a cuestionar ante la Junta de Gobierno de la AT, por qué en los contratos de arrendamiento no está permitido el subarrendamiento, mientras que la Administración de Terrenos permite a los inquilinos subarrendar los terrenos alquilados.

El 21 de julio del 2021 la Junta de Gobierno de la AT aprobó cerca de cinco contratos de opción de arrendamiento presentados por Pattern Energy y la empresa Sonnedix, para alquilar cinco fincas ubicadas en la zona norte de la isla en las que se proponen instalar cinco parques de placas solares.

La energía eléctrica que generarían los cinco parques solares sería vendida a la Autoridad de Energía Eléctrica, tras la previa aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Debido a que la Junta de Gobierno no consideró la propuesta de Serrano Cardona porque llegó tarde, González Beiró obligó a Rivera Martínez a firmar el contrato de opción de arrendamiento de Serrano Cardona, con el fin de que se pudiera presentar ante el NEPR, aun cuando la Junta de Gobierno no lo había avalado.

Venta por debajo de tasación

Según las fuentes, los agentes del FBI y de la OIG están enterados de que la tasa preferencial promovida por González Beiró habría permitido que Serrano Cardona obtuviera un beneficio en 40 años de $7.3 millones, a través de subarrendar 442 cuerdas a Pattern Energy.

En relación con la otra pesquisa paralela los agentes han indagado en el acceso que el desarrollador Stubbe ha tenido en la AT y sobre las gestiones realizadas en esa agencia por el licenciado Guillemard Noble a favor de su cliente.

Alegadamente, los investigadores indagan las razones para que en 2020 la AT vendiera una finca de casi 400 cuerdas ubicada en Dorado al desarrollador Stubbe en un precio muy por debajo de la tasación.  El valor de la finca fue estimado en $3 millones, pero la venta se realizó por $1.2 millones.

La reducción del precio fue propuesta por el exdirector de la AT el pasado cuatrienio, Juan Luis Rodríguez. La propuesta de Rodríguez, quien actualmente es el director ejecutivo de ADEA, fue avalada por la Junta de Gobierno de la AT, que para entonces era presidida por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

Sobre este aspecto de la investigación, Flores Ortega sostuvo que la finca vendida a Stubbe había perdido su valor agrícola debido a que está ubicada en una zona inundable, la cual también está por debajo del nivel del mar.  Sostuvo que el precio de venta considera la inversión que deberá realizar el desarrollador para adecuar los terrenos al proyecto de vivienda que se propone construir, lo cual, según dijo, es una consideración ordinaria en la venta de propiedades y terrenos que realiza el gobierno.  

Indicó que para avalar la venta exigió que se incluyera en el contrato de compraventa una cláusula que le garantizara a la AT una regalía por cada vivienda vendida por el desarrollador.

En agenda otra venta de terrenos

Las fuentes indicaron que los agentes están atentos a los trámites que actualmente realiza Stubbe en la AT para adquirir otra finca de 400 cuerdas ubicada entre Dorado y Vega Alta. Tras el nombramiento de González Beiró, el licenciado Guillemard realizó gestiones para reactivar la transacción que, alegadamente, había comenzado el pasado cuatrienio.

La AT le concedió a Stubbe un “permiso de entrada”, que es un acceso limitado a un periodo de tiempo para que el proponente interesado en adquirir la finca pueda entrar y realizar las labores de agrimensura y estudios de suelos que estime necesarios.

 De hecho, los agentes del FBI y de la OIG estaban sorprendidos por la cantidad de fincas que Stubbe ha adquirido en la AT, las cuales están ubicadas en el pueblo de Dorado y donde el desarrollador ha construido algunos de sus principales proyectos.

Según la fuente, las adquisiciones han sido realizadas tanto en administraciones del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista y el pretexto para avalar la venta ha sido la presunta pérdida de valor agrícola de los terrenos.

Entre estos proyectos figuran las exclusivas urbanizaciones Sabanera, East Beach Villas, Plantation Resort Residences, West Beach Residences y The Enclave. También fue construido en fincas adquiridas en la AT el colegio The American School in Switzerland, conocida por las siglas TASIS, y el exclusivo hospital Dorado Beach Health, que pretende convertirse en el centro de turismo médico de la región y que es producto de una alianza con la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

La fuente explicó que los agentes estarían indagando en la posibilidad de que Stubbe y otros empresarios de Dorado hayan violado la Ley 26 de 1941, conocida como “Ley de los 500 acres”, que limita la tenencia de tierras agrícolas a 500 cuerdas, por medio de un entramado de corporaciones creadas para adquirir terrenos.

Este medio se comunicó con PRISA Group para obtener una reacción de Stubbe y con el bufete Nachman & Guillemard, para entrevistar al licenciado Guillemard Noble. Ni Stubbe ni Guillemard Noble se encontraban presentes en sus despachos y hasta el cierre de esta edición no se habían comunicado con este medio.

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PUERTO RICO

Once arrestados en operativo 100 x 35

Cinco de las arrestadas durante las intervenciones policiacas son mujeres

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San Juan, 5 de agosto (EFE) – Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron este viernes a 11 personas, entre ellas un sicario, vinculadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en la zona norte de la isla e implicadas en varios asesinatos.

Las organizaciones operaban en los municipios de San Juan, Cataño, Vega Alta y Toa Baja, según el comunicado de la Policía, que precisó que entre los detenidos hay cinco mujeres. 

El operativo es parte del plan de seguridad denominado 100 x 35, dirigido a acabar con las más activas y peligrosas agrupaciones criminales en la isla. 

Una de ellas cuenta con bases de operaciones en la barriada Juana Matos y el residencial público del mismo nombre, ambos situados en el municipio de Cataño.  

En dicha barriada, fueron detenidos ocho individuos, entre ellos Jonathan Rivera Berríos, quien se encuentra en probatoria federal por violaciones a las leyes de Armas y Sustancias Controladas. 

De acuerdo con la investigación, este hombre se dedica a realizar ejecuciones para el grupo de Juana Matos y figura como sospechoso de múltiples muertes violentas.  

Al momento del arresto, Rivera se recuperaba de una herida de bala reciente que requirió hospitalización, y estaba en posesión de una pistola, municiones, cocaína y marihuana. 

Otra de las pandillas intervenidas esta madrugada realiza sus actividades ilícitas en Toa Alta, donde tres de sus miembros fueron arrestados durante allanamientos en la urbanización La Provincia.

Durante las intervenciones en Juana Matos y en Toa Alta, la Policía también incautó municiones de diferentes calibres, pastillas, marihuana y cocaína.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, aseguró en la nota que es una prioridad “la desarticulación de las redes del narcotráfico y los asesinos que tienen a su servicio”.

“Cada una de las acciones con las que golpeamos a estos grupos, así como la confiscación de armas y drogas, representa un avance en nuestro enfoque de atacar el trasiego de narcóticos y su secuela de muerte”, subrayó.

Además del Negociado de Drogas, en los operativos participaron las unidades de Arrestos Especiales, de Inteligencia, SWAT municipal de Bayamón, Servicios Técnicos, y los canes K-9. 

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