Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (10 de enero de 2021) – El ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, dio por sentado que una inderterminada parte de los cerca de $100,000,000 millones de la deuda emitida por el gobierno es ilegal o “ilegítima”, porque al acogerse el gobierno local al proceso de quiebra por medio de la ley federal Promesa, debido a su incapacidad de pagar a los inversionistas que prestaron su dinero, demuestra que “se hicieron unas representaciones legales y económicas que no se validaron con el tiempo”.
“Así que de alguna forma los parámetros que se utilizaron para emitirla (la deuda) estaban incorrectos”, sostuvo Maldonado Gautier, quien respaldó que se realice una amplia y profunda auditoría de la deuda con el fin de identificar “la deuda válida y la deuda ilegal”.
Sostuvo que dicha gestión se puede realizar por medio de evaluar la deuda en dos vertientes, la “vertiente legal y la vertiente práctica”. Indicó que la vertiente legal implica identificar la deuda ilegal para luego extraerla del archivo de la deuda pública, lo que redundaría en una disminución del dinero adeudado y por consiguiente, en una merma en los fondos del presupuesto destinado a pagar a los inversionistas que adquirieron bonos del gobierno.
La segunda vertiente, “la práctica en arroz y habichuela”, según explicó Maldonado Gautier, significa verificar la capacidad económica a largo plazo del gobierno con el fin de determinar que parte de la deuda legítima se puede pagar.
“Este es un proceso de quiebra, y en los procesos de quiebra usted paga lo que puede pagar”, dijo el ex secretario de Hacienda durante una inhabitual aparición en la estación de radio WKAQ, en el programa de la licenciada Mayra López Mulero, quien es también su abogada desde que en el 2019 denunció irregularidades en el Departamento de Hacienda y en la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló, lo que causó su abrupta salida del gobierno.
Indicó que debido a los serios trastornos acontecidos en la economía local por el efecto del huracán María, los eventos sísmicos y la pandemia, el gobierno no podrá precisar con exactitud la cantidad de años que requerirá la recuperación económica, lo que implica que “es necesario determinar qué parte de la deuda legítima es viable que podamos pagar y a qué términos”.
“Tenemos una deuda que por su magnitud, nuestro país jamás podrá pagarla y no vamos a poder salir de este hoyo económico en que nos encontramos. Sabemos que para haber tenido una deuda tan grande tiene que haberse hecho unas se hicieron unas representaciones legales y económicas que no se validaron con el tiempo”, indicó el exfuncionario para justificar su posición de que una parte de la deuda del gobierno no cumplió con los requerimientos legales que rigen esas transacciones y por lo tanto debe ser descartada.
Las expresiones de Maldonado Gautier surgen en reacción al anuncio efectuado por el gobernador Pedro Pierluisi, quien favoreció auditar la deuda del gobierno y para esa labor designó a la Oficina del Contralor. De hecho, Pierluisi aún no ha nombrado a un Contralor, por lo que el cargo lo ejerce aún Yesmín Valdivieso.
Pero al contrario de la iniciativa del gobernador, Maldonado Gautier sostuvo que debido al carácter especializado del mercado de bonos, tal encomienda no la debería efectuar la Oficina del Contralor.
El exsecretario de Hacienda sostuvo que aunque la Oficina del Contralor posee una plantilla de empleados verticales y comprometidos con sus responsabilidades fiscalizadores, la función de auditar la deuda requiere la intervención de un grupo externo de personas especializadas en el proceso de analizar la validez de deudas nacionales, una gestión fiscalizadora que ya se ha efectuado en Argentina y en otros países en Europa.
Incluso, el exfuncionario recomendó que la Oficina del Contralor tendría la función de supervisar la auditoría de la deuda con la ayuda de una “Junta” o un “Consejo Asesor”, integrado por representantes del pueblo, de los sectores académicos, de los comerciantes y de todos los sectores del país que se verán afectados por la decisiones que se tomen en relación con la deuda del gobierno.
“Podemos traer recursos especializados porque la auditoría de una deuda de esta naturaleza son bonos bien complicados con unas cláusulas legales realmente de gran dificultad. Va a requerir que si no es el Contralor, sea este comité de supervisión externa que traiga gente especializada que haya hecho este trabajo antes, porque este trabajo se ha hecho antes a nivel internacional en otros países. Sabemos que los funcionarios del Contralor son muy competentes, pero dada la envergadura del trabajo, va a requerir mucho más”, dijo Maldonado Gautier.
Esta propuesta representa una visión diametralmente opuesta a la que sigue la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que es el organismo que dirige las negociaciones con los acreedores del gobierno. Aunque la JSF cuenta con representación del gobierno local, que actualmente lo es Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera, la finalidad de la ley Promesa es garantizar que el gobierno local pague sus deudas a los acreedores.
De hecho, Gautier Maldonado no indicó cómo se concilian los resultados de la auditoría con los acuerdos alcanzados entre la JSF y los acreedores sobre un plan de ajuste para reducir el monto de la deuda. Dichos acuerdos serán revelados el próximo 10 de febrero ante la jueza Laura Taylor Swain, que preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal.
Indicó que determinar la legitimidad o legalidad de una deuda requiere examinar si los fondos se utilizaron para los propósitos que fueron autorizados por la legislatura, como la construcción de escuelas, carreteras, hospitales y otros edificios públicos. También señaló que será necesario determinar si los fondos se usaron para otros objetivos no autorizados, como el pago de nómina o el pago de otro tipo de compromiso.
Otro aspecto es revisar que las garantías de pago que presentó el gobierno en los “prospectus” (contrato matriz de una emisión de bonos). Según Maldonado Gautier, las garantías de pago significa la capacidad de generar ingresos que el gobierno representó en el contrato, la cual figura como garantía de que el repago de la obligación no estaría en peligro.
“Hay emisiones bien específicas que indican que usted se compromete a pagar la deuda con un ingreso específico, como por ejemplo, los ingresos del IVU. Así que esta auditoría van requerir de trabajo muy especializado y van a tomar mucho tiempo. Esto no se puede hacer rápidamente y sin tomar las debidas precauciones”, agregó el ex funcionario.
