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Gobierno tiene hasta mañana para probar los ahorros de la Ley 80

De la carta de la JSF se desprende que la fecha de mañana martes 24 de mayo es la última oportunidad que tendría el gobierno para justificar los supuestos ahorros que generaría la ley 80.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (23 de mayo de 2022) – La Junta de Supervisión Fiscal le avisó a la administración de Pedro Pierluisi que tiene hasta mañana 24 de mayo para entregar toda la documentación que no ha podido recopilar en dos años para demostrar que la Ley 80 o Ley del Programa de Retiro Incentivado, se puede implementar sin que represente un gasto para el fisco.

En una carta enviada al gobierno el pasado sábado 21 de mayo, la JSF le indicó a la administración Pierluisi tiene hasta mañana 24 de mayo para entregar una detallada descripción de los puestos esenciales a ser eliminados por los empleados públicos que se acojan a la jubilación que propone la Ley 80 y los ahorros netos proyectados por esa eliminación y una relación del costo incremental para el fisco por del pago mensual de pensiones a esos nuevos jubilados.

La misiva, que fue firmada por el consejero general de la JSF, Jaime A. El Kouri, es en respuesta a los señalamientos del gobernador contenidos en una carta a todos los empleados públicos difundida el pasado 9 de mayo, en la que el Primer Ejecutivo anunció que tiene la intención de continuar el diálogo con la JSF sobre la Ley 80.

En esa carta el gobernador Pierluisi sostuvo que su administración tiene hasta el 12 de junio para lograr un acuerdo con la JSF y garantizar una pensión equivalente al 50% del salario de los empleados públicos, según lo propuso la Ley 80.

La carta del gobernador fue en reacción a otra misiva emitida por la JSF el pasado 6 de mayo, en la que del organismo federal anunció su intención de solicitar al Tribunal Federal que finalmente invalide la Ley 80 porque a pesar de los intentos, no ha logrado alcanzar un acuerdo con el gobierno para su implementación.  

En la carta del pasado sábado El Kouri sostiene que la JSF “sigue dispuesta a continuar el diálogo con el gobierno hasta la fecha límite acordada de 11 de junio de 2022.  En la medida en que el gobierno desee que la JSF considere información, el gobierno debe proporcionar toda esa información a la JSF a más tardar del 24 de mayo de 2022”.

La última oportunidad

No obstante, de la carta se desprende que la fecha de mañana martes 24 de mayo es la última oportunidad que tendría el gobierno para justificar los supuestos ahorros que generaría la Ley 80.

De hecho, en los pasados dos años el gobierno ha sido incapaz de ofrecer información veraz sobre los posibles ahorros y el impacto en el fisco durante las próximas décadas que tendría la Ley 80.  

“Además, la JSF está abierta a reunirse con el gobierno para discutir tal información. De no proporcionarse más información para esa fecha, la JSF espera informar al Tribunal de Título III a más tardar el 11 de junio de 2022 que no se llegó a ningún acuerdo con el gobierno”, señala la carta.

La ley 80 fue invalidada el pasado 28 de diciembre, cuando el Tribunal Federal emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación, en espera de que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo para ofrecer algunos de sus beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.

La orden concedió un período de 45 días para que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo, cuya fecha límite fue 11 de febrero de 2022. Ese día el gobierno presentó algunos datos, alegadamente, incompletos a la JSF. El 16 de febrero de 2022, la JSF y el gobierno presentaron una moción al Tribunal Federal solicitando 120 días adicionales para llegar a un acuerdo. Dicha petición fue avalada por el Tribunal, y su fecha límite vence el 12 de junio.

En agosto del 2020 la exgobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley 80, luego de que fue aprobada de manera unánime en la Cámara y en el Senado. La ley estableció una venta de retiro a los empleados públicos con una pensión equivalente al 50 % del salario más alto devengado en los últimos tres años.

Objeciones por falta de recursos

Desde su aprobación la JSF presentó objeciones porque la ley fue avalada por la Legislatura sin analizar su impacto fiscal y sin que se hubiera identificado una fuente de recursos para financiar las pensiones de los empleados que podrían acogerse al retiro que prometía el estatuto.

El gobierno había identificado 11,000 empleados en casi 150 agencias y municipios que eligieron participar en el programa de jubilación de la Ley 80. Pero en un análisis producido por el gobierno el pasado mes de marzo, solo se mencionan 1,100 empleados de 7 agencias.

La JSF ha señalado que el retiro propuesto por la ley 80 estaría disponible para los empleados esenciales y no esenciales, pero las dependencias no podrán reclutar nuevos empleados para llenar las plazas de los empleados esenciales que se jubilen.

El gobierno indicó que tiene la intención de transferir empleados de otras agencias para ocupar los puestos designados como “esenciales”, pero no los ha identificado por cada agencia. En respuesta, la JSF ha indicado que los empleados esenciales no pueden ser reemplazados por funcionarios de otras agencias, sino que es necesario traer empleados con el conocimiento y las habilidades que requiere la posición denominada como esencial.

La JSF también ha señalado que al no identificar la identidad de los empleados que serían transferidos y la agencia en la que están empleados actualmente, incluyendo su nivel salarial y los beneficios acumulados “ni el gobierno ni la JSF pueden proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos eliminados propuestos.”

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Amenaza de despido a los inspectores que exigen aumento para pagar la gasolina

La amenaza de despido ocurrió el pasado martes 21 de junio, cuando los inspectores de DFM decidieron suspender las inspecciones hasta que no se aumente a 80 centavos el pago por milla transitada.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (25 de Junio de 2022) – Los inspectores de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados (DFM) del Departamento de Agricultura (DA) fueron amenazados con el despido si continúan decretando el cese de inspecciones de los alimentos importados y de la producción local, debido a que el reembolso de 40 centavos que reciben por milla transitada resulta insuficiente para enfrentar el alza en el costo de la gasolina.

La amenaza de despido ocurrió el pasado martes 21 de junio, cuando los inspectores de DFM decidieron suspender las inspecciones hasta que no se aumente a 80 centavos el pago por milla transitada. Una protesta similar se efectuó el pasado 31 de mayo.

La amenaza de despido figura en una carta circular que emitió el secretario auxiliar de recursos humanos y relaciones laborales del DA, Noel Toro Zambrana.

 En la carta el funcionario advirtió al personal de la DFM que el cese de labores será penalizado con el despido porque la huelga no es un derecho en el gobierno, según surge de una copia del documento recibida en este medio.

Ese día el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, emitió una orden administrativa que dispone efectuar al azar las inspecciones de los productos importados y locales. La determinación sustituye la inspección rigurosa de furgones y de la producción local, antes de su distribución en el mercado.

El cese de inspecciones ocurre en momentos cuando la industria local de huevos se queja de que tiene miles de docenas de huevos que no han llegado al mercado porque están detenidas en sus almacenes en espera de que sean inspeccionadas.

La información figura en una carta que la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, le envió al representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, el pasado 21 de junio.

En la carta la representante Nogales le solicitó a Rivera Segarra que investigue la situación y le pida al secretario de Agricultura un informe de lo ocurrido con las inspecciones de la DFM

Se espera que más empresas denuncien que tienen detenida la entrega de sus productos en espera de que sean inspeccionados, porque desconocen la orden administrativa de González Beiró.

 Entre los productos importados y de producción local que son objeto de inspecciones figuran huevos, carne de aves, pollo entero y sus partes, azúcar, café, guineos, plátanos, batatas, malangas, yautías, tomates, repollos y otros 22 productos adicionales.

Antes de la decisión de González Beiró, los técnicos de la DFM indagaban la gran mayoría de los furgones con alimentos importados que introducen al país las compañías marítimas en los puertos, y la importación de alimentos que se realiza a través de aviones en los aeropuertos. También visitaban decenas de granjas locales que cosechan y producen algunos de los productos que se deben inspeccionar.

El objetivo de las inspecciones es determinar que los alimentos importados no contengan hongos, enfermedades, podredumbre, insectos o daños que impidan su consumo.

Ante la incapacidad de Agricultura para aumentar la compensación por millaje transitado a los inspectores de la DFM, González Beiró tomó la decisión drástica de hacer las inspecciones al azar, lo que reducirá significativamente la cantidad de granjas locales y de furgones inspeccionados.

La fuente indicó que la decisión se pudo evitar si cuatro vehículos de la flota de Agricultura fueran asignados a los inspectores de DFM. La gasolina que consumen los vehículos del gobierno es pagada a través de unos contratos con determinadas gasolineras que regula la Administración de Servicios Generales. 

Actualmente la flota de vehículos de Agricultura está en dominio de los directores regionales y de los funcionarios de confianza.

La determinación de González Beiró reduce los ingresos que recibe el DA por las inspecciones que realiza la DFM. Por cada inspección el DFM ingresa hasta $300 por furgón o por granja, los cuales se utilizan para pagar los gastos de esa división, incluyendo los pagos por dieta y millaje que reciben los inspectores. Las inspecciones generan $1.5 millón al año.

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Dividida la industria lechera sobre el papel de la ORIL

Durante una vista pública emergió un contradictorio escenario que revela una reducción en el consumo de leche, mientras la ORIL patrocina una producción excesiva que eleva el monto de los excedentes

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (24 de Junio de 2022) – Las profundas diferencias que dividen a los integrantes de la industria lechera surgieron ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes que quedó marcada por la indiferencia del Departamento de Agricultura y por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), quienes no asistieron al evento a pesar de que se les responsabiliza de incumplir sus responsabilidades legales y por no garantizar un margen adecuado de ganancia a los miembros del sector.

Al inicio de la vista el representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, indicó que temprano en la mañana la Comisión recibió una llamada en que se informó que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y el administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, no asistirían.

Rivera Segarra dijo que ya estaba acostumbrado a tales ausencias, en alusión a que el secretario resistió asistir una vista pública sobre seguridad alimentaria y solo asistió luego que se anunciara que la Cámara se proponía acudir al tribunal para exigir su comparecencia. El legislador dijo que estudiará los pasos a seguir para garantizar la futura comparecencia de los funcionarios.

En la vista pública emergió un contradictorio escenario que revela una reducción en el consumo de leche, mientras la ORIL patrocina una producción excesiva que eleva el monto de los excedentes, los cuales son exportados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos, mientras simultáneamente se registra la importación de leche desde los Estados Unidos por una de las plantas procesadoras.

Los graves retos económicos que enfrentan los integrantes de la industria lechera, que amenaza la existencia tanto de vaquerías como de las plantas procesadoras, quedó claramente planteada en una vista pública a la que asistieron pocos legisladores, a pesar de que la industria lechera es uno de los pocos sectores de la economía local en la que la gran mayoría de sus integrantes son empresas netamente puertorriqueñas.

De hecho, los interrogatorios de los pocos legisladores que asistieron a la vista demostraban a simple vista que no entendían la problemática y que sus preguntas fueron preparadas por otras personas.

En el caso de la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, la situación fue patética, pues solicitó información sobre la plantilla y los salarios de los empleados de la empresa Suiza Dairy, pero no indagó sobre la denuncia realizada por los directivos de la empresa, el gerente general, Egberto Torres Cava, y la licenciada Janice Ramírez, directora legal, sobre que enfrentan pérdidas desde 2013 que continúan operando en el país por el respaldo financiero de su corporación matriz.

Suiza Dairy procesa el 60 % de la producción de leche de los ganaderos del país y apenas varios años atrás invirtió $40 millones en una nueva planta procesadora en Aguadilla.

Incumplimiento de la ORIL

En la vista la licenciada Ramírez sostuvo que el principal escollo que le impide Suiza Dairy enfrentar sus graves retos económicos es el incumplimiento de la ORIL a su propia reglamentación, que exige garantizar un margen adecuado de ganancias a los integrantes de la industria lechera.

En la vista el ganadero Carlos Benítez denunció un patrón de incumplimientos de parte de la ORIL que incluye la toma de decisiones de manera unilateral y en violación a los reglamentos, y la imposición de cambios en la forma de pago sin una evaluación científica, lo que atenta contra la estabilidad financiera del ganadero.

Indicó que el último cambio aconteció varias semanas atrás, cuando la ORIL anunció que se le pagará entre 90 y 92 centavos por cada litro de leche producida, pero Benítez sostuvo que el pago real es de entre 77 y 78 centavos. El cambio también incluyó descartar la cuota de leche como factor para estimar el pago por litro al ganadero, lo que según Benítez y su abogado, el licenciado Homel Mercado Justiniano, ha causado una depreciación de la cuota como instrumento financiero.

El licenciado Mercado Justiniano dijo que por una decisión “improvisada” por parte de la ORIL, la cuota de leche ya no servirá como colateral para los préstamos de los ganaderos y que las instituciones financieras exigirán la inclusión de otras propiedades para garantizar las deudas o aumentarán los intereses de los financiamientos.

Benítez, quien ha dicho públicamente que se propone impugnar en el Tribunal Federal las acciones de la ORIL, dijo que la agencia reguladora persigue a los ganaderos que cuestionan sus decisiones ordenando decomisos de leche injustificados.

Sobre este aspecto, el representante Rivera Segarra dijo que conocía de las decisiones abusivas contra los ganaderos ordenadas por la ORIL. El ganadero exhortó a la Comisión a investigar las acciones de la ORIL y referir al Departamento de Justicia aquellas que resulten claramente ilegales y abusivas.

En la vista también participó a través de videoconferencia el economista José Alameda, quien abogó por equilibrar la producción de leche según el consumo y respaldó apoyar el adiestramiento de los ganaderos para aumentar la eficiencia de las vaquerías, en vez de favorecer el cierre de las ineficientes.

Economista cuestiona tardanza

Alameda cuestionó la tardanza de la ORIL en realizar los estudios económicos para decretar, si es necesario, un alza en el precio de la leche y compensar el aumento en los costos de producción. Indicó que cuando la ORIL toma una determinación ya ha cambiado el escenario económico, lo que convierte esa decisión en inefectiva.

 También dijo que el Estudio Exhaustivo que debe realizar cada cuatro años la ORIL, utiliza criterios muy bajos para estimar la ganancia razonable de los ganaderos. El economista, quien fue contratado por un grupo de ganaderos liderado por Benítez, dijo que entre esos criterios figura el índice de precios al consumidor, que el Departamento de Trabajo usa para estimar la inflación y cuya tasa es muy baja. Otro criterio es una tasa de rendimiento sobre activos que fue diseñada para las pequeñas empresas y no para las operaciones agrícolas.

El economista recomendó una tasa de inflación diseñada por la Junta de Planificación y una tasa de rendimiento sobre activos que considere los riesgos que enfrentan las operaciones agrícolas. Alameda respaldó evaluar varios esquemas para el pago al ganadero y seleccionar el mejor, lo que fue aplaudido por los ganaderos presentes en el salón de audiencias.

A la vista compareció Manuel Enrique Arbona, quien preside la Junta de Directores de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), la Junta de Directores de Indulac y es el vicepresidente de la Junta de Directores del Fondo Fomento de la Industria Lechera.

Arbona presentó un panorama diametralmente opuesto al discutido por los deponentes anteriores en el que las acciones de la ORIL no afectan la industria lechera. Indicó que la legislatura debía investigar el acuerdo entre las plantas procesadoras y el gobierno, como parte del caso ventilado en el Tribunal Federal. Solicitó investigar las dificultades que ha enfrentado el Molino de Asociaciones Pecuarias y la operación de la nueva planta de Suiza en Aguadilla. Además, solicitó investigar la venta de préstamos agrícolas por parte del Banco de Desarrollo Económico.

En la vista Arbona respaldó la decisión de la ORIL en el 2020 de destinar la producción de leche de ocho vaquerías a Indulac, lo cual fue impugnado por Suiza Dairy en el Tribunal Apelativo. Recientemente ese tribunal determinó que la decisión de la ORIL es nula porque modificó de manera arbitraria la naturaleza de Indulac como planta de balance y porque no cumplió con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Cuestionan falta de transparencia

Benítez planteó que la ORIL no ha sido transparente con la exportación de la leche a la República Dominicana, una operación que realiza la planta Indulac y que ha representado la exportación más de 1 millón de cuatrillos cada 15 días durante los pasados meses. Benítez dijo que el pago al ganadero por esa leche es de 25 centavos por litro, lo cual no alcanza para cubrir el costo de producción por litro, estimado en 70 centavos.

“República Dominicana es la planta de balance de Puerto Rico”, sostuvo Benítez, en alusión a que, alegadamente, Indulac ya no opera como planta balance luego de que fue adquirida por Coopple, en una controvertible transacción el pasado cuatrienio que no fue respaldada por el entonces secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

En la reglamentación de la ORIL, Indulac figura como una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche y producir subproductos lácteos como queso, mantequilla y mantecado.

La reglamentación de la ORIL también dispone que el único accionista de Indulac es el Fondo de Fomento de la Industria Lechera, una entidad creada por ley y revestida de interés público.

Más adelante en la vista, el presidente ejecutivo de Indulac, Francisco Orama Irizarry, justificó la falta de información sobre las ventas de leche a República Dominicana con el argumento de que Indulac es una empresa privada. Orama también aludió a que “Indulac es una empresa privada” para rechazar que la empresa sea sometida a una auditoría forense, como ha exigido el ex secretario Flores Ortega.

Incluso, Orama dijo que durante la vista pública se comunicó con la empresa dominicana Rica para que se le permitiera divulgar el precio por litro que le cobra Indulac.

A 34 centavos la leche a República Dominicana

El ejecutivo dijo que Indulac vende cada litro de leche cruda a Rica en 34 centavos. Además, antes de enviar la leche a la República Dominicana, la planta Tres Monjitas efectúa un “pre-pasteurizado” que tiene un costo de 7 centavos. Orama dijo que Indulac invierte cerca de 13 centavos por litro en el manejo del producto antes de su exportación y que la empresa pierde 2 centavos por litro.

“Esto es un servicio al ganadero”, sostuvo Orama, en alusión a que la exportación de leche es medida empleada para evitar el decomiso del producto.

El ejecutivo también dijo que a partir del 1 de julio la empresa Rica pagará 40 centavos por cada litro.

Indicó que desde 2018 Indulac ha exportado 14.3 millones de litros anuales a República Dominicana, lo que implica que hasta el 2021 Indulac exportó 57.4 millones de litros. Orama dijo que en esos años la exportación representó $18 millones de ingreso para los ganaderos.

Orama reveló que Indulac también exporta productos lácteos terminados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos. El pasado año esa exportación implicó el uso de 30 millones de cuartillos.

Ninguno de los legisladores realizó preguntas sobre la presunta pérdida de 2 centavos por litro en la exportación de leche cruda a la Rica, que suman $1.1 millón entre 2018 y 2021. Tampoco cuestionaron el esquema de costo revelado por Orama para la leche cruda exportada.

Tampoco se cuestionó porqué el precio por litro que le cobra Indulac a Rica era un asunto tan confidencial que requirió que Orama llamara a la empresa dominicana para que se le permitiera divuglarlo en la vista pública. Por lo general la confidencialidad de los acuerdos entre empresas ocurre en mercados sumamente competidos. La exportación de productos terminados, que implicó el uso de 30 millones de cuartillos el pasado año, tampoco generó interrogantes entre los legisladores.

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DEPORTES

Viento en popa las clasificaciones boricuas para los Centroamericanos 2023

Hasta el momento ya hay 96 atletas clasificados para la justa caribeña a celebrarse del 23 de junio al 8 de julio de 2023

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El Comité Olímpico de Puerto Rico se sumó ayer a la celebración del Día Olímpico. (Suministrada)

San Juan, 24 de junio – La delegación boricua que representará a la Isla en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) San Salvador 2023, ya cuenta con 96 atletas clasificados a la justa regional, que se celebrará del 23 de junio al 8 de julio en la capital salvadoreña.

Ayer, en el marco de la celebración del Día Olímpico, se inició el conteo regresivo para JCC San Salvador 2023. El Día Olímpico conmemora la fundación del Comité Olímpico Internacional (COI) el 23 de junio de 1894 por el Barón Pierre de Coubertin.

“Es un día sumamente importante para el Olimpismo y nuestra región de Centroamérica y del Caribe. Celebramos el Día Olímpico con un llamamiento para que juntos trabajemos por un mundo en paz”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez.

“Además, iniciamos con mucho entusiasmo y energía el conteo regresivo para la celebración de San Salvador 2023. Una nueva edición de los juegos más antiguos de nuestra región donde iremos, nuevamente, a sobrepasar nuestras metas con grandes triunfos y excelencia deportiva. Ya tenemos 96 atletas clasificados y seguirán llegando muchos más”, añadió la líder del movimiento olímpico puertorriqueño.

Mientras, el director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del COPUR, Fernando Olivero Lora, aseguró que los trabajos para la confección de la delegación puertorriqueña San Salvador 2023 van “viento en popa”.

“Hoy estamos muy contentos de cómo se perfila este inicio del periodo de clasificación de los Juegos. Tenemos 96 atletas ya clasificados”, sostuvo el director del DAR.

El desglose de los deportes con atletas clasificados y finalizado su proceso de clasificación, hasta el momento, son: bolos, escopeta, tiro, tiro con arco y hockey sobre césped. Ciclismo, canotaje y fútbol ya cuenta con atletas clasificados, pero no han terminado su proceso de clasificación.

“Todavía faltan 18 deportes para efectuarse eventos clasificatorios y siete deportes que ya abrieron sus ventanas para la clasificación como son los de marca y tiempo”, explicó Olivero Lora, quien lleva desde el 2014 trabajando en el DAR.

Los deportes con eventos clasificatorios por efectuarse son: baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, esgrima, gimnasia, karate, lucha olímpica, clavados, polo acuático, nado sincronizado, patinaje, remo, sóftbol, surfing, tenis de mesa, voleibol y vela.

Por otro lado, los deportes con periodos o fases de selección para plazas por clasificación vía marca o tiempo son: atletismo, ecuestre, judo, levantamiento de pesas, natación, tenis y triatlón.

Olivero Lora aclaró que el “Departamento de Alto Rendimiento establecerá unas marcas” y continuará con sus recomendaciones al Comité Ejecutivo del COPUR de los atletas que deben confeccionar la delegación para los Juegos.

“Las marcas de nosotros en el DAR son más rígidas y son más fuertes. Aunque el manual de clasificación diga que sea por puntos nosotros vamos a poner unas marcas más estrictas para certificar a nuestros atletas. Es importante recalcar que, el que el atleta haya clasificado, no necesariamente significa que sea certificado”, profundizó el director del DAR.  

“Todos nuestros atletas pasarán un proceso de evaluación y tiene que demostrar que está entre los mejores cuatro (de la región) individual y en los deportes de conjunto. También se evalúa otros criterios como las marcas de la región, si son atletas con desarrollo juvenil, entre otros. Esto también se está haciendo para los Juegos Panamericanos. Donde no lo hacemos es para los Juegos Olímpicos, porque clasificar a los Juegos Olímpicos ya es un medidor absoluto de rendimiento”, puntualizó Olivero Lora.

Puerto Rico comenzó a competir en la segunda edición de los Juegos en La Habana 1930. Desde entonces acumula 1,581 medallas divididas en 342 de oro, 517 de plata y 728 de bronce. En las dos ocasiones que San Salvador ha sido sede del evento regional, Puerto Rico ganó 15 medallas (cinco de oro, cinco de plata y cinco de bronce) en la edición de 1932. Mientras, la Delegación que compitió en el 2002 sumó 140 preseas de las cuales 32 fueron de oro, 47 de plata y 61 de bronce.  

Detalles de los Juegos San Salvador 2023

La competición durará 16 días y se competirá en 38 deportes y 54 disciplinas. Habrá 38 delegaciones. La subsede será la República Dominicana. Allí se disputará: taekwondo, pentatlón moderno, ecuestre, ráquetbol, canotaje, hockey sobre césped y escopeta.

Las nuevas disciplinas en el programa deportivo serán skateboarding, surf, fútbol de playa, netball y fisicoculturismo. El ajedrez regresará tras estar presente en las ediciones de Panamá 1938 y Barranquilla 1946.

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Gasolina cara limita la inspección de alimentos importados

Los inspectores del Departamento de Agricultura han objetado continuar realizando las inspecciones debido a que el reembolso de 40 centavos que reciben por milla transitada resulta insuficiente para enfrentar el costo de la gasolina.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (22 de Junio de 2022) – El alza en el costo de la gasolina y la falta de recursos en el Departamento de Agricultura (DA) para aumentar el pago por milla transitada a los inspectores agrícolas, ha provocado que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, emitiera una orden administrativa que limita la inspección de los productos importados y establece que tales indagaciones se efectuarán al azar.

La determinación, que fue emitida ayer por el secretario, sustituye la inspección rigurosa de furgones antes de su distribución en el mercado.

La inesperada decisión acontece a pesar de que la pasada semana González Beiró rechazó públicamente las importaciones de huevos que se venden a bajo costo porque es un producto de inferior calidad en comparación con el huevo producido en la isla. 

El secretario también indicó que el huevo importado representa una competencia desleal para la industria local de huevos.  

De acuerdo con una fuente del DA, los inspectores de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados (DFM) han objetado continuar realizando las inspecciones debido a que el reembolso de 40 centavos que reciben por milla transitada resulta insuficiente para enfrentar el alza sin precedentes en el costo de la gasolina.

Actualmente el precio por litro para la gasolina “regular” oscila entre $1.25 y $1.39 y entre $1.35 y $1.49 para la gasolina “premium”.

Para realizar las inspecciones, los técnicos de la DFM se ven obligados a visitar continuamente los puertos, los aeropuertos y las instalaciones de los empacadores e importadores locales y centros de distribución de cadenas de supermercados, muchas de las cuales se encuentran ubicadas fuera de la zona metropolitana de San Juan.  

 Entre los productos objeto de inspecciones figuran huevos, carne de aves, pollo entero y sus partes, azúcar, café, guineos, plátanos, batatas, malangas, yautías, tomates, repollos y otros 22 productos adicionales. Estas inspecciones incluyen a los agricultores locales.

La orden del secretario limita las inspecciones y dispone que los embarques sujetos a inspección se seleccionen al azar. Según la orden, la decisión tendrá una vigencia temporera, aunque no define la duración de ese periodo.

“Se ordena de forma temporera la inspección aleatoria de los productos importados por la DFM. Como también se ordena de forma temporera la inspección aleatoria de las granjas locales”, sostiene la orden.

Antes de la decisión los técnicos de la DFM indagaban la gran mayoría de los furgones con alimentos importados que introducen al país las compañías marítimas en los puertos, y la importación de alimentos que se realiza a través de aviones en los aeropuertos.  

El objetivo de las inspecciones es determinar que los alimentos importados no contengan hongos, enfermedades, podredumbre, insectos o daños que impidan su consumo.

Según la fuente, ante la incapacidad de Agricultura para aumentar la compensación por millaje transitado a los inspectores de la DFM, González Beiró tomó la decisión drástica de hacer las inspecciones al azar, lo que reducirá significativamente la cantidad de furgones inspeccionados.

La decisión podría causar graves consecuencias a la agricultura local si la ausencia de inspecciones permite la entrada al país de una plaga inexistente en la isla.  

Los consumidores también podrían resultar trasquilados si consumen productos de menor calidad o en condiciones salubres inaceptables, lo que, además, desataría posibles reclamaciones judiciales que afectaría por igual a los importadores, a las cadenas de supermercados y a los restaurantes.

La orden administrativa de González Beiró es un tanto contradictoria porque no establece de manera clara las razones para justificar la decisión de realizar al azar las inspecciones.

Por un lado, la orden reconoce la necesidad de mayores recursos para reforzar las inspecciones y luego advierte que las inspecciones se han visto afectadas debido a una presunta “inestabilidad” en la importación de productos. También señala que si el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se prolonga “pudiese comenzar a escasear la comida en varios países”.

La fuente indicó que la decisión se pudo evitar si la flota de vehículos de Agricultura, que actualmente está en dominio de los directores regionales y a los funcionarios de confianza, se le asignara a los inspectores de DFM.

La determinación de González Beiró, dijo la fuente, es contraria a la ley que rige las inspecciones y además, reduce los ingresos que recibe el DA por las inspecciones que realiza la DFM. Por cada inspección el DFM ingresa hasta $300 por furgón, lo cuales se utilizan para pagar los gastos de esa división, incluyendo los por dieta y millaje que reciben los inspectores.

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Mayoría popular evita al ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega

Según la fuente, la vista pública pretende en realidad cumplir un reclamo de los ganaderos identificados con el PPD para que la crisis de la industria lechera se atienda en la Legislatura, pero no existe un compromiso real para profundizar en las causas de esos problemas.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (17 de Junio de 2022) – El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien se opuso a las decisiones de los exgobernadores Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced relativas a la industria lechera, no será citado a una vista pública en la Cámara de Representantes que pretende indagar sobre la crisis actual que enfrenta el principal sector agrícola del país, en lo que representa una acción incomprensible por parte de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en ese cuerpo legislativo.

Flores Ortega fue referido al Departamento de Justicia en 2019 por unas presuntas irregularidades que finalmente no fueron confirmadas y que fueron denunciadas por ganaderos que rechazaron las posiciones del ex secretario con respecto a la industria lechera.

Las denuncias contra Flores Ortega fue avalada públicamente por miembros de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), quienes que también tienen influencia en la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) y en la Asociación de Agricultores.

El director ejecutivo de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Ernesto Irizarry, confirmó a este medio que no se invitó a Flores Ortega a la vista pública “porque había mucha gente citada”.

El funcionario cameral también agregó que evitó citar a Flores Ortega a la vista pública porque “no es el momento” para traer al ex secretario a discutir las controversias de la industria lechera. Sostuvo que no está descartado realizar otra vista pública en la que podrían participar los ex secretarios Myrna Comas y Flores Ortega. No obstante, Irizarry aceptó que en este momento esa vista pública no está en agenda.

Fuentes de este medio indicaron que la verdadera razón para no citar a Flores Ortega es que tanto Irizarry como el representante Jorge Rivera Segarra, que preside la Comisión de Agricultura, no desean promover una controversia entre los funcionarios actuales del Departamento de Agricultura y el ex secretario.

Además, según la fuente, la vista pretende en realidad cumplir un reclamo de los ganaderos identificados con el PPD para que la crisis de la industria lechera se atienda en la Legislatura, pero no existe un compromiso real para profundizar en las causas de esos problemas. Rivera Segarra no respondió a las llamadas de EyBoricua.com.

La fuente sostuvo que el ex gobernador Alejandro García Padilla, quien posee fincas de plátanos y otros cultivos, ha respaldado al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, lo que pudo ser factor decisivo para que Flores Ortega no fuera citado a la vista pública.

De hecho, no está claro si la veda de la mayoría legislativa a Flores Ortega tiene el respaldo del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, quien había avalado la celebración de la vista pública para atender la crisis de la industria lechera.

Mucha gente citada

Flores Ortega indicó que Irizarry lo llamó para informarle que no sería citado a la importante vista pública “porque hay mucha gente citada”.

“Se me dijo que había mucha gente citada y que por esa razón yo no sería invitado a esa vista pública. Le indique a Ernesto Irizarry que yo estaría como parte del público que acuda a esa vista pública y que estaré atento a lo que digan los deponentes y tan pronto escuche argumentos falsos lo denunciaré ante la prensa”, dijo Flores Ortega.

A la vista pública, que está pautada para el jueves 23 de junio a las 10:00 de la mañana en el salón audiencias 6 de la Cámara, han sido citados los directivos de las plantas procesadoras Suiza Dairy, Indulac y Tres Monjitas.

Se espera la comparecencia de González Beiró, del administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, y de los directivos de la Coopple. Además, comparecerán a la vista un grupo de ganaderos que no está afiliado a la Coopple y quienes irán acompañados de un economista.

Periodo convulso

Flores Ortega protagonizó uno de los periodos más convulsos para la industria lechera cuando se opuso a la presunta venta de la planta Indulac a la Coopple.  El ex secretario dijo que la transacción convertiría a Indulac en otra planta comercial y le impediría cumplir con su responsabilidad como planta de balance.

En la reglamentación de la ORIL, Indulac figura como una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche y producir subproductos lácteos como queso, mantequilla y mantecado.

La reglamentación de la ORIL también dispone que el único accionista de Indulac es el Fondo de Fomento de la Industria Lechera, una entidad creada por ley y revestida de interés público.

De hecho, en el 2020 la ORIL destinó la producción de leche de ocho vaquerías permanentemente hacia la planta Indulac, lo cual fue impugnado por Suiza Dairy en el Tribunal Apelativo. Recientemente ese tribunal determinó que la decisión de la ORIL es nula porque modificó de manera arbitraria la naturaleza de Indulac como planta de balance y porque no cumplió con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Cuestionable la exportación de leche

El ex secretario también denunció que Indulac y la Coppel han creado un cuestionable negocio con la exportación de leche a la República Dominicana, cuyo costo aproximado es de 25 centavos por cuartillo, lo que representa cuantiosas pérdidas para los ganaderos cuyo costo de producción por litro excede los 65 centavos.

Llama la atención la falta de transparencia de Indulac y de la ORIL para difundir detalles sobre la exportación de leche – cada quincena se exportan más de 1.2 millones de litros- a la República Dominicana.

Durante su incumbencia en el Departamento de Agricultura, Flores Ortega encaminó una auditoría forense sobre las operaciones de Indulac, que tenía como uno de sus objetivos principales desvelar las cuerdas ocultas de la exportación de leche a la República Dominicana.

Tras el cambio de gobierno en el 2021, la auditoría fue cancelada por Jorge Campos Merced, quien actualmente es el subsecretario de Agricultura.

Campos Merced fue el administrador de la ORIL en el periodo en que Flores Ortega fue secretario.

Ambos funcionarios sostuvieron una agria disputa porque Campos Merced  alegó que el secretario de Agricultura no tenía facultad para intervenir e investigar las acciones de la industria lechera.

Fue bajo la dirección de Campos Merced que la ORIL avaló la compra de Indulac por parte de Coopple, una transacción que también fue respaldada por la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La disputa entre Campos Merced y Flores Ortega tuvo su momento culminante en el 2019, cuando desde la Fortaleza se revocó una estructura de precios para el pago de la leche a los ganaderos establecida por Flores Ortega. 

Falsas las denuncias de Zoé Laboy y Campos Merced

La estructura de precios establecía unas tarifas diferenciadas según el uso que se le iba a dar a la leche. Si la leche se usaba para hacer leche fresca, se pagaba una alta tarifa por cada cuartillo y se pagaba menos si se usaba, por ejemplo, para queso o para mantecado. El propósito era causar una autorregulación en el sector productor, con el fin de que la producción de leche estuviera más ajustada al consumo.

En sustitución a la estructura de precios descartada, Campos Merced estableció dos tarifas, que han promovido el exceso de producción y los excedentes de leche, según dijo Flores Ortega.

Luego, en julio de ese año, la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced se refirió al secretario de Agricultura al Departamento de Justicia para investigación por unas alegaciones de conducta impropia.

No obstante, en febrero de 2020, la ex secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, reveló que la División de Integridad Pública no encontró causa para recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente contra Flores Ortega.

Según un comunicado de prensa difundido por Justicia en aquel momento, la Justicia no pudo corroborar las alegaciones en contra de Flores Ortega.

“Para corroborar las alegaciones el Departamento de Justicia entrevistó a varias personas identificadas en los documentos referidos por la entonces secretaria de la gobernación, Zoé Laboy Alvarado, y por el agrónomo Jorge Campos Merced, director de la ORIL, determinando que lo alegado no se pudo comprobar”, sostuvo el comunicado de prensa.

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Indefenso el consumidor ante alza en productos avícolas

El país ha demostrado estar indefenso ante el aumento de precio de hasta 50 % en el pollo y de otras carnes, lo que sin duda ha tenido un efecto contundente en el bolsillo del consumidor.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (15 de Junio de 2022) – La endeble industria avícola y de huevos de Puerto Rico estaría en grave peligro e indefensa ante la posibilidad de que se registre en la isla un brote de la gripe aviar, un virus que afecta a las aves y que ya ha provocado el sacrificio de 38 millones de pollos, gallinas y pavos en 36 estados de los Estados Unidos donde ha sido confirmada la presencia del virus.

Igualmente el país ha demostrado estar indefenso ante el aumento de precio de hasta 50 % en el pollo y de otras carnes, lo que sin duda ha tenido un efecto contundente en el bolsillo del consumidor.

El doctor Fred Soltero, quien es veterinario en el Departamento de Agricultura federal, reconoció que sería desastroso para la industria avícola local el contagio con la gripe aviar, pues la presencia del virus se combate con la eliminación de las aves en cuyo rancho se detectó la enfermedad. Además, se imponen períodos de cuarentena, la limpieza de las instalaciones afectadas y la vigilancia en las áreas circundantes.

La gripe aviar es una enfermedad mortal para las aves de corral y altamente contagiosa, por lo que requiere una respuesta rápida de las autoridades para evitar un colapso de las empresas avícolas.

Soltero indicó que no existe un “escudo” contra la gripe aviar pues su mayor fuente de transmisión es a través de las aves migratorias. Indicó que en la isla es necesario fiscalizar las importaciones de productos avícolas, especialmente las importaciones del pollo fresco, que es aquel que no está congelado.

“Con el pollo congelado no hay problema, lo importante es revisar el pollo fresco importado. Esa es una responsabilidad que cae en el Departamento de Agricultura local (DA) y no en el gobierno federal”, dijo Soltero.

El doctor Alejandro Pérez, quien es el veterinario del Estado, una posición oficial del DA, indicó que se ha estado tomando las medidas para impedir la entrada de la gripe aviar a la isla, pero no ofreció detalles sobre las medidas para evitar el contagio por medio del pollo fresco importado.

Tampoco respondió a las llamadas de este medio, Antonio Jiménez, quien dirige la división de Inspección de Mercado del DA, que tiene la responsabilidad de fiscalizar las importaciones de pollo fresco y pollo congelado.

No obstante, Soltero indicó que la temporada de calor que experimenta Puerto Rico y Estados Unidos con la llegada del verano, podría funcionar como una defensa temporal contra la enfermedad porque “el calor inhabilita el virus”.

Agricultura no ofrece reacción

Hasta el momento el DA no ha ofrecido una reacción oficial sobre la detección de la enfermedad en Estados Unidos que se continúa propagando aceleradamente y que obligó al secretario de Agricultura Federal, Tom Vilsack, a destinar $400 millones para apoyar los esfuerzos de respuesta contra la expansión de la enfermedad tanto en las granjas comerciales estadounidenses como en la crianza de aves por parte de la ciudadanía.

La industria avícola local comprende la planta procesadora To-Ricos y cerca de 60 avicultores, quienes satisfacen el 10 % del consumo de carne de pollo.

Este medio solicitó una reacción a la planta procesadora To-Ricos y al cierre de esta edición la empresa no se había expresado.

De hecho, la única expresión oficial de una entidad gubernamental local sobre la gripe aviar la realizó el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, quien exhortó a los consumidores de ese pueblo a comprar pollos y huevos del país y evitar los productos avícolas importados ante la posibilidad de pueden portar rastros del virus.

El agrónomo Héctor Ordóñez, del municipio de Ciales, sostuvo que como una medida de bioseguridad el alcalde Burgos Otero dijo a los consumidores que deben identificar la procedencia de los productos avícolas importados y evitar aquellos que procedan de los estados infectados con el virus.

Para obtener información oficial sobre los estados donde se ha registrado la presencia del virus, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen información fresca en la siguiente dirección de internet:  https: //español.cdcgov/fluavianflu/data-map-commercial.html.

Ordoñez advirtió que el último estado donde se registró la enfermedad fue en el estado de Arizona. Hasta el presente los estados  cercanos a Arizona, como California, Nevada y Nuevo México no han registrado presencia de la enfermedad.

La gripe aviar se originó en Asia y fue a través de las aves migratorias que llegó a los Estados Unidos. Aunque la gripe aviar no se transmite a los seres humanos, las cepas del virus pueden mutar rápidamente y existe la posibilidad de que afecte a los humanos.

 No obstante, los CDC han indicado que no creen que esta cepa se propague a los humanos. A pesar de ese dictamen, los trabajadores que participan en las operaciones para decomisar las aves infectadas y limpiar los ranchos afectados en los Estados Unidos se les suministra medicamentos antivirales como medida de precaución.

Gripe aviar alza los precios

Como resultado de la gripe aviar los precios de los productos avícolas provenientes de los Estados Unidos han sufrido un alza de hasta 25 % en el pollo y hasta de 21 % en el huevo.

Además, las importaciones procedentes de Centro y Suramérica han tenido un efecto contundente en el bolsillo del consumidor, porque el pollo y otras carnes han registrado un alza de hasta 50 % en su precio.

El 81 % de los alimentos que se consumen en la isla son importados en su gran mayoría de los Estados Unidos.

No obstante, el asesor de la industria de transportación marítima, Raymond Rudle, sostuvo que no están justificados los incrementos de precio registrados en el pollo y las carnes procedentes de Centro y Suramérica que realizan las compañías locales y las cadenas de supermercados. Rudle indicó que en Centro y Suramérica no se ha registrado la presencia de gripe aviar.

“Yo entiendo que no se justifican los precios que estamos viendo en el pollo y las carnes que vienen de Centro y Suramérica. Ha habido un aumento en los combustibles y en la transportación terrestre, eso yo lo sé. Pero el costo de los combustibles es una parte de la tarifa marítima, que tiene varios factores como seguros, seguridad y los costos de muelle. Me cuesta mucho creer que la causa para un alza tan desmesurada en el precio del pollo y la carne sea el aumento en los combustibles”, dijo Rudle, quien tiene más de 40 años de experiencia en la industria de transportación marítima.

Rudle dijo que las Comisión de Transportación Marítima Federal desreglamentó las tarifas de transportación marítima en las pasadas décadas, lo cual implica que no existe una fiscalización de las tarifas que cobran las compañías de transportación marítima.  No obstante, el asesor indicó que las compañías importadoras de alimentos locales y las cadenas de supermercados tienen contratos por varios años con las compañías de transportación marítima, que garantizan tarifas preferenciales para esas empresas.

Precios altos por abuso

“El costo de los combustibles se puede modificar en esos contratos. A mi me luce que el costo de los combustibles en parte es la razón para el alza, pero me parece también que el abuso tiene que ver con ese aumento y no hay nadie que fiscalice”, dijo Rudle.

Sostuvo que el “abuso” consiste en incrementar excesivamente los precios de los productos, aprovechando la tendencia inflacionaria en el precio del petróleo, con el objetivo de que se entienda que el aumento es consecuencia de la inflación. Agregó que en el citado “abuso” podrían participar tanto las empresas importadoras de alimentos locales, las cadenas de supermercados como las compañías de transporte marítimo.

“Yo he visto pollo de Chile, que es bien barato, a casi $38 el precio por una bolsa de 10 libras y churrasco de Centro América a $16.99 la libra. Pero de pronto hay “shoppers” que te venden churrasco a $6.99 y $8.99 la libra. Yo no entiendo cómo se justifican esos cambios tan drásticos de precio. Mientras tanto los productos importados de Europa no registran cambios de precio tan drásticos. ¡El vino europeo no ha subido nada! Y si fuera por el costo del combustible pues debía subir”, indicó Rudle.

El asesor marítimo dijo que la falta de fiscalización de parte del gobierno es tan inexistente que “yo he visto una estación que cambió el precio de la gasolina tres veces el mismo día. ¿Cómo se puede justificar eso? Eso pasa y nadie se queja y el gobierno no hace nada, pues no hay fiscalización”, concluyó Rudle.

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No convence el plan de seguridad alimentaria de González Beiró

El representante Javier Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura, dijo que el hallazgo principal de la vista pública es que el Ejecutivo carece de un plan de seguridad alimentaria, por lo que la Comisión se propone preparar legislación con ese objetivo.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (10 de Junio de 2022) – Pasadas tres horas en una vista pública cargada de graves fricciones con varios legisladores, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, no pudo convencer a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes sobre que tiene un plan de seguridad alimentaria y que la administración de Pedro Pierluisi está preparada para afrontar una emergencia que impida a la ciudadanía obtener los alimentos que necesita.

De hecho, el representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura, dijo que el hallazgo principal de la vista pública es que el Ejecutivo carece de un plan de seguridad alimentaria, por lo que la Comisión se propone preparar legislación con ese objetivo.

En la extensa vista pública celebrada ayer los representantes Dennis Marques Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño, y Héctor Ferrer Santiago, del Partido Popular Democrático González, cuestionaron con insistencia un documento que González Beiró identificó como su plan de seguridad alimentaria. 

Durante el interrogatorio salieron a relucir los defectos del documento, debido a que carecía de metas definidas a corto y largo plazo, y porque no desglosa los objetivos de producción por cada renglón agrícola, en una proyección progresiva durante cada año del presente cuatrienio.

Pero González Beiró insistió que el documento, que más bien contenía su agenda de proyectos para el cuatrienio, era su plan de seguridad alimentaria, cuyo objetivo principal es que el sector agrícola se organice en cooperativas con el fin de satisfacer el 50 % de consumo del país para el 2024.

En un tenso intercambio con el representante Márquez Lebrón, González Beiró se mostró insensible a las dramáticas conclusiones de una encuesta sobre seguridad alimentaria realizada por el Departamento de Salud en 2015, entre cuyos hallazgos figura que el 33.2% de la población de 18 años o más en Puerto Rico presentó inseguridad alimentaria y 9.0% de la población de 18 años o más se encontraba en la categoría de “muy baja seguridad alimentaria”.

Márquez Lebrón también mencionó que, según la encuesta, las personas con inseguridad alimentaria presentaron una mayor incidencia de problemas de salud.

 Puertorriqueños prefieren los televisores a los alimentos

Por su parte, González Beiró indicó que en el país existían suficientes ayudas federales para paliar el  hambre y , además, sostuvo que durante la pandemia los puertorriqueños no utilizaron los fondos federales que fueron distribuidos a la población para adquirir alimentos sino para “comprar televisores”.

El legislador cuestionó el origen de esa información y el secretario respondió sin recato alguno “eso es lo que se dice en la calle”.

De las expresiones de González Beiró surge que es posible que desconozca las particularidades de la llamada inseguridad alimentaria, un fenómeno que ha sido definido como el acceso insuficiente de alimentos por causas no voluntarias, el cual es muy frecuente en grupos de escasos recursos económicos, de baja escolaridad y deprivados culturales.

Márquez Lebrón cuestionó el presunto uso para proyectos turísticos de las llamadas fincas familiares en las zonas rurales, según lo planteó González Beiró durante su exposición inicial. Las fincas familiares son una extinta iniciativa del Departamento de Agricultura (DA), cuyos terrenos son para uso agrícola exclusivamente y que para cambiar el uso se requiere aprobación legislativa. Pero el secretario tuvo que reconocer que no eran proyectos turísticos, sino que algunas de las viviendas construidas en esas fincas se alquilaban a turistas.

El legislador también cuestionó la ausencia de micro empresas en el plan de seguridad alimentaria, pero el secretario respondió que “están incluidas en las cooperativas”. Luego Márquez requirió más detalles sobre el proyecto de las tiendas agrícolas, una iniciativa que el secretario planifica establecer en diversos pueblos del país y que la primera tienda se establecería en el municipio de Vieques.

Fue entonces cuando el secretario expresó a viva voz “yo no sé qué idioma estoy hablando”, en obvia referencia a que ya había explicado la iniciativa de las tiendas agrícolas y que no le agradó que el legislador retornara con más preguntas sobre el tema.

Una falta de respeto

Visiblemente molesto Márquez le indicó al secretario que su expresión fue una falta de respeto a la Cámara de Representantes y agregó que en los cinco años que lleva como legislador nunca se le había faltado el respeto de esa manera.  El legislador le advirtió al secretario que no volviera a efectuar un comentario de esa naturaleza y se retiró.

En defensa del secretario surgió el representante del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien reconoció que también había tenido diferencias con González Beiró y al que describió como que “un secretario que domina el tema de agricultura y no se deja atemorizar por las preguntas mal intencionadas”.

El secretario sostuvo en varias ocasiones que los puertorriqueños siempre tendremos acceso a fuentes alimentarias porque tenemos la ciudadanía estadounidense y la protección del gobierno federal, en un evidente intento de minimizar la necesidad de establecer un plan de seguridad alimentaria.

“Somos americanos”, afirmó González Beiró.

De hecho, la comparecencia del secretario a la vista pública ayer aconteció tras no responder a dos requerimientos de información de la Comisión de Agricultura para que presentar copia de su plan de seguridad alimentaria, y luego de que el pasado lunes los representantes Ferrer Santiago y Rivera Segarra le solicitaron a la secretaría de la Cámara que acuda al Tribunal para que se obligara al secretario a comparecer ante la Comisión.

Incluso, González Beiró se opuso al Proyecto de la Cámara 10, que proponía crear el Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, un organismo adscrito a la oficina del gobernador y cuyo objetivo era ofrecer asesoría para establecer una política pública que garantice abastecimientos suficientes de alimentos al país.  

La medida, que fue radicada el pasado año por el representante Ferrer Santiago junto con toda la delegación del PPD, recibió un veto de parte del gobernador el pasado mes de enero.

Secretario llega tarde y del mal humor

La vista pública fue citada para las 10:00 de la mañana, pero fue al filo de las 10:20 que González Beiró hizo entrada en el salón de audiencias 1, mientras los legisladores esperaban sentados en sus butacas. Una fuente de la Comisión de Agricultura sostuvo que “el secretario llegó tarde, de mala gana y con solo cinco copias de su ponencia”.

El secretario sostuvo que la aportación del sector agrícola era un eslabón más para garantizar la seguridad alimentaria, la cual requiere del flujo de las importaciones de alimentos y señaló que “pensar en la soberanía alimentaria es un disparate”. Incluso, González Beiró sostuvo que la seguridad alimentaria requería el apoyo de otras agencias del gobierno, tras lo cual el represente Ferrer Santiago señaló que el secretario incurrió en una contradicción porque había rechazado el Proyecto 10, que consideraba el apoyo de otras agencias del gobierno.

¿Dónde están las métricas secretario?

El representante Ferrer Santiago insistió en que el documento presentado por González Beiró no era un plan de seguridad alimentaria pues carecía de métricas definidas y no desglosa los objetivos de producción por cada renglón agrícola. “¿En qué página están las métricas secretario, para usted evaluar si el plan está funcionando, si se están produciendo las cantidades de ñame y viandas que son necesarias? Las estoy buscando y no las encuentro. ¿Dónde están las métricas?”, cuestionó una y otra vez el representante Ferrer Santiago.

En una ocasión el secretario sostuvo que las métricas las tenía en su mente e insistió en que el documento era su plan de seguridad alimentaria, “El documento está sometido” dijo en respuesta el secretario.

“Secretario diga dónde están las métricas”, reiteró Ferrer Santiago.

“El documento está sometido”, repitió el secretario.

“Señor presidente vamos a un receso para que el secretario identifique las métricas en el documento porque yo no las ha visto”, sostuvo el representante.

De inmediato González Beiró dijo “si nos vamos a un receso me voy, porque yo soy diabético y aún no he almorzado”, una respuesta que causó perplejidad entre los pocos legisladores presentes.

En la vista González Beiró dijo que al asumir el cargo la agricultura se encontraba en un estado tétrico con miles de cuerdas agrícolas mal usadas y sin sistemas de riego. Sostuvo que existían dos estimados de la aportación de la agricultura al producto bruto del país, una que estima en $480 millones anuales y otra de $600 millones. Pero el secretario dijo que no podía ofrecer un estimado porque el DA carecía de estadísticas confiables.

El funcionario despotricó contra los ex secretarios Mirna Comas y Carlos Flores Ortega porque, alegadamente, produjeron dos planes agrícolas que nunca implementaron y se proclamó como el secretario que está ejecutando sus iniciativas agrícolas.

“La diferencia es que yo estoy ejecutando”, dijo González Beiró.

Sin alimentos del país los comedores escolares

No obstante, el secretario reconoció que con excepción de la leche, no existen aún alimentos del país en la bandeja de los comedores escolares debido a los numerosos problemas confrontados con el cumplimiento de los requisitos para las subastas. Un contratiempo que González Beiró atribuyó a la Administración de Servicios Generales y no al DA.

Incluso, el secretario dijo que se tuvo que celebrar una nueva ronda de subastas pues los agricultores no pudieron cumplir con las cantidades acordadas en una primera subasta.

Indicó que la producción agrícola supera mucho más de 15 % del consumo del país, según ha estimado el DA, y advirtió que la agencia necesita más presupuesto para cumplir su gestión como apoyo al agricultor.

Al final de la vista el secretario sostuvo que los estimados de producción de alimentos y granos en los Estados Unidos proyectan un incremento en las cosechas mayor al del pasado año, por lo que descartó la posibilidad de escasez. No obstante, el secretario reconoció que podrían registrarse retos en las góndolas por la carencia de determinados artículos o por el aumento de los precios.

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Apelativo falla a favor de Suiza Dairy

La decisión del Tribunal Apelativo es el resultado de una pugna causada por una determinación arbitraria de la ORIL, que avaló que Indulac recibiera leche cruda como su fuera otra planta compitiendo en mercado con las otras plantas procesadoras.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (7 de Junio de 2022) – El Tribunal Apelativo de San Juan falló a favor de la empresa Suiza Dairy al anular una determinación de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) que destinó la producción de leche de ocho vaquerías permanentemente hacia la planta Indulac, lo que modificó de manera arbitraria su naturaleza como planta de balance, cuyo fin es procesar los excedentes de leche que no pueden manejar las plantas comerciales.

En respuesta a una impugnación presentada por Suiza Dairy, el Tribunal Apelativo determinó ayer 6 de junio, que la orden 34 emitida el 30 de septiembre de 2020 por la ORIL es nula porque realizó una serie de cambios sin cumplir con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).

Debido a que dichas modificaciones podrían conllevar penalidades por incumplimiento, el Tribunal Apelativo concluyó que la orden 34 era una de naturaleza legislativa, la cual debió cumplir con la LPAU -ley 170 de 1988 – que ordena, entre otros requisitos, notificar al público sobre los alcances de la nueva disposición y facilitar la participación ciudadana en vistas públicas.

La determinación del Tribunal Apelativo representa una victoria significativa para Suiza Dairy, que mantiene una pugna contra las decisiones arbitrarias de la ORIL en diversos ámbitos, entre los que figura el incumplimiento con el reglamento 12, que procura revisar de manera periódica los costos de producción de las plantas procesadoras con el fin de garantizar un margen adecuado de ganancia.

El reglamento 12 fue enmendado como parte del acuerdo entre el gobierno y las plantas procesadoras en el Tribunal Federal, pero hasta ahora, según ha planteado públicamente Suiza Dairy, la ORIL no ha cumplido con sus disposiciones en lo relativo al margen de ganancia adecuado.

La presenta decisión del Tribunal Apelativo es el resultado de otra pugna causada por una determinación arbitraria de la ORIL, que avaló que Indulac recibiera leche cruda como su fuera otra planta compitiendo en mercado con las otras plantas procesadoras.

Indulac figura en la reglamentación vigente de la ORIL como una planta de balance, cuyo fin es producir subproductos con los excedentes de leche que generan las plantas procesadoras. Pero en la realidad Indulac compite como otra planta comercial en el mercado de leche UHT, que es su principal producto.

Según el Tribunal Apelativo, la orden 34 realizó una serie de modificaciones sin cumplir con su propia reglamentación. Entre estas modificaciones está la asignación a la planta de balance Indulac el recogido directo de varias vaquerías productoras de leche cruda. “Ello significa que Indulac ya no esperará por el excedente de leche, sino que, al igual que los elaboradores de leche fresca, recibirá una cantidad específica de leche cruda directamente de la finca”, menciona la sentencia.

La decisión del Tribunal Apelativo también indicó que la orden 34 cambió el orden de prelación de utilización de leche dispuesto en un reglamento, el cual exige en primer lugar que la leche cruda se utilice para la elaboración de leche fresca y, luego, para la elaboración de otros productos lácteos. “A la luz de la orden 34, la leche cruda podrá utilizarse en primera instancia, e indistintamente, para la elaboración de leche fresca y la confección de productos lácteos”, indica el documento.

Otra implicación de la orden 34, según menciona la sentencia, es que violenta un acuerdo producto de un caso judicial entre la planta Tres Monjitas contra el secretario de Agricultura, que estableció que la repartición de leche cruda se hará en función de la participación en el mercado de leche fresca correspondiente de cada planta de procesadora.

Según ese acuerdo, la leche cruda será entregada primeramente a las plantas procesadoras de leche fresca, y “luego de que se satisfaga la demanda de leche fresca, es entonces que el excedente podrá pasar a Indulac”. Según la sentencia, la orden 34 alteró el orden de distribución de recogida de leche cruda, pues asignó una cantidad de retención a Indulac, en contravención de lo dispuesto en el citado acuerdo.

La sentencia explica que la orden 34 tiene el efecto de una regla legislativa, por lo que debía cumplir el procedimiento de reglamentación que ordena la LPAU, el cual requiere notificar al público sobre la aprobación de la reglamentación, proveer oportunidad para la participación ciudadana en vistas públicas, presentar la reglamentación ante el Departamento de Estado y publicar la reglamentación aprobada.

Finalmente, el Tribunal Apelativo concluyó que el poder para reglamentar que tiene la ORIL “no la releva de cumplir con las exigencias de la LPAU. Haber prescindido de dicho proceso en lo relativo a la orden 34 constituyó un abuso de discreción de parte de la agencia. Siendo así, la orden 34 es nula y carece de efecto legal”.

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Agricultura no concluye auditoría sobre FMM

En febrero EyBoricua.com comenzó a publicar información sobre las irregularidades en el FMM, que es un depósito de millones de dólares en fondos públicos que los legisladores pueden asignar sin restricción alguna.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (4 de Junio de 2022) – Cinco meses después de que saliera a relucir el escándalo sobre el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, no ha podido terminar una auditoría sobre el manejo de los fondos públicos del citado fondo que realiza una empresa contratada por el Departamento de Agricultura y denominada como Ufirm LLC.

El alarmante retraso en culminar la auditoría fue revelado en una carta enviada a González Beiró ayer viernes 3 de junio, por el consejero general de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Jaime A. El Koury.

El pasado mes de febrero EyBoricua.com comenzó a publicar información sobre las irregularidades en el FMM, que es un depósito de millones de dólares en fondos públicos que los legisladores pueden asignar sin restricción alguna a corporaciones sin fines de lucro o a los municipios.

Debido a la ausencia de restricciones en las normas que rigen el uso de los dineros del FMM, los legisladores han contratado corporaciones sin fines de lucro con el fin de que usen los fondos en el desarrollo de proyectos de construcción y en la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario.

En la misiva EL Koury recordó que la JSF había presentado cuatro requerimientos de información, de los cuales la auditoría es el más importante y el que González Beiró no pudo cumplir. De paso, el funcionario federal le solicitó nuevamente copia de la citada auditoría y copia de otra auditoría que sobre el FMM también realiza la Oficina del Contralor.

De la carta se desprende que González Beiró no ha ofrecido una explicación precisa sobre por qué la auditoría que efectúa la empresa contratada no ha sido terminada.

No obstante, en la misiva el funcionario federal cita una carta recibida en la JSF el pasado 12 de abril, en la que González Beiró indica que la empresa “Ufirm LLC está brindando servicios de consultoría en términos de conciliaciones de cuentas del FMM y relacionadas con el diseño de procesos internos”. También menciona que la Oficina del Contralor “está ejecutando una auditoría en el proceso relacionado”.

En la carta El Koury concluye que esas dos razones anteriores explican por qué el secretario “no ha proporcionado ninguna respuesta sobre los documentos relacionados con la solicitud IV ”.

“Indique cuándo podemos esperar los resultados de la auditoría encargada a Ufirm LLC. Además, tenga en cuenta que cualquier documento resultante de la auditoría realizada por la Oficina del Contralor deberá presentarse a la JSF como documentación complementaria a la solicitud IV”, advierte El Koury.

El secretario sí pudo cumplir con tres requerimientos de información. Estos son: la cantidad de fondos públicos manejados por el FMM hasta el inicio de la auditoría; una certificación de todas las transacciones y desembolsos desde el 1 de enero de 2021 al presente; y la cantidad de fondos públicos que involucran las solicitudes pendientes de distribución.

El FMM es administrado por la Autoridad de Tierras (AT), que es una agencia adscrita al Departamento de Agricultura. El FMM se nutre del 0.1 % de la parte del IVU que pertenece a los municipios, lo que genera entre $18 y $20 millones anuales.  La ley 173 del 2020 enmendó el Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM serían depositados en el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la AT. Esta división de la AT tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores. 

En la carta El Koury le exige a González Beiró informes trimestrales sobre el FMM, “los cuales se deben presentar el 15 de julio, 15 de octubre, 15 de enero y el día 15 de cada mes hasta nuevo aviso”.

Además, el funcionario federal le indicó al secretario que la JSF se propone divulgar en su página de internet toda la información que él entregó sobre el FMM, lo que probablemente revele aspectos del escándalo del FMM que han permanecido ocultos.

“La JSF entiende que estos documentos deben compartirse con el pueblo de Puerto Rico para mantenerlo informado sobre el uso de los fondos del FMM. Tenga en cuenta que la JSF cargará en su sitio web la carta del 12 de abril y los documentos que la acompañan, la correspondencia de la JSF sobre este asunto, y los informes trimestrales del Departamento de Agricultura”, sostiene El Koury al finalizar la carta.

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Medida crearía mecanismo rápido para querellas de condominios

La medida pretende establecer un mecanismo expedito para enfrentar la excesiva dilatación de DACO en la resolución de controversias, algunas de las cuales no han sido atendidas en años.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (2 de Junio de 2022) – Una medida radicada en la Legislatura establece que los titulares de apartamentos podrán acudir al Tribunal de Primera Instancia a impugnar las decisiones u omisiones de los organismos rectores de un condominio, si el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no es capaz de resolver tales controversias en 60 días.

La medida pretende establecer un mecanismo expedito para enfrentar la excesiva dilatación de DACO en la resolución de controversias, algunas de las cuales no han sido atendidas o no han recibido una determinación varios años después de que la querella original fue radicada.  

El Proyecto del Senado 843 fue radicado por la senadora del Partido Nuevo Progresista, Keren Riquelme.

La medida busca derogar el artículo 65 de la Ley de Condominios o Ley 129 de 2020, y añadir un nuevo artículo 65 con el fin de aclarar la jurisdicción de DACO y del Tribunal de Primera Instancias para atender las controversias que involucren residentes de condominios.

La medida también propone establecer en DACO un Proceso Adjudicativo Expedito Alterno (PAEA) para resolver de manera rápida las controversias originadas en condominios residenciales.

El Proyecto 843 cobija la impugnación de las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del administrador interino, del agente administrador así como los acuerdos alcanzados por el Consejo de Titulares de condominios residenciales.

Según la medida, los titulares podrán presentar una impugnación en DACO cuando las acciones u omisiones de los organismos rectores del condominio sean contrarias a la escritura matriz, al reglamento del condominio o cuando sean perjudiciales a los intereses de la comunidad o de un titular.  

Además, la medida dispone que una impugnación será viable cuando las acciones u omisiones resulten perjudiciales para algún titular que no tenga obligación jurídica de acatarlas.

Querellante no debe tener deudas

El querellante que presente una impugnación deberá demostrar en DACO que no tiene deudas vencidas con el Consejo de Titulares, con excepción de aquellas deudas que el querellante busca cuestionar como parte de su impugnación, y que podrían estar relacionadas con el establecimiento de cuotas o derramas aprobadas por el Consejo de Titulares. El titular deberá demostrar que entregó la escritura que acredite que es el propietario de su apartamento.

En el caso en que se impugne un acuerdo del Consejo de Titulares, el titular tendrá la obligación de probar que estuvo presente o representado en la asamblea en que se tomó el acuerdo que impugna y que votó en su contra. Si estuvo ausente de la asamblea, deberá probar que fue por justa causa o que estuvo ausente porque no fue debidamente notificado.

La medida establece que tanto DACO como el Tribunal de Primera Instancia podrá imponer el pago de costas y honorarios de abogados a la parte que proceda con temeridad.

Los titulares que prevalezcan en su acción de impugnación quedarán excluidos de pagar aquellas multas relacionadas con la controversia y de aportar a los gastos legales en que incurra el Consejo de Titulares para defenderse de la impugnación.

PAEA puede ser desestimado

El proyecto crea en DACO el llamado “PAEA”, que exige a la agencia resolver las controversias en 60 días.  El PAEA se activará tan pronto el querellante presente evidencia de que hizo gestiones ante el Consejo de Titulares o de la entidad administrativa de su condominio, cuya acción u omisión está impugnando, y que esas gestiones no fueron atendidas o que la decisión que se produjo no fue satisfactoria.

De la medida se desprende que la parte impugnada tendrá 20 días para responder, pero ese periodo se puede extender hasta 15 días adicionales si la parte argumenta justa causa para una prórroga. Similar derecho tendrá la parte que presentó la impugnación, lo que implica que el término de 60 días se puede extender probablemente en hasta 30 días adicionales y según las circunstancias particulares de las partes involucradas o de la controversia.

De hecho, la parte impugnada podrá solicitar a DACO la desestimación del PAEA y exigir que la querella en su contra se dilucide en el procedimiento ordinario de la agencia. El derecho a solicitar la desestimación del PAEA requiere que el querellado pruebe que no podrá responder adecuadamente la impugnación en los términos de tiempo establecidos, incluyendo las prórrogas aprobadas.

Medida penalizará la contumacia

El proyecto 843 autoriza a que el regidor del PAEA pueda desestimar las alegaciones de una de las partes, si se comprueba que actúa de manera contumaz, y favorecer a la parte contraria.

Si al cumplirse el término de 60 días el PAEA es incapaz de emitir una decisión, el querellante podrá presentar su acción de impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia.

En el caso de que el PAEA emita una decisión y algunas de las partes involucradas no estén conformes, podrán acudir al Tribunal Apelativo en busca de remedio.

El Proyecto 843 atiende una problemática real en DACO, una agencia afectada por recortes presupuestarios que le impide reclutar personal, especialmente abogados para integrar los tribunales administrativos que dilucidan las controversias relacionadas con el comercio y con el régimen de propiedad horizontal.

Es muy conocido el tapón de controversias que afectan a los titulares de condominios que no han sido atendidas en los tribunales administrativos de DACO, a causa de que no existe en la agencia personal suficiente.

Necesidad de justicia en condominios

En una breve entrevista con este medio, la senadora Riquelmen no pudo indicar si la medida tiene apoyo entre la endeble mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, en su propio partido y en las minorías de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Tampoco precisó si la medida tiene apoyo en la Cámara de Representantes.

No obstante, la senadora Riquelme reconoció que existe un amplio reclamo de justicia de parte de los residentes de condominios, quienes han sido víctimas de las arbitrariedades y actos temerarios de las personas que ocupan posiciones en los organismos que administran los recursos comunales en esas entidades residenciales.

La entrevista tuvo lugar durante una sesión de trabajo entre personal de su oficina y un grupo de residentes de condominios quienes reclamaron acción inmediata de parte del gobierno para detener los abusos contra los titulares de condominios, especialmente contra las mujeres y las personas de 60 años o más.

Entre las medidas discutidas por el grupo de residentes de condominios figuró la necesidad de que se aprueben limitaciones específicas en el radio de acción que pueden ejercer los titulares que integran los organismos rectores de condominios, incluyendo la necesidad de establecer un Código de Ética, con el fin de evitar los excesos en la administración de los bienes comunales, los privilegios y las decisiones abusivas.

Urge una sala especializada

Incluso, la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios (ATC), Marimar Pérez Riera, sostuvo que la situación es tan grave que es necesario que la Legislatura respalde el establecimiento de salas especializadas en asuntos de condominios en los tribunales del país.

Hasta el presente la ATC y de la Asociación de Administradores de Condominios (AAC) han promovido sin éxito que se apruebe legislación para prohibir lo que han llamado “el acoso vecinal en condominios”. Pérez Riera ha definido el acoso vecinal como la actuación reiterada por parte de un vecino o de la Junta de Directores, “quienes con sus actos reiterados, alteran el desarrollo de la vida cotidiana de un titular coartando su libertad, sometiéndola a persecuciones o vigilancias constantes, socavando su sentido de seguridad y, en términos colectivos, interponiéndose a la sana convivencia comunitaria”.

Alegadamente, el acoso vecinal en condominios tiene como objetivo penalizar e impedir que los dueños de apartamentos que no favorecen o cuestionan las decisiones de la Junta de Directores, ejerzan sus derechos como propietarios.

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