Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan– En momentos cuando crece el rechazo del sector ganadero al programa de calidad de leche, que eleva los requisitos de calidad más allá de las exigencias de leche grado A, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) suspendió la licencia del ganadero Carlos Benítez por un alegado incumplimiento a tales requisitos y luego de que denunciara públicamente las presuntas injusticias que dicho programa ha impuesto a los productores de leche.
La orden de suspensión de licencia fue emitida el pasado jueves 8 de diciembre por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es actualmente director interino de la ORIL. La orden fue despachada luego de que Benítez compareciera el miércoles 7 de diciembre a una entrevista en la estación de radio WKAQ, con el periodista Rubén Sánchez.
En la entrevista el ganadero denunció que la ORIL ordena el decomiso de la leche que no cumple con los requisitos del programa de calidad, a pesar de que el producto si cumple con la Ordenanza de Leche Pasteurizada (PMO por sus siglas en inglés), emitida por el gobierno federal y que establece los requisitos de leche grado A.
Sostuvo que la leche decomisada por incumplimiento al programa de calidad es leche apta para consumo.
De hecho, un grupo de ganaderos que integran la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coople), que opera la planta Indulac y respalda el programa de calidad de leche de la ORIL, han recogido más de 50 firmas para objetar la iniciativa debido a que encarece los costos de producción y eleva las pérdidas de las ganaderías.
“Yo tengo una deuda de más de $5,000 porque mi leche no cumplió con los requisitos de calidad y botaron toda la leche que llevaba el truck. Es injusto, porque era leche grado A, leche buena y la botaron”, dijo uno de los ganaderos que ha estado buscando firmas entre los ganaderos que integran la Coople y que solicitó mantener su anonimato. Reveló que la mayoría de los ganaderos abordados rechazan el programa, pero no firman el documento porque temen represalias de Coople y de la ORIL.
Durante la entrevista Benítez sostuvo que el PMO permite que la leche grado A contenga hasta 750,000 células somáticas por cada mililitro, pero el programa de calidad de la ORIL exige 500,000 células somáticas por cada mililitro, que representa 200,000 células menos que las permitidas por el gobierno federal. Las células somáticas son pequeñas partículas de sangre que naturalmente produce el tejido mamario de las vacas y cuya presencia en grandes cantidades indica la presencia de infecciones.
“Aquí la ORIL, de un plumazo, lo han bajado a 500,000. El que se exceda de 500,000 (células somáticas) determinan que esa leche no puede ir a procesarse en la planta y la tienen que decomisar, siendo una leche buena. Si fuera leche mala los primeros que estaríamos a favor de botarla seríamos nosotros”, dijo Benítez.
En la entrevista el ganadero señaló que los costos de producción de la leche superan el precio que se le paga al ganadero por cada litro, lo cual responde a que la ORIL no ha realizado el llamado estudio exhaustivo, un requisito de su ley matriz o ley 34 de 1957- ley para Reglamentar la Industria Lechera- que ordena a la agencia realizar el estudio cada cuatro años.
Benítez advirtió que se propone radicar un pleito para que los tribunales ordenen a la ORIL cumplir con la ley 34. Sostuvo, además, que el decomiso de leche por incumplimiento de los requisitos de calidad implica, en la mayoría de los casos, la pérdida de la totalidad de la leche que transporta el tanque del camión que ha recogido la producción de varias ganaderías en una determinada ruta.
ORIL obliga a pagar al ganadero
Como resultado de esa acción, la ORIL exige al ganadero cuya leche no cumplió con los requisitos de calidad, pagar por toda la leche decomisada, lo cual resulta en un pago de hasta $6,000.
Benítez reconoció que sus expresiones en la entrevista radial fueron el detonante para la determinación emitida por González Beiró. “Nosotros impugnamos las violaciones que indica la orden de suspensión y estábamos esperando las vistas administrativas para exponer nuestros puntos. Fuimos al programa y de pronto se emite esa orden. Yo creo que mi participación en el programa fue el detonante”, dijo Benítez.
La determinación de la ORIL señala que entre enero y el 10 de noviembre de 2022 se decomisaron cinco tanques de leche porque la leche producida por la vaquería de Benítez no cumplió con el requisito de células somáticas que exige el reglamento 5.
También se detectó la presencia de bacterias y de antibióticos en la leche. Según el documento, la leche cruda estuvo fuera del parámetro de calidad de células somáticas en 21 ocasiones, en seis ha estado fuera del parámetro para bacterias y en una ocasión por la presencia de antibióticos.
Sobre esta determinación Benítez sostuvo que “entendemos que las acciones de la ORIL son ilegales porque no se cumplió con los procedimientos oficiales para realizar pruebas de la leche antes de tomar la decisión de suspender la licencia. Además, las muestras de leche las tomó el chofer del camión y no un inspector. Hay muestras que tienen resultados distintos a pesar de que son del mismo día. Yo acepto el hallazgo del antibiótico porque fue causado por empleados sin destrezas. Es que no hay gente con experiencia para trabajar”.
El ganadero insistió en que la leche decomisada estaba en cumplimiento con los requisitos de PMO y señaló que la ORIL utilizó muestras no realizadas por inspectores, que no se le notificó al momento de encontrar alguna falla y se improvisó un proceso que ha resultado en pérdidas económicas y la suspensión de la licencia, lo que representa una violación de sus derechos constitucionales.
Salud se distancia de los decomisos
Benítez también planteó que en sus inicios el reglamento 5 “era una medida para evitar la importación de leche y han terminado imponiéndola al ganadero local y haciendo más cara la producción de leche”. Agregó que el reglamento 5 está en contravención con los requerimientos del PMO, que impone en Puerto Rico el Departamento de Salud (DA).
Mayra Toro, secretaria auxiliar de la división de Salud Ambiental de Salud del DA, señaló que el DA no está relacionada con las órdenes de decomiso de leche emitidas por la ORIL, pero se negó a responder más preguntas y explicó que la entrevista requiere la aprobación de la portavoz del DA, Lisdian Acevedo.
Este medio solicitó una entrevista presencial con Toro, pero Acevedo requirió un adelanto de las preguntas. En respuesta, este medio sostuvo que solicitar un adelanto de las preguntas era una medida de censura previa, muy utilizada por gobiernos autoritarios para neutralizar el trabajo de la prensa e impedir la libre expresión. Acevedo negó los señalamientos.
El reglamento 5 fue enmendado en diciembre del 2016 para incluir los requisitos mínimos de células somáticas y los límites bacterianos en la leche cruda. La enmienda fue avalada por la ex secretaria de Agricultura, Myrna Comas, y por el ex administrador de la ORIL, licenciado Edmundo Rosaly. Según la enmienda, para el 2022 se permitirán 500,000 células somáticas por mililitro y 70,000 colonias bacterianas.
La adopción de la enmienda al reglamento acontece en momentos cuando el consumo de leche ha experimentado una merma notable. Actualmente se venden 160 millones de cuartillos, pero varias décadas atrás se vendían 360 millones de cuartillos anuales.
Vaquerías en quiebra por reglamento 5
El licenciado Rosaly reconoció que el reglamento 5 afecta al ganadero. “Yo salí de ORIL en agosto de 2016. El borrador de reglamento sufrió cambios que afectaron al ganadero. Como yo lo propuse era para incentivar y no una camisa de fuerza al ganadero como es ahora. Lo que sí es cierto es que el ganadero que lograra los niveles de células somáticas allí expuestos sería incentivado. Debo decir que no era una camisa de fuerza como se implementó”, sostuvo.
El ex administrador de la ORIL indicó que el PMO establece parámetros mínimos, “lo que permite a los estados y Puerto Rico establecer parámetros más restrictivos si tiene una base racional para ello”.
Rosaly agregó que existe un mercado para leche de mayor calidad que los parámetros establecidos por el PMO, como la leche “grass fed”, que es leche producida por vacas que han sido alimentadas con forraje, y la leche Kosher, que es leche elaborada bajo las normas judías.
Pero el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dijo que los requisitos de calidad que impone el reglamento 5 están conduciendo a numerosas vaquerías a la quiebra porque elevan los costos para alimentar el ganado y la producción de leche.
“Para producir esa leche el ganadero tiene que meterle más dinero a la vaquería y más dinero a la alimentación de las vacas. En Puerto Rico el precio de la leche está regulado y si continúas añadiendo más gastos vas a causar la quiebra de más ganaderos. Hasta noviembre habían quebrado como 10 vaquerías y ocho han dejado de producir”, dijo Flores Ortega.
Advirtió que la ORIL no ha realizado un estudio que justifique la existencia de un consumidor en Puerto Rico que reclame que la leche contenga los requisitos de calidad del reglamento 5 y un precio más elevado.
“En Estados Unidos se produce ese tipo de leche, pero se vende más cara. En la ORIL no existe un estudio de mercado que diga que el consumidor aquí está pidiendo una leche de más calidad y más costosa. Ya el consumidor tiene la leche grado A, que es un producto de calidad y que llevamos 50 años produciendo en Puerto Rico. Quien único se beneficia de esto son las plantas procesadoras, porque mientras menos células somáticas, menos procesamiento deben hacer”, explicó el ex secretario.
Señalado Fernando Toledo
Insistió que la leche en cumplimiento con los requisitos del reglamento 5 implica más costos para el ganadero y reveló que tales requisitos son una iniciativa del ex secretario de Agricultura, Fernando Toledo, quien, alegadamente, es la persona que administra la ORIL desde su posición de asesor del Fondo Fomento de la Industria Lechera.
Indicó que la gestión de Toledo tiene el objetivo de propiciar que más vaquerías recurran a la quiebra para favorecer a las ganaderías más grandes, porque aumentan su producción al adquirir a precios irrisorios la cuota de leche de las ganaderías fracasadas.
“Nadie se atreve a decirlo, pero quien está manipulando todo esto es Fernando Toledo, quien es un convicto por fraude al gobierno federal”, dijo el ex secretario.
Agregó que la suspensión de licencia impuesta a Benítez y otras medidas contra determinados ganaderos, es una acción inescrupulosa y viciosa que tiene como objetivo detener las críticas y silenciar a los sectores insatisfechos con las decisiones de la ORIL.
En respuesta a las acusaciones de Flores Ortega, Toledo sostuvo que no tiene nada que ver con la decisión que tomó el gobierno. “Yo no tengo nada que ver con eso, eso es el gobierno”, dijo.
