Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (5 de agosto de 2022) – La Autoridad de Tierras es el foco de varias pesquisas paralelas que realizan en conjunto el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del gobierno de Puerto Rico (OIG).
Las investigaciones están relacionadas con el patrocinio del subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable por parte del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
Además, los agentes del FBI y de OIG investigan la venta de terrenos agrícolas por debajo de su valor de tasación efectuada por la AT el pasado cuatrienio a un influyente desarrollador de viviendas.
Esta última pesquisa involucra al desarrollador Federico Stubbe y su abogado, el licenciado Andrés Guillemard Noble, quien es el esposo de la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi. La señora Pierluisi es actualmente la directora de la Oficina del Gobernador y fue la directora de la campaña política de hermano en las pasadas elecciones.
De acuerdo con dos fuentes que han sido entrevistados por los agentes de la FBI y de la OIG, esta pesquisa fue generada por una querella escrita por una agrónoma de la AT.
Los agentes, según las fuentes, indagaron ampliamente sobre la conducta de González Beiró en relación con la aprobación por parte de un llamado Comité de Energía del Departamento de Agricultura (DA), de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el funcionario y su hijo son socios.
Ramón González Bennazar es el hijo de González Beiró y figura como vicepresidente de Agriart LLC, según surge de la certificación de la corporación en el Departamento de Estado. En documentos del DA González Beiró aparece como socio de la corporación.
El parque de placas fotovoltaicas se establecería en 641 cuerdas ubicadas en Salinas que pertenecen a Agriart LLC y que fueron alquiladas a Clean Flexible Energy. Alegadamente, Agriart LLC obtendría un ingreso multimillonario porque el contrato de alquiler excede los 30 años y el beneficio mensual por cuerda oscila entre $200 y $700.
El comité de energía del DA aprobó dos propuestas de Clean Flexible Energy y rechazó otras dos propuestas para parques solares en Naguabo y Cabo Rojo, sin que se hayan divulgado las razones que justifican esa decisión.
Los tres miembros del comité son personas de confianza de González Beiró. Estos son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced; el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien ocupa el cargo de subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas (ADEA) y Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos.
La senadora María de Lourdes Santiago radicó la Resolución del Senado 629, que propone investigar el conflicto de interés que se configura por la aprobación por el Comité de Energía de una propuesta que beneficia a una empresa que pertenece a González Beiró y porque los tres miembros del comité, que son subalternos de confianza del secretario, discriminaron contra otras dos propuestas.
Subarrendamiento de fincas en la lupa
Los agentes indagaron, además, el respaldo del secretario a permitir el subarrendamiento de fincas alquiladas por la AT con el fin de establecer proyectos de energía renovable. González Beiró avaló una propuesta presentada por el narcotraficante Jaime Serrano Cardona para alquilar una finca de la AT a través de una tasa preferencial por cuerda.
La tasa de alquiler preferencial tenía como objetivo que la empresa Rosmar Dairy Inc, que es presidida por Serrano Cardona, pudiera concretar un lucrativo negocio que consistía en subarrendar la finca a la empresa Pattern Puerto Rico Renewables Development LLC (PER), que se propone instalar en los terrenos un proyecto de energía renovable con placas solares.
En julio de 2018 Rosmar Dairy Inc alquiló en la AT la finca Walcott, que posee 222 cuerdas y está ubicada entre Arecibo y Barceloneta. En agosto del 2020 Rosmar Dairy Inc alquiló en la AT la finca Jaime Juan, que posee 220 cuerdas y está ubicada en barrio Sabana Hoyos de Arecibo.
En ambas fincas Serrano Cardona mantiene una operación de siembra de pastos de calidad para venderlo como alimento de ganado.
La propuesta presentada por Serrano Cardona y promovida por González Beiró, dispone una tarifa mensual por cuerda que resulta entre $200 y $600 más baja, que las tarifas de arrendamiento para otras fincas de la AT. La tarifa mensual por cuerda más baja permitiría a Serrano Cardona subarrendar las dos fincas a Pattern Energy a la tarifa más alta y obtener un beneficio mensual por cuerda entre $200 y $600 por 40 años.
La propuesta comprende un contrato de alquiler por 40 años y durante ese periodo se efectuarían nueve incrementos de la tarifa de alquiler que estarían vigentes por cuatro años.
El 3 de abril de 2017 Serrano Cardona se declaró culpable de dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero en el Tribunal Federal de San Juan. El narcotraficante fue sentenciado el pasado mes de abril por el juez Daniel Domínguez, quien ordenó mantener sellada el contenido de la sentencia.
Prohibido el subarrendamiento
González Beiró promovió la tasa preferencial para Serrano Cardona a pesar de que la ex directora de la AT, Doralis Rivera Martínez, había advertido que el subarrendamiento de fincas agrícolas es una modalidad de contratación que está prohibida por la ley matriz de la AT o ley 26 de 1941, mejor conocida como “Ley de Tierras de Puerto Rico”.
El subarrendamiento sólo es permitido en la AT para la rotación de cultivos. En esos casos se autoriza a los agricultores subarrendar predios por temporadas a las empresas que producen semillas, que es una actividad poco intensiva que permite a los terrenos reposar y recuperar nutrientes.
Desde que González Beiró comenzó como secretario de Agricultura en enero de 2021, insistió en que el subarrendamiento debería figurar como una opción para las fincas de la AT.
La insistencia fue de tal envergadura que llegó a cuestionar ante la Junta de Gobierno de la AT, por qué en los contratos de arrendamiento no está permitido el subarrendamiento, mientras que la Administración de Terrenos permite a los inquilinos subarrendar los terrenos alquilados.
El 21 de julio del 2021 la Junta de Gobierno de la AT aprobó cerca de cinco contratos de opción de arrendamiento presentados por Pattern Energy y la empresa Sonnedix, para alquilar cinco fincas ubicadas en la zona norte de la isla en las que se proponen instalar cinco parques de placas solares.
La energía eléctrica que generarían los cinco parques solares sería vendida a la Autoridad de Energía Eléctrica, tras la previa aprobación del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Debido a que la Junta de Gobierno no consideró la propuesta de Serrano Cardona porque llegó tarde, González Beiró obligó a Rivera Martínez a firmar el contrato de opción de arrendamiento de Serrano Cardona, con el fin de que se pudiera presentar ante el NEPR, aun cuando la Junta de Gobierno no lo había avalado.
Venta por debajo de tasación
Según las fuentes, los agentes del FBI y de la OIG están enterados de que la tasa preferencial promovida por González Beiró habría permitido que Serrano Cardona obtuviera un beneficio en 40 años de $7.3 millones, a través de subarrendar 442 cuerdas a Pattern Energy.
En relación con la otra pesquisa paralela los agentes han indagado en el acceso que el desarrollador Stubbe ha tenido en la AT y sobre las gestiones realizadas en esa agencia por el licenciado Guillemard Noble a favor de su cliente.
Alegadamente, los investigadores indagan las razones para que en 2020 la AT vendiera una finca de casi 400 cuerdas ubicada en Dorado al desarrollador Stubbe en un precio muy por debajo de la tasación. El valor de la finca fue estimado en $3 millones, pero la venta se realizó por $1.2 millones.
La reducción del precio fue propuesta por el exdirector de la AT el pasado cuatrienio, Juan Luis Rodríguez. La propuesta de Rodríguez, quien actualmente es el director ejecutivo de ADEA, fue avalada por la Junta de Gobierno de la AT, que para entonces era presidida por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.
Sobre este aspecto de la investigación, Flores Ortega sostuvo que la finca vendida a Stubbe había perdido su valor agrícola debido a que está ubicada en una zona inundable, la cual también está por debajo del nivel del mar. Sostuvo que el precio de venta considera la inversión que deberá realizar el desarrollador para adecuar los terrenos al proyecto de vivienda que se propone construir, lo cual, según dijo, es una consideración ordinaria en la venta de propiedades y terrenos que realiza el gobierno.
Indicó que para avalar la venta exigió que se incluyera en el contrato de compraventa una cláusula que le garantizara a la AT una regalía por cada vivienda vendida por el desarrollador.
En agenda otra venta de terrenos
Las fuentes indicaron que los agentes están atentos a los trámites que actualmente realiza Stubbe en la AT para adquirir otra finca de 400 cuerdas ubicada entre Dorado y Vega Alta. Tras el nombramiento de González Beiró, el licenciado Guillemard realizó gestiones para reactivar la transacción que, alegadamente, había comenzado el pasado cuatrienio.
La AT le concedió a Stubbe un “permiso de entrada”, que es un acceso limitado a un periodo de tiempo para que el proponente interesado en adquirir la finca pueda entrar y realizar las labores de agrimensura y estudios de suelos que estime necesarios.
De hecho, los agentes del FBI y de la OIG estaban sorprendidos por la cantidad de fincas que Stubbe ha adquirido en la AT, las cuales están ubicadas en el pueblo de Dorado y donde el desarrollador ha construido algunos de sus principales proyectos.
Según la fuente, las adquisiciones han sido realizadas tanto en administraciones del Partido Popular Democrático como del Partido Nuevo Progresista y el pretexto para avalar la venta ha sido la presunta pérdida de valor agrícola de los terrenos.
Entre estos proyectos figuran las exclusivas urbanizaciones Sabanera, East Beach Villas, Plantation Resort Residences, West Beach Residences y The Enclave. También fue construido en fincas adquiridas en la AT el colegio The American School in Switzerland, conocida por las siglas TASIS, y el exclusivo hospital Dorado Beach Health, que pretende convertirse en el centro de turismo médico de la región y que es producto de una alianza con la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
La fuente explicó que los agentes estarían indagando en la posibilidad de que Stubbe y otros empresarios de Dorado hayan violado la Ley 26 de 1941, conocida como “Ley de los 500 acres”, que limita la tenencia de tierras agrícolas a 500 cuerdas, por medio de un entramado de corporaciones creadas para adquirir terrenos.
Este medio se comunicó con PRISA Group para obtener una reacción de Stubbe y con el bufete Nachman & Guillemard, para entrevistar al licenciado Guillemard Noble. Ni Stubbe ni Guillemard Noble se encontraban presentes en sus despachos y hasta el cierre de esta edición no se habían comunicado con este medio.