Por Miguel Díaz Román
Información comprometedora sobre el pasado financiero del Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, que habría revelado un serio conflicto interés, no estuvo disponible durante su confirmación en el Senado, mientras que tras su divorcio han surgido a la luz señalamientos de conducta maltratante contra su ex esposa, Yelitza Berríos Maldonado.
A su vez, en el caso de divorcio Rivera Ríos fue objeto de una moción de desacato por el impago de honorarios de abogado y de la retención obligatoria de la pensión alimentaria para sus dos hijos del cheque quincenal, tras conocerse de acciones de embargo contra sus ingresos por deudas.
De acuerdo con una investigación periodística el Banco Popular y el Scotiabank, que en conjunto operan cuatro negocios de seguros que son fiscalizados por la Oficina del Comisionado de Seguros, mantienen en los tribunales tres demandas por cobro de dinero en contra Rivera Ríos en las que reclaman el pago de $290,238.00 por el impago de dos hipotecas y una línea de crédito. Los casos judiciales estuvieron vigentes durante el proceso de evaluación y confirmación, pero los senadores que avalaron el nombramiento nunca recibieron la información a pesar de que la Comisión de Nombramientos tuvo el personal y la capacidad técnica para acceder a ella.
Por su parte, el empresario Ramón H. Berríos, al salir en defensa de su hija, Berrios Maldonado, tras un contencioso proceso de divorcio, sostuvo que “el Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, es un hombre maltratante, que le ha hecho daño a mi hija y nosotros solo queremos el bienestar de sus hijos, que son mis nietos”, sostuvo Berrios.
“El señor Rivera Ríos maltrata a mi hija continuamente con mensajes insultantes, en los que quiere hacerla ver como una mujer incompetente, incapaz y negligente con sus hijos lo que no es cierto. Y trata de bajarle autoestima con palabras insultantes y humillantes. No sabemos qué es lo que pretende el señor Rivera Ríos con esta conducta injusta hacia una mujer que es la madre de sus hijos y que es una mujer responsable, profesional y trabajadora”, dijo Berríos, quien es un empresario exitoso de Bayamón.
El proceso de divorcio ha tenido lugar mientras han surgido a la luz los graves incumplimientos económicos de parte de Rivera Ríos, quien en 2018 se deshizo de su vehículo Mercedes Benz debido a los atrasos en el pago mensual del auto, el cual ahora paga su ex suegro, el empresario Berrios. Esto a pesar de que el funcionario tiene asignado un salario de $125,000 anuales desde enero del 2017, cuando fue nominado al cargo por el ex gobernador Ricardo Rosselló y en diciembre de ese año el Senado confirmó el nombramiento.
Tras el nombramiento de Rivera Ríos como Comisionado, el 10 de julio del 2017, el Tribunal Superior de Bayamón, a petición del Banco Popular, emitió una orden para embargar sus bienes con el objetivo de recuperar parte del dinero de una línea de crédito que el funcionario no pagó. Además, el 17 de agosto del 2017 el Scotiabank le solicitó al Tribunal Superior de Carolina que se expidiera una orden de embargo contra Rivera Ríos por el impago de un préstamo hipotecario.
De acuerdo con una fuente, tras conocerse estas acciones judiciales, Berríos Maldonado solicitó la retención obligatoria de la pensión alimentaria.
El auto, un Mercedes Benz GLA 250 del 2017, cuatro puertas y de color gris, pertenece a la empresa Real Advisors Group, según copia de la licencia del vehículo que obtuvo este periodista. La empresa es presidida por Rivera Ríos, pero que tras ocupar el cargo de Comisionado de Seguros, la empresa es administrada por un fideicomiso ciego que tuvo que crear para cumplir con la Ley de Ética Gubernamental.
Berríos indicó que posibilitó con su firma la adquisición del auto debido a que Real Advisors Group no tenía historial crediticio y porque según le dijo Rivera Ríos, él también carecía de acceso al financiamiento bancario por su clasificación negativa de crédito.
“A mediados del 2018 comencé a recibir llamadas de cobro de la Mercedes Benz Financial porque no se pagaba el auto. De la Mercedes Benz me dijeron que deseaban incautarse del auto pero ellos no lograban dar con Rivera Ríos. Yo les dije que eso no estaba en mis manos porque el auto lo tenía él (Rivera Ríos). Al tiempo me indicaron que se había hecho un pago y luego el auto se fue a buscar a la empresa Real Advisors Group. Pero después resultó que el cheque no entró por un error numérico y yo tuve que pagar los atrasos de $1,200. También tuve que ponerle un seguro por $3,966 y pagar las deudas de peaje por casi $300 para poder sacar el marbete”, indicó.
El comerciante dijo que lleva un año pagando un auto que no necesita y a pesar de que le pertenece a la empresa Real Advisors Group.
“Yo lo sigo pagando para que no se me afecte el crédito. No entiendo porqué debo pagar un auto que está a nombre de Real Advisors Group. No sé porqué la persona que administra ese fideicomiso no ha hecho gestiones para recuperar esa unidad”, expresó contrariado el empresario.
El caso de divorcio y sus secuelas se ventilan en la sala del juez, Juan C. Negrón Rodríguez, en el Tribunal Superior de Bayamón, cuya bitácora está registrada en la página de internet de la Rama Judicial. La moción de desacato contra Rivera Ríos fue presentada el licenciado y ex juez, Luis Rosario Villanueva, quien es el abogado de Berrios Maldonado.
Debido a la confidencialidad que cobija a los casos de divorcios, las mociones y sentencias del caso no están disponibles para la prensa, pero una fuente conocedora del caso indicó que el monto de los honorarios que Rivera Ríos no había pagado superaban $500 por gestiones que realizó el licenciado Rosario Villanueva a favor de su cliente. De acuerdo con la fuente, después de la moción de desacato el Tribunal ordenó a Rivera Ríos pagar los honorarios.
El licenciado Rosario Villanueva se negó a comentar sobre el caso debido a que además de la confidencialidad que protege los casos de divorcios, Rivera Ríos solicitó una orden de mordaza que el Tribunal avaló.
Rivera Ríos es representado por la licenciada Itza García Rodríguez, quien hasta el mes de abril del 2018 fue la secretaria asociada de la Gobernación.
De la bitácora se desprende que en nueve ocasiones surgió el asunto de retener los ingresos del funcionario a través de una orden, durante los casi tres años que lleva el caso, que comenzó en abril del 2017, cuando Rivera Ríos presentó la demanda de divorcio contra su esposa. Desde el inicio del proceso de divorcio la licenciada Heileene Colberg Birriel fue la abogada de Rivera Ríos, hasta que en enero del presente año solicitó renunciar al caso por razones que se desconocen. La licenciada García Rodríguez asumió la representación de Rivera Ríos desde marzo pasado.
Al momento de su confirmación, en diciembre del 2017, existían tres casos judiciales por cobro de dinero vigentes en los tribunales: los dos casos mencionados antes y otro adicional también presentado por el Banco Popular, para ejecutar y subastar una propiedad suya, y de esta manera satisfacer la deuda por impago de un préstamo hipotecario con esa institución bancaria.
Investigación dudosa, informe fallido
Las controversias judiciales revelan aspectos del carácter de Rivera Ríos que podrían ser incompatibles con la cualidades que se le requieren para dirigir una agencia tan revestida de interés público como la Oficina del Comisionado de Seguros. Sin embargo, el Senado confirmó al nominado sin conocer las citadas controversias, pues en el informe que se le entregó a los senadores sobre la investigación de Rivera Ríos no menciona estos casos judiciales.
El informe, presentado al pleno del Senado el 12 de diciembre del 2017 y firmado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, sostiene que se realizó “un minucioso análisis” de los documentos financieros sometidos por Rivera Ríos y “no arrojó situación conflictiva alguna que impida al señor Javier Rivera Ríos ocupar el cargo de Comisionado de Seguros”. Del documento surge que la Oficina de Ética Gubernamental “emitió la correspondiente certificación con relación a la no existencia de situación conflictiva en los recursos, inversiones o participaciones del nominado”.
Para esta investigación no tuvo acceso a los datos financieros provistos por Rivera Ríos a la Comisión de Nombramientos del Senado pues se considera información confidencial. Pero, de un resumen que realizó Ética, fundamentado en la documentación financiera sometida por el nominado, surge que Rivera Ríos no divulgó toda la realidad de sus transacciones financieras a la Comisión de Nombramientos, pues no existe un desglose detallado de sus deudas con el Banco Popular y el Scotiabank y el estatus de las demandas en cobro de dinero al momento de su nominación.
Pero nada impidió que los investigadores de la Comisión de Nombramientos examinaran el portal de la Rama Judicial para identificar los posibles casos en los que figuraba el nominado y acudir a los archivos de los Tribunales para conocer los detalles. Esa tarea también la pudo realizar la empresa de “asesores financieros” que, según indica el informe, contrató la Comisión de Nombramientos para realizar el “análisis financiero” de los documentos sometidos por Rivera Ríos. En el informe solo se menciona que “se revisaron sus antecedentes provistos por el Sistema de Información en el portal de la Rama Judicial”.
La ausencia de esta información en el informe de la Comisión de Nombramientos impidió que los senadores evaluaran la posibilidad de un conflicto de interés debido a que los dos bancos que mantienen demandas en cobro de dinero contra Rivera Ríos poseen cuatro subsidiarias operando en el campo de los seguros. Estas entidades están bajo el escrutinio continuo de la Oficina del Comisionado de Seguros a través de un abanico de vías de fiscalización que incluyen desde la autorización de licencias a las entidades y a sus empleados, auditorías de las operaciones y de sus estado financieros, hasta la investigación de querellas e imposición de multas y de otras penalidades en caso de incumplimientos con las disposiciones del Código de Seguros.
De acuerdo con la ley de la Oficina de Ética Gubernamental, los conflictos de interés surgen cuando un funcionario del gobierno debe tomar decisiones en las que sus intereses privados pueden verse enfrentados con los intereses públicos.
Las controversias en los tribunales
El Banco Popular opera tres negocios de seguros: Popular Insurance, que es una agencia de seguros; Popular Risk Services, dedicada al manejo de riesgos de clientes comerciales; y Popular Life Re, que se dedica al reaseguro para pólizas de préstamos de consumo, así como de accidentes personales y de seguros de salud. Por su parte, Scotiabank posee la afiliada Scotia Insurance, que es una agencia que mercadea seguros de vida, de crédito, para autos y seguros para propiedades.
En uno de los casos presentados por el Banco Popular, la jueza Sylvette A. Quiñones Mari, del Tribunal Superior de Bayamón emitió, el 10 de julio del 2017, una orden para embargar los bienes de Rivera Ríos con el objetivo de recuperar $46,011.74 originados en una línea de crédito que el hoy funcionario del gobierno no pagó. La línea de crédito fue concedida en el 2005 a Rivera Ríos por el Citibank por un total de $64,500. Posteriormente, el Banco Popular adquirió esa cuenta y en el 2016 radicó la demanda en cobro de dinero contra Rivera Ríos. Entre los documentos legales del caso figura un pagaré en el que se identifica a Rivera Ríos como “agente de seguros”.
En el otro pleito incoado por el Banco Popular la jueza Diana Pérez Pabón, del Tribunal Superior de Carolina, ordenó el 6 de julio del 2017 la ejecución y subasta de un apartamento de Rivera Ríos ubicado en el Condominio Altos del Escorial, en la comunidad Parque del Escorial en Carolina. Del documento surge que Rivera Ríos había dejado de pagar la hipoteca y que el monto acumulado de la deuda asciende a $187,787.01. La propiedad fue adquirida por Rivera Ríos en el 2003 con un préstamo hipotecario que le concedió la entidad financiera First Security Mortgage por $204,290.00.
El préstamo pasó al Banco Popular y en el 2015 esa entidad presentó la demanda en cobro de dinero. Luego de que Rivera Ríos fuera confirmado al cargo de Comisionado de Seguros, el Banco Popular presentó una moción para paralizar los procedimientos en su demanda contra el funcionario debido a que la institución se encontraba evaluando “la posibilidad de una alternativa para este préstamo”. La moción, que no identifica Rivera Ríos como el Comisionado de Seguros, fue radicada el 10 de octubre del 2018, cuando ya se habían normalizado los trabajos en los tribunales tras la interrupción del servicio eléctrico por el paso del huracán María.
El último evento en este caso ocurrió el pasado 4 de febrero del 2019 cuando el licenciado Reggie Díaz Hernández, en representación del Banco Popular, presentó una moción informativa solicitando la paralización de los procedimientos para que la institución realice una evaluación interna para efectuar “validaciones regulatorias”.
En el tercer caso, presentado por Scotiabank, el 17 de agosto del 2017, el licenciado Jean Paul Juliá Díaz, del bufete Rivera-Munich & Hernández, que representa al Scotiabank, le solicitó al Tribunal Superior de Carolina que se expidiera contra Rivera Ríos una orden de embargo de bienes para La solicitud de Scotiabank fue avalada el 6 de marzo del 2018 por el juez Lizardo Mattei Román, del Tribunal Superior de Carolina en la sala del pueblo de Loíza. El juez determinó que todos los bancos y cooperativas del país debían examinar sus archivos y si encontraban cuentas a nombre de Rivera Ríos debían informar a la oficina de alguaciles del Tribunal de Carolina para proceder con el embargo de los dineros depositadas en ellas. Además, el juez Mattei Román, en una determinación genérica que ocupa tanto al gobierno como al sector privado, ordenó “al patrono” de Rivera Ríos retener “el 25 % de su salarios, sueldos y comisiones por servicios prestados”.
La determinación también ordena embargar todos los bienes muebles de Rivera Ríos tales como enseres eléctricos, obras de arte, muebles del hogar, artículos de decoración y hasta efectos personales. La propiedad en el Condominio Costa Mar Beach Village tuvo un valor de $240,000 y el préstamo fue otorgado por el desaparecido banco RG Premier Bank. El banco Scotiabank adquirió el préstamo y en el 2011 presentó una demanda de cobro de dinero contra Rivera Ríos. Del expediente del caso se desprende que el caso fue 4 de septiembre del 2012 el juez Ismael R. Colón Nieves, del Tribunal Superior de Carolina, expidió una orden “de lanzamiento” contra Rivera Ríos y contra “cualquier otra persona que con su consentimiento habiten la propiedad residencial”. Finalmente la propiedad fue reposeída por el Scotiabank.
Además, que el 17 de julio del 2018, el Scotiabank le solicitó al Tribunal que le ordenara a la Oficina de Alguaciles pagar a su favor un cheque por la suma de $4,423.37 producto de los embargos a las cuentas de Rivera Ríos y que fueron ordenados previamente.
Ahora le toca a la Gobernadora
El senador Cirilo Tirado Rivera, quien es miembro de la Comisión de Nombramientos, manifestó asombro porque el informe que recibieron los senadores sobre Rivera Ríos no mencionó los hallazgos sobre el pasado financiero del nominado que revela esta investigación.
“Si hubiésemos tenido toda esta información yo creo que la habría sido otra la decisión sobre la nominación de Rivera Ríos”, dijo el senador. Tirado Rivera, quien representa a la minoría de Partido Popular Democrático en la Comisión, agregó que, según los hallazgos de esta investigación “hay suficiente información para evaluar la posibilidad de que el Comisionado de Seguros pueda incurrir en un conflicto de interés”.
El senador advirtió que “ya no le compete al Senado. Ahora es responsabilidad de la gobernadora Wanda Vázquez tomar acción sobre ese funcionario y el Senado debe ser más diligente en la investigación de los candidatos a puestos en el gabinete”.
Este periodista solicitó entrevistar al senador Henry Newman, quien representa a la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Comisión, pero el senador, a través de su asistente de comunicaciones, Betsy Rivera, refirió las preguntas a la Oficina Técnica de la Comisión. También se solicitó entrevistar a la licenciada Marialma Alfau, directora ejecutiva de la Comisión, y al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, quien además preside la Comisión de Nombramientos. La directora de prensa y comunicaciones del Senado, Ana Mari Zayas, requirió que se enviara por escrito la petición de entrevista y agregó que “los trabajos de la Comisión son confidenciales”. Se le envió la petición pero la directora de Prensa del Senado jamás la contestó.
A pesar de la existencia de los mencionados casos judiciales contra Rivera Ríos presentados por el Banco Popular y el Scotiabank, el funcionario no ha informado a la Oficina de Ética Gubernamental que se inhibirá de cualquier tipo de intervención relacionada con las operaciones de seguros de esas dos instituciones bancarias. Según información provista por Ética Gubernamental, Rivera Ríos sí se inhibió de participar en los asuntos relacionados con Triple S Vida, Lincoln Financial Group, Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Metlife Insurance Company, Real Advisors Group y Universal Life Insurance y su división de Anualidades. El documento de inhibición, que fue presentado el 8 de febrero de 2017 cuando Rivera Ríos ya ocupaba la posición de Comisionado de Seguros pero su nominación aún no había sido confirmada por el Senado, indica que estas entidades son clientes de su empresa Real Advisors Group. En el documento también se informa que el funcionario creó un fideicomiso que administrará su empresa mientras ocupe el cargo.
El funcionario informó a Ética Gubernamental que los asuntos de estas entidades ante la Oficina del Comisionado de Seguros serán manejados por el sub Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategi, y por Brenda Pérez Fernández, quien ocupa el cargo de Comisionada Auxiliar de Asesoría Legal y por Glorimar Santiago Rivera, quien es la Comisionada Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento.
El 1 de mayo de 2018, cuatro meses después de haberse inhibido de intervenir en los asuntos relacionados con la aseguradora Massachusetts Mutual Life Insurance Company, Rivera Ríos le consultó a Ética Gubernamental si podía cambiar “unos cheques de ayuda” que esa empresa le expidió tras el paso del huracán María. Se le negó la petición, dice la consulta firmada por Zulma Rosario Vega, la directora de Ética. De la consulta también surge que los cheques eran producto de su pasada relación contractual con la aseguradora.
“En vista de que usted está inhibido de todo asunto que esté relacionado a la referida compañía y que indica que los cheques están a su nombre, para evitar hasta la apariencia de conflicto de intereses, le recomendamos que no acepte el mismo, pues ello daría al traste con lo establecido en el documento de inhibición y podría poner en duda la imparcialidad e integridad de su gestión gubernamental,” sostuvo Rosario Vega en su respuesta.
Este periodista había acordado realizar una entrevista con Rivera Ríos en su oficina el pasado 1 de abril en la que se esperaba que el funcionario reaccionara a los hallazgos de la investigación. A último minuto la entrevista fue suspendida por el Comisionado de Seguros. La relacionista público de Rivera Ríos, Margie Álvarez, sostuvo que la suspensión obedecía a que, presuntamente, había ocurrido un incidente con éste periodista en el vestíbulo del edificio GAM Tower en el sector San Patricio de Guaynabo, donde ubican las oficinas de OCS.
Álvarez también mencionó otro incidente que, alegadamente, ocurrió durante la investigación en la residencia de los padres del funcionario en Bayamón. Ambos incidentes no acontecieron y solo existen en la imaginación de Rivera Ríos.
