Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan–Cientos de condominios construidos durante más de 60 años atrás padecen un franco deterioro y se encuentran en peligro real de un colapso, lo que representa una amenaza para la vida de miles de ciudadanos debido a que en Puerto Rico no existe una ley que exija la recertificación y la rehabilitación de esas estructuras.
Los ingenieros Felix Rivera Arroyo, quien preside el Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros (CTCI), y René Di Cristina Yumet, denunciaron que se encuentra paralizado el proceso de evaluación para concebir una ley que obligue a los propietarios de condominios y edificios construidos más de 60 años atrás a rehabilitarlas y obtener una certificación que garantice la seguridad de esas estructuras.
La recertificación exigiría evaluaciones sobre los aspectos estructurales de un edificio multipisos, el estado de las llamadas “paredes de carga”, así como inspecciones profundas sobre grietas, filtraciones de agua, el estado de los cimientos, de las instalaciones eléctricas y de la plomería, entre otras áreas de interés.
Los trabajos técnicos para exigir la recertificación es una labor que en conjunto estuvieron realizando la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y el Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros (CTCI). La iniciativa pretendía establecer como requisito de ley el cumplimiento con el Código Internacional de Mantenimiento de la Propiedad (IPMC por sus siglas en inglés), que regula los requisitos mínimos de mantenimiento para los edificios.
Rivera Arroyo dijo que en el proceso para concebir un proyecto de ley que obligue rehabilitar edificios participaron más de 20 agencias del gobierno, fue detenido inexplicablemente. El ingeniero reconoció que la iniciativa enfrenta oposición de empresas que son propietarias de condominios o que ofrecen el servicio de mantenimiento de estructuras.
Una fuente indicó que, alegadamente, la oposición ha estado liderada por el empresario Alfredo Martínez Álvarez, presidente de Martinal Group, que se dedica a la administración y mantenimiento de propiedades residenciales y comerciales.
Este medio se comunicó con la empresa Martinal Group en dos ocasiones con el fin de obtener una reacción de Martínez Álvarez. Un portavoz de la empresa dijo que el ejecutivo se comunicaría con este medio para ofrecer una reacción, pero la llamada nunca se recibió.
“El proceso se ha detenido y es sumamente preocupante porque hay estructuras que no cumplen con las nuevas regulaciones de los Códigos de Construcción que se han ido agregando con los años, especialmente las sísmicas, porque los terremotos tienen el potencial de hacer colapsar una estructura”, dijo Rivera Arroyo.
Puede costar vidas
El ingeniero advirtió que en las zonas de Condado e Isla Verde existen edificios que son motivo de preocupación debido a que padecen un marcado deterioro.
“Esto puede costar vidas porque el deterioro de las estructuras construidas más de 40 y 60 años atrás es evidente y no existe una ley que exija una certificación que garantice la seguridad de esas estructuras”, dijo Di Cristina Yumet.
La aprobación de una medida que requiera la recertificación obligatoria de estructuras colocaría a las asociaciones de titulares de estructuras en peligro real de deterioro, a tomar medidas para identificar los recursos y corregir las posibles fallas estructurales.
Los ingenieros Rivera Arroyo y Di Cristina Yumet sostuvieron que el gobierno de Puerto Rico aún no ha logrado presentar en la legislatura una medida para exigir la recertificación de estructuras con el fin de evitar que, en los miles de condominios construidos en la isla, especialmente aquellos cercanos al mar, ocurra una tragedia similar al colapso del edificio Champlain Towers South, ocurrida en 2021 en el estado de Florida.
Florida toma acción
De hecho, el gobierno de Florida aprobó el pasado año una ley que ordena recertificar todos los edificios ubicados en el estado. El gobernador Ron DeSantis convirtió en ley una medida que deroga las recertificaciones requeridas a las estructuras 40 años después de construidas, y establece los nuevos términos para las evaluaciones de manera uniforme a todos los edificios construidos en el estado.
La ley requerirá la recertificación de edificios que han cumplido 30 años de construidos. La ley también exige la recertificación a los edificios que se encuentran dentro de un radio de tres millas cercano a la costa y que fueron construidos 25 años atrás.
Además, después de esa primera recertificación, estos últimos edificios construidos cerca de la costa deberán realizar las recertificaciones obligatorias cada 10 años. La mayoría de las disposiciones de la ley entrarán en vigor en 2024.
Controversia en El Rosario
Los ingenieros Rivera Aroyo y Di Cristina Yumet hicieron sus expresiones en el contexto de que en el condominio El Rosario, que está ubicado en Santurce y que fue construido más de 60 años atrás, se inició la limpieza del techo sin haber tomado las medidas para corregir filtraciones, lo que podría causar severas pérdidas por entrada incontrolable de agua a los residentes de los “penthouses”.
La iniciativa fue tomada por la Junta de Directores del condominio El Rosario.
“Le advertimos que para esta reparación se debían corregir primero las filtraciones porque hay grave peligro de que el agua afecte los muebles y otras pertenencias de los residentes y, lo más grave, que ponga en peligro la vida de la gente por desprendimientos de techo. Este es un edificio de más de 60 años de construido y ya se han desprendido partes de los aleros y de otras áreas de la estructura”, dijo Di Critina Yumet.
La conocida corredora de seguros, Edna Vázquez Bonnet, quien es propietaria de dos “penthouses” del condominio El Rosario, tuvo que proteger sus muebles, antigüedades, obras de arte y equipos eléctricos con mantas de plástico para evitar los daños que podría causar el flujo de agua procedente de las numerosas filtraciones detectadas en el techo de su apartamento.
“Esto es terrible. Mi casa está totalmente amenazada por las filtraciones de agua. Se le pidió a la administración que sellaran primero las filtraciones antes de limpiar el techo y no han hecho caso”, dijo Vázquez Bonnet, quien impugnó la decisión de la Junta de Directores del condominio.
DACO emite “No ha lugar”
La corredora denunció que un juez administrativo del Departamento de Asuntos del Consumidor determinó que debía proteger su propiedad en un término de nueve días.
“Aquí se tomó esta decisión para que yo protegiera mis cuadros en pleno periodo festivo navideño, cuando no aparecen trabajadores. ¿A quién protege DACO?”, cuestionó Vázquez Bonnet.
De hecho, la corredora impugnó la orden de DACO que avaló el inicio de los trabajos el 9 de enero y el juez rechazó el pedido con un “no ha lugar”.
Por su parte, Marisol Meléndez Maíz, presidenta, Junta de Directores del condominio El Rosario, sostuvo que los trabajos se han realizado sin percances. “Le informamos que al día de hoy los trabajos de la azotea han progresado satisfactoriamente sin que se haya reportado ningún incidente a la Junta de Directores o Administración del Condominio”, dijo Meléndez Maíz.
Pero Vázquez Bonnet no descartó tomar medidas contra la Junta de Directores debido a los daños causados por las filtraciones de agua.
